Ayuso, el fiscal general y la coartada judicial que busca su pareja 

El novio de la presidenta quiere convertir un juicio ajeno en el salvavidas de sus delitos fiscales

La pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, lleva meses buscando dónde agarrarse para tumbar su proceso por fraude a Hacienda y falsedad documental. Tal y cómo relata El Periódico, ahora parece haber encontrado una baza: el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La estrategia es clara: si la sentencia contra García Ortiz reconoce que la filtración de un correo suyo vulneró el derecho de defensa de González Amador, intentarán usarlo como arma para pedir la nulidad de su propio caso.

EL JUICIO AL FISCAL COMO ARMA POLÍTICA Y PROCESAL

El correo filtrado, enviado el 2 de febrero de 2024, no dejaba lugar a dudas: González Amador aceptaba que cometió dos delitos contra la Hacienda Pública y se comprometía a pagar la deuda e intereses. Lo firmó su abogado, en el marco de una negociación para una conformidad penal. La filtración derivó en la imputación del fiscal general por revelación de secretos, un hecho insólito en la historia judicial española.

El Tribunal Supremo, presidido por Manuel Marchena y con Susana Polo como ponente, reconoció desde el inicio que era difícil precisar el daño de esa filtración, aunque admitió “lesividad”. Una lesividad vaga, sin concreción, pero suficiente para abrir un procedimiento que será juzgado en octubre de 2025 y cuya sentencia, previsiblemente antes de enero de 2026, podría ser decisiva para la defensa del novio de Ayuso.

Mientras tanto, el juez Ángel Hurtado decidirá en septiembre si suspende cautelarmente al fiscal general, justo antes de que Felipe VI inaugure el año judicial el 5 de septiembre. El mismo mes se dictará el auto de apertura de juicio oral. Hay prisa.

EL PROPIO JUICIO DE GONZÁLEZ AMADOR: INDEPENDIENTE, PERO NO DEL TODO

La causa contra González Amador seguirá su curso en paralelo. Tras la jubilación de la jueza instructora, Inmaculada Iglesias, el magistrado Antonio Viejo deberá dictar el auto de apertura y fijar juicio, previsiblemente a principios de 2026, ante un juez de lo Penal. La Fiscalía le pide 3 años y 9 meses de prisión por dos delitos fiscales y falsificación de facturas.

Juristas consultados coinciden: aunque la filtración del correo pueda ser anulada como prueba, las pruebas documentales de Hacienda son independientes y seguirán en pie. “La filtración pudo afectar a su imagen, pero no a su presunción de inocencia en sentido procesal”, señala un exmagistrado.

Es decir, que incluso si el fiscal general fuese condenado por la filtración, la nulidad total del caso de González Amador es poco probable. Pero la defensa usará cualquier resquicio para intentar esquivar el banquillo.

En el fondo, no es solo un caso judicial. Es la imagen de la presidenta de Madrid, blindada por la maquinaria mediática y política, intentando sobrevivir a que su pareja esté procesada por fraude. Un juego de tiempos, de titulares y de presión institucional.

Porque, en la España de hoy, los juicios también se libran en los medios y en la calle, y cada sentencia se lee como una victoria política o una derrota estratégica.