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La Comunidad de Madrid de Ayuso recibió el pasado 1 de febrero la orden judicial de recuperar casi 3.000 viviendas sociales vendidas al fondo buitre Goldman Sachs-Azora en 2013
El pasado 1 de febrero la Comunidad de Madrid recibía una orden judicial para recuperar 2.935 viviendas sociales vendidas en 2013 al fondo Azora – Goldman Sachs. Los pisos sociales fueron traspasados al fondo buitre por debajo de precio de mercado y han sido en los últimos años objeto de una batalla judicial entre los inquilinos, por un lado, y la Comunidad y el fondo, por otro.
Sin embargo, según un recurso de los letrados de la Comunidad presentado el 15 de febrero y al que ha tenido acceso infoLibre, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso renuncia a recuperar los pisos sociales.
Ayuso renuncia a recuperar los pisos
El juzgado dio al Ejecutivo regional un plazo de 10 días para que iniciase los trámites para recuperar los pisos vendidos y el juzgado ordenó al fondo a devolver íntegramente todo lo que compró durante la Presidencia de Ignacio González, es decir, 2.935 viviendas de protección oficial y no 1.722 como pretendía el fondo. Además, el juez ha prohibido al fondo seguir vendiendo pisos a terceros, como ha estado haciendo en los últimos ocho años, bajo la amenaza de actuar penalmente si prosigue.
Sin embargo, los letrados de la Comunidad han preparado la enésima estrategia para retrasar la ejecución de la sentencia y recurren a argumentos como la «enorme complejidad y volumen» de recuperar las casi 3.000 VPO; el coste de los «trámites registrales»; la «dispersión» de registros o el riesgo de «ocasionar un perjuicio irreparable a miles de afectados», tal y como recoge infoLibre.
La Comunidad «reitera y mantiene que el alcance de la ejecución de la sentencia se limita a la vivienda de Don Rachid Bouikou», sin embargo, según el auto «se declara que la sentencia de este Juzgado de fecha 21 de mayo de 2018 alcanza a la anulación de la adjudicación a Azora Gestión del contrato de enajenación de las 32 promociones y con ello de la totalidad de los inmuebles que las integran».
El recurso continua explicando que «mantener la situación de las viviendas afectadas en el estado actual es la solución que garantiza más y de mejor forma los intereses implicados a la espera de la resolución del núcleo de la controversia», sin matizar cuáles son eses intereses. Además, los letrados señalan que «no parece aventurado afirmar que habrá otros muchos ocupantes que deseen que permanezca el statu quo creado sin alteraciones de calado en su régimen jurídico».
Por eso, «de seguir adelante la reversión de las viviendas» se acometerían «trámites de enorme complejidad y volumen con los que se llegaría a una situación material difícilmente reversible».
El primero de esos trámites sería «solicitar 2.935 certificaciones de dominio y cargas de las viviendas enajenadas con sus anejos vinculados (plazas de garaje y trasteros), 235 certificaciones de dominio y cargas de las plazas de garaje no vinculadas, y 45 certificaciones de dominio y cargas de los locales comerciales».
Además, los letrados señalan que dependiendo de la ubicación de la finca registral, han de realizarse hasta un total de catorce registros diferentes en diez municipios distintos; la autoliquidación por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; presentar una instancia por cada uno de los inmuebles en el Registro de la Propiedad correspondiente o abonar la inscripción efectuada, unos trámites que superarían el medio millón de euros.
Los letrados también indican que «la concreción del importe que habría de devolver la Agencia de la Vivienda Social a Encasa Cibeles, S.L. requeriría tomar en consideración diferentes conceptos que implican una negociación sumamente compleja», ya que a los 201 millones de euros, precio por el que fueron vendidas las viviendas, habría que sumar «gastos vinculados a la compraventa que asumió la adquirente como Notaría y Registro», «intereses devengados» o la «determinación de la cuantías que en concepto de renta habría venido percibiendo la sociedad por cada inmueble».
Los portavoces regionales han señalado a infoLibre, en relación a su pregunta sobre sus dudas en el recurso sobre el alcance de la sentencia, cuando el auto del Juzgado del pasado 1 de febrero se refiere directamente a las 32 promociones, que «para recuperar las viviendas han de ser primero los tribunales los que deben determinar cuántas y cuáles», insisten portavoces regionales.
Sobre el precio a pagar, los portavoces señalan que «su determinación se va a establecer durante la ejecución de la sentencia». «En este momento no podemos saber si estará o no por debajo del valor de mercado», han añadido.
Fuente: infoLibre
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El Financial Times retrata el Madrid de Ayuso: una capital convertida en escaparate para ricos
El Financial Times ha puesto palabras —y bastante incómodas— a lo que en Madrid se ve desde hace tiempo caminando por sus barrios: la capital se ha convertido en una ciudad de moda, sí, pero también en una máquina de triturar vida cotidiana. El diario británico, fundado en 1888 y con más de dos millones de lectores diarios, ha dedicado un amplio reportaje a la Comunidad de Madrid y a la transformación de una ciudad que ya no se vende solo como capital administrativa, sino como refugio dorado para turistas, inversores, nómadas digitales y fortunas extranjeras.
El enlace al análisis original es este: https://www.ft.com/content/8955cbef-afe8-4c9f-8381-b279c7f4c2c0
La postal es muy bonita, claro. Fachadas luminosas, terrazas llenas, museos, gastronomía, sol, barrios “vibrantes”, ese vocabulario tan de folleto para gente que puede pagar 3.000 euros al mes por vivir donde antes vivía una familia trabajadora. Pero detrás del brillo aparece la pregunta de siempre. La pregunta sucia. ¿Quién gana con este modelo y quién se queda mirando desde fuera?
Porque Madrid crece. Madrid atrae. Madrid se llena de dinero. Pero no todo crecimiento es prosperidad. A veces es simplemente expulsión con camareros sonrientes, copas caras y apartamentos turísticos.
Siempre es igual: tocar poder para cobrar más
Siempre es igual. Llegan hablando de “gasto político”, de “burocracia”, de “chiringuitos”, de “administración elefantiásica”. Llegan con la motosierra en la boca y la calculadora en el bolsillo. Pero cuando pisan moqueta, la motosierra desaparece. La calculadora, no. La calculadora sirve para otra cosa: para repartir cargos, levantar nuevas direcciones generales, abrir despachos, colocar nombres y convertir la promesa de austeridad en una nómina pública más abultada.
El segundo Gobierno de coalición de PP y Vox en Castilla y León no ha venido a adelgazar nada. Ha venido a ocupar. El 29 de junio, en un Consejo de Gobierno extraordinario que ni siquiera fue comunicado previamente, el Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco aprobó una nueva estructura autonómica que rompe su propio techo: por primera vez, los altos cargos superarán el centenar. La derecha que decía venir a desmontar el “gasto político” acaba de construir una administración con al menos 105 personas en la cúpula: presidente, vicepresidenta, diez consejeros y consejeras, once viceconsejerías, diez secretarías generales, 63 direcciones generales o cargos asimilados y nueve delegados territoriales.
El PP agita el fantasma del pucherazo contra los nietos del exilio
Alberto Núñez Feijóo llamó este lunes 29 de junio “ingeniería electoral” a la llamada ley de nietos. Conviene traducirlo: el Partido Popular ha decidido presentar como maniobra oscura una vía de nacionalización incluida en la Ley de Memoria Democrática, vigente desde 2022, que permite obtener la nacionalidad española a descendientes de personas exiliadas durante el franquismo y otros periodos históricos. No hay pruebas de pucherazo. No hay una trama acreditada. No hay una manipulación demostrada. Hay, otra vez, una derecha fabricando sospecha sobre el voto cuando teme que las urnas no le pertenezcan.
La acusación no nace sola. Vox abrió el camino y el PP se colocó al lado sin demasiados remilgos. Feijóo lanzó la idea en el programa de Federico Jiménez Losantos: Pedro Sánchez estaría buscando “nuevos votantes” porque “no le salen las cuentas”. Viejo truco. Si votan los míos, democracia. Si pueden votar otros, ingeniería. El sufragio deja de ser un derecho y pasa a ser una amenaza cuando no se puede controlar políticamente.
Vídeo | Más de 1.000.000 de personas han visto nuestra denuncia ‘Fábrica de obediencia’
Dicen que una bandera arcoíris “adoctrina” a la infancia. Pero meter a menores bajo una carpa para que lloren, griten, se arrodillen y aprendan obediencia lo llaman “avivamiento”.
Estrenamos nuevo reportaje de Spanish Revolution: “Tras la Nakba”, segunda parte de “Palestina y la historia que quieren borrar”.
La historia de Palestina no empezó el 7 de octubre de 2023. Y tampoco terminó en 1948 con la Nakba. Después vino 1967, la ocupación de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, los checkpoints, los asentamientos, el muro, el bloqueo y una maquinaria de control que…