Verónica Fumanal, presidenta de la Asociación de Comunicación Política, señala que “el PP está interesado en imponer el cambio de ciclo como marco narrativo”
La sentencia de la Audiencia Nacional acreditará que el Partido Popular tenía una Caja B y que la sede de la formación política, en Génova 13, se pagó con dinero negro. Según ha desvelado la Cadena SER, el fallo judicial podría conocerse el próximo mes de julio.
El tribunal de la sección segunda de la Audiencia ya ha concluido sus deliberaciones sobre el juicio de los usos de la caja b del PP y el juicio quedó visto para sentencia el pasado 12 de mayo después de practicadas cerca de 30 sesiones. Lo que dice el juzgado presidido por José Antonio Mora es que se corroboran “los aspectos fundamentales de los argumentos de las acusaciones contra el Partido Popular” en la sentencia que hará pública, previsiblemente, a finales del próximo mes de julio.
La noticia, firmada por el especialista en Tribunales de la SER, Miguel Ángel Campos, señala que “el fallo judicial certificará la existencia de la caja b en el PP, a la que no dedicará un gran desarrollo argumentativo porque considera que la “realidad” de esa contabilidad paralela es un “hecho incontrovertible” sobre el que “no hay discusión” desde que ya fue confirmada por el Tribunal Supremo el pasado 14 de octubre, en su sentencia sobre la primera época de la Gürtel, que ha adquirido firmeza”.
Además, los magistrados también consideran probado que las reformas realizadas en la sede del Partido Popular en la calle Génova 13 entre los años 2005 y 2010 fueron pagadas con dinero negro.
Según el tribunal, no hay duda de que fue empleado un método opaco e ilícito para abonar la remodelación y fundamenta su conclusión en la “ingente” cantidad de pruebas e informes periciales presentados y desestiman por tanto y no consideran creíbles los testimonios de ex altos cargos de la formación como los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy o ex secretarios generales como María Dolores de Cospedal, Javier Arenas y Francisco Álvarez-Cascos, quienes negaron tanto la existencia de contabilidad opaca como el uso fraudulento de fondos para la reforma de la sede.
Los jueces aún deben determinar los posibles delitos fiscales cometidos por pagar en b la reforma del edificio, porque es un proceso que va por otra vía. Habrá que ver el papel de la empresa de arquitectura Unifica, que hizo los trabajos, la responsabilidad civil del Partido Popular y si la formación defraudó a Hacienda por no declarar ingresos en b por 1.200.000 euros en el Impuesto de Sociedades de 2008, aunque algunos expertos de Hacienda señalaron que no había obligación porque ese dinero era destinado a fines propios.
Tal como señala la cadena SER, la sentencia se ceñirá a los pagos en b por la sede central y los posibles fraudes fiscales y no valorará otros aspectos de la caja b como las donaciones en negro de empresarios que nutrieron durante al menos 18 años esa contabilidad paralela. Los magistrados actuarán de este modo para no quedar contaminados en caso de que en el futuro tengan que juzgar esa pieza separada del procedimiento y no interferir en la causa.
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