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La Comunidad de Madrid de Ayuso recibió el pasado 1 de febrero la orden judicial de recuperar casi 3.000 viviendas sociales vendidas al fondo buitre Goldman Sachs-Azora en 2013
El pasado 1 de febrero la Comunidad de Madrid recibía una orden judicial para recuperar 2.935 viviendas sociales vendidas en 2013 al fondo Azora – Goldman Sachs. Los pisos sociales fueron traspasados al fondo buitre por debajo de precio de mercado y han sido en los últimos años objeto de una batalla judicial entre los inquilinos, por un lado, y la Comunidad y el fondo, por otro.
Sin embargo, según un recurso de los letrados de la Comunidad presentado el 15 de febrero y al que ha tenido acceso infoLibre, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso renuncia a recuperar los pisos sociales.
Ayuso renuncia a recuperar los pisos
El juzgado dio al Ejecutivo regional un plazo de 10 días para que iniciase los trámites para recuperar los pisos vendidos y el juzgado ordenó al fondo a devolver íntegramente todo lo que compró durante la Presidencia de Ignacio González, es decir, 2.935 viviendas de protección oficial y no 1.722 como pretendía el fondo. Además, el juez ha prohibido al fondo seguir vendiendo pisos a terceros, como ha estado haciendo en los últimos ocho años, bajo la amenaza de actuar penalmente si prosigue.
Sin embargo, los letrados de la Comunidad han preparado la enésima estrategia para retrasar la ejecución de la sentencia y recurren a argumentos como la «enorme complejidad y volumen» de recuperar las casi 3.000 VPO; el coste de los «trámites registrales»; la «dispersión» de registros o el riesgo de «ocasionar un perjuicio irreparable a miles de afectados», tal y como recoge infoLibre.
La Comunidad «reitera y mantiene que el alcance de la ejecución de la sentencia se limita a la vivienda de Don Rachid Bouikou», sin embargo, según el auto «se declara que la sentencia de este Juzgado de fecha 21 de mayo de 2018 alcanza a la anulación de la adjudicación a Azora Gestión del contrato de enajenación de las 32 promociones y con ello de la totalidad de los inmuebles que las integran».
El recurso continua explicando que «mantener la situación de las viviendas afectadas en el estado actual es la solución que garantiza más y de mejor forma los intereses implicados a la espera de la resolución del núcleo de la controversia», sin matizar cuáles son eses intereses. Además, los letrados señalan que «no parece aventurado afirmar que habrá otros muchos ocupantes que deseen que permanezca el statu quo creado sin alteraciones de calado en su régimen jurídico».
Por eso, «de seguir adelante la reversión de las viviendas» se acometerían «trámites de enorme complejidad y volumen con los que se llegaría a una situación material difícilmente reversible».
El primero de esos trámites sería «solicitar 2.935 certificaciones de dominio y cargas de las viviendas enajenadas con sus anejos vinculados (plazas de garaje y trasteros), 235 certificaciones de dominio y cargas de las plazas de garaje no vinculadas, y 45 certificaciones de dominio y cargas de los locales comerciales».
Además, los letrados señalan que dependiendo de la ubicación de la finca registral, han de realizarse hasta un total de catorce registros diferentes en diez municipios distintos; la autoliquidación por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; presentar una instancia por cada uno de los inmuebles en el Registro de la Propiedad correspondiente o abonar la inscripción efectuada, unos trámites que superarían el medio millón de euros.
Los letrados también indican que «la concreción del importe que habría de devolver la Agencia de la Vivienda Social a Encasa Cibeles, S.L. requeriría tomar en consideración diferentes conceptos que implican una negociación sumamente compleja», ya que a los 201 millones de euros, precio por el que fueron vendidas las viviendas, habría que sumar «gastos vinculados a la compraventa que asumió la adquirente como Notaría y Registro», «intereses devengados» o la «determinación de la cuantías que en concepto de renta habría venido percibiendo la sociedad por cada inmueble».
Los portavoces regionales han señalado a infoLibre, en relación a su pregunta sobre sus dudas en el recurso sobre el alcance de la sentencia, cuando el auto del Juzgado del pasado 1 de febrero se refiere directamente a las 32 promociones, que «para recuperar las viviendas han de ser primero los tribunales los que deben determinar cuántas y cuáles», insisten portavoces regionales.
Sobre el precio a pagar, los portavoces señalan que «su determinación se va a establecer durante la ejecución de la sentencia». «En este momento no podemos saber si estará o no por debajo del valor de mercado», han añadido.
Fuente: infoLibre
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