El sistema judicial expuesto entre dobles raseros y medios cómplices
La reciente filtración de los vídeos y actas de las declaraciones judiciales de Íñigo Errejón y Elisa Mouliaá ha desatado una nueva polémica sobre el funcionamiento del sistema judicial español y su relación con los medios. Acción Contra el Odio (ACO), la asociación de la que forma parte Spanish Revolution, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Madrid para señalar lo que consideran un ejemplo flagrante de doble rasero y negligencia institucional.
Publicadas por el medio ultraderechista OKDiario como «primicia», las filtraciones expusieron aspectos íntimos de las declaraciones de las partes implicadas, generando indignación tanto en la ciudadanía como en colectivos sociales. Según ACO, estas prácticas no solo vulneran derechos fundamentales, sino que además perpetúan una dinámica de impunidad y desprotección hacia las mujeres que se atreven a denunciar.
“La justicia actúa con una vara de medir distinta dependiendo de los intereses en juego”, denuncia el equipo jurídico de ACO, subrayando cómo casos como este desincentivan la confianza en el sistema judicial, especialmente entre mujeres agredidas o violentadas.
UNA FILTRACIÓN QUE DESNUDA LA JUSTICIA PATRIARCAL
Desde su creación a finales de 2024, ACO ha centrado sus esfuerzos en combatir la desinformación y las dinámicas de odio amplificadas por medios y actores políticos de extrema derecha. En este caso, la denuncia presentada no solo pretende evidenciar el trato desigual en la persecución de filtraciones, sino también abrir un debate público sobre los riesgos de exponer a víctimas en procesos judiciales.
La actuación del juez Adolfo Carretero, quien llevó las declaraciones de Errejón y Mouliaá, también ha sido objeto de duras críticas. Según ACO, el interrogatorio fue “infame y dañino para la víctima”, y ha motivado numerosas quejas ante el Consejo General del Poder Judicial, que ha abierto una investigación al magistrado. Sin embargo, el foco de la denuncia se centra en la filtración de material judicial que incluye detalles íntimos y altamente sensibles.
“Cuando una mujer denuncia, el mensaje que recibe es claro: tu privacidad será sacrificada y tu vida será objeto de entretenimiento público”, señala ACO, alertando sobre el efecto disuasorio que estas filtraciones tienen sobre las víctimas de violencia.
La denuncia busca ser un ejemplo de lo que se conoce como litigio estratégico, donde el objetivo no es solo obtener una resolución favorable, sino exponer las carencias y contradicciones del sistema judicial. Si el caso es archivado, ACO advierte que el mensaje será contundente: la Fiscalía no está dispuesta a abordar las disfunciones estructurales de la justicia española.
La connivencia de ciertos medios con este tipo de prácticas también es objeto de cuestionamiento. Mientras algunos periodistas y medios condenan filtraciones que afectan a figuras del poder, comparten sin reparos material que vulnera la intimidad de personas comunes o víctimas. “La doble moral es evidente y destructiva para los principios democráticos”, concluyen desde ACO.
Spanish Revolution, como parte activa de Acción Contra el Odio, se ha comprometido a dar máxima visibilidad a esta denuncia y a seguir luchando contra la normalización de la desinformación y la vulneración de derechos fundamentales.
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