Miguel Frontera, cabecilla del acoso a los miembros del Gobierno, confirmó a la Guardia Civil que llegó a grabar el interior de su vivienda
Uno de los organizadores de las protestas frente a la casa del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y le la ministra de Igualdad, Irene Montero, grabó imágenes del interior de la vivienda, según comentan dos miembros de la Guardia Civil a Infolibre.
Según el medio, la declaración ante el juez de un capitán y de un agente sobre las concentraciones que durante dos meses tuvieron lugar frente a la residente de Galapagar del vicepresidente y de la ministra confirma que uno de los cabecillas, Miguel Frontera, incluso grabó imágenes del interior de la vivienda.
Frontera fue detenido el 12 de julio porque los agentes vieron que se paseaba por la concentración exhibiendo un móvil ante los participantes como quien muestra un vídeo. Cuando acudieron a identificarlo le preguntaron si había grabado «en el interior del domicilio» y Frontera se lo confirmó. Los agentes le pidieron que les mostrase las imágenes y lo que vieron confirmaba el relato:
«Se veía el interior del domicilio del vicepresidente y se le podía ver a este con camiseta negra saliendo del interior de la casa a un jardín privado», explicó el capitán, según fuentes conocedoras del caso a Infolibre.
El capitán del Instituto Armado que vivía a diario el acoso de Frontera a Iglesias y Montero detalló sobre el caso que «iba diariamente a la casa del vicepresidente, que luego iba menos y ahora tampoco va con tanta frecuencia”. Con un cartel donde aparecía escrito el texto «hijo de terrorista», Frontera “intentaba pasar el cordón policial, por lo que en más de una ocasión se le ha denunciado” . Y «en algún momento ha intentado pasarlo y ante la negativa ha intentado jalear a la gente para que lo pasaran todos”.
Frontera y el acoso
Contra Frontera, el vicepresidente y la ministra de Igualdad acabaron formulando una querella por coacción, acoso, descubrimiento y revelación de secretos, desobediencia a la autoridad, alteración del orden público y contra los recursos naturales y el medio ambiente. El caso está en manos de un juzgado de Collado Villalba, cabeza del partido judicial al que pertenece Galapagar.
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