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La diputada del partido de extrema derecha Vox Reyes Romero solicitaba un «bloqueo naval» de las Islas Canarias a través de la intervención de la Armada, ante llegada de pateras
El almirante de la Armada Teodoro López Calderón ha respondido de manera rotunda a la petición que hizo Vox de establecer un “bloqueo naval” de Canarias diciendo que la obligación “legal y moral” de un buque de guerra si se encuentra ante una patera es rescatar a sus ocupantes.
«Si cualquier barco de guerra de la Armada de España se encuentra con una patera en una situación en donde la vida de los que están en ella está en peligro, su obligación de todo tipo, legal, moral, etcétera, es rescatarlos, y eso es lo que se haría», ha afirmado el almirante. También ha querido añadir que el bloqueo naval no es posible porque el término bloqueo naval se aplica al bloqueo de un segundo Estado y no al de una parte del propio Estado.
Este lunes, la diputada de Vox y vicepresidenta de Asuntos Sociales del partido, Reyes Romero, ha solicitado al un «bloqueo naval» de las Islas Canarias a través de la intervención de la Armada ante la llegada de pateras.
Por su parte, el portavoz nacional de Vox Jorge Buxadé, ha reiterado su tolerancia cero contra la inmigración ilegal y ha señalado que la situación exige «la aplicación de la Ley de Seguridad y la Ley de Defensa». «Ante la invasión, el Estado debe defenderse con todos los medios», ha indicado. «Estamos ante una auténtica invasión inmigratoria organizada», ha alertado, culpando de ello al «efecto llamada» del Gobierno, las mafias y las ONG que «colaboran con esas mafias».
A pesar de que Vox ha denunciado que la mayoría de los migrantes son lanzados desde buques nodriza a pocos kilómetros de las costas españolas, la Armada no tiene constancia de la existencia de esos buques nodriza.
El partido de ultraderecha ha exigido además que se cumplan los acuerdos de repatriación con los países de origen y se fomente la «diplomacia» para firmarlos con aquellos con los que aún no se haya hecho y ha planteado la posibilidad de que España congele los fondos de cooperación con los que no colaboren en la labor de repatriación.
Quienes rescatan a los migrantes en el Mediterráneo no son criminales
La relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de la ONU condenó el mes pasado la criminalización en Italia de once activistas de las garantías fundamentales que rescataban a migrantes y solicitantes de asilo en el Mediterráneo.
En un comunicado, Mary Lawlor afirmó que esos rescatistas deberían ser encomiados por sus esfuerzos por salvar vidas de personas en alto riesgo de perecer en el mar. “La ex capitán del barco de rescate Sea-Watch 3, Carola Rackete, y los miembros de la tripulación del Iuventa 10 son defensores de los derechos humanos, no son criminales”, aseveró la experta de la ONU.
En septiembre de 2016 se abrió en Italia una investigación penal contra algunos miembros de la tripulación del Iuventa 10, imputándoles acusaciones que incluyeron ayuda y complicidad en el delito de la inmigración ilegal, cargos que se castigan con penas de entre cinco y 20 años de cárcel y multas de 15.000 euros. El 18 de junio de 2019 se presentó una moción para que se desestimara la investigación preliminar contra los miembros de la tripulación del Iuventa 10; sin embargo, aún está pendiente la decisión formal.
Carola Rackete, por su parte, fue arrestada por las autoridades italianas en junio de 2019 por atracar sin permiso su barco rescatista con 53 migrantes a bordo. A principios de este año, la Suprema Corte italiana examinó una apelación y determinó que Rackete no debería haber sido arrestada. No obstante este fallo, la capitán del Sea-Watch 3 continúa enfrentando imputaciones de ayudar y ser cómplice de la inmigración ilegal y corre el riesgo de pasar hasta 20 años en prisión, además de varias multas que sumarían alrededor de 50.000 euros.
Estigmatización
“Lamento que continúen abiertos los procesos penales contra estas personas y que deban afrontar estigmatización debido a su trabajo en favor de los derechos humanos y de la protección de las garantías fundamentales de los migrantes y solicitantes de asilo que se encuentren en peligro en el mar Mediterráneo”, apuntó Lawlor.
Del 2014 a la fecha, al menos 16.000 migrantes han muerto ahogados en el Mediterráneo cuando intentaban cruzar hacia las costas de Europa, de acuerdo con cifras de la Organización Internacional de las Migraciones.
“El gobierno italiano debe reconocer públicamente la importancia de la labor de los defensores de los derechos humanos en la protección del derecho a la vida de migrantes y solicitantes de asilo que están en riesgo en el mar y debe poner fin a la penalización de quienes defienden sus garantías fundamentales”, concluyó la relatora especial.
El llamado de Lawlor fue respaldado por los relatores especiales sobre los derechos de los migrantes, Felipe Gonzáles Morales; sobre la violencia contra las mujeres, Dubravka Šimonovic; la presidenta del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas, Elizabeth Broderick; y el expeto independiente sobre la promoción de un orden democrático internacional, Livingstone Sewanyana.
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