La comisión se transformó en un espectáculo de desinformación con afirmaciones falsas sobre pagos en metálico, el estado de alarma, el rescate de Air Europa y la vida privada del presidente.
UNA COMISIÓN TRANSFORMADA EN ESCENARIO DE DIFAMACIÓN
El interrogatorio al presidente Pedro Sánchez en la comisión del Senado sobre el caso Ábalos/Koldo/Cerdán se convirtió en una sesión de desinformación orquestada por la derecha y la ultraderecha. Senadores y senadoras del PP, Vox y UPN recurrieron a bulos, insinuaciones y medias verdades con un objetivo: erosionar la legitimidad del Gobierno y proyectar una sombra de corrupción sobre el PSOE sin pruebas ni rigor jurídico.
La senadora Mar Caballero (UPN) abrió el fuego asegurando que “Ábalos cobró 127.000 euros en efectivo”. La cifra es falsa. El PSOE informó al Tribunal Supremo que el exministro recibió 19.859,07 euros en concepto de liquidación de gastos. Los 127.000 a los que se refirió Caballero corresponden al total de reembolsos distribuidos por la Secretaría de Organización del partido a varios miembros, no a una única persona. Así lo declararon ante el Supremo el exgerente socialista Mariano Moreno y la trabajadora Celia Rodríguez.
El segundo bulo de la jornada giró en torno a los pagos en metálico. “No se puede pagar más de 1.000 euros, es una ley antiblanqueo”, repitieron Caballero y varios senadores del PP. Pero según los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), los partidos políticos no están sujetos a ese límite cuando liquidan gastos internos, ya que no son empresas ni realizan actividades mercantiles. Solo se aplica ese tope de 1.000 euros cuando se paga a proveedores o autónomos. El resto son operaciones internas, perfectamente legales y auditadas.
Mientras tanto, Vox desplegó su ya habitual arsenal de revisionismo. El senador Ángel Gordillo acusó a Sánchez de “encerrar ilegalmente a los españoles durante la pandemia”. Una afirmación que ignora deliberadamente la evolución del propio Tribunal Constitucional, que primero matizó y luego avaló los confinamientos como medida legítima en situaciones de emergencia sanitaria. La ultraderecha sigue rentabilizando políticamente la crisis de la COVID-19 incluso después de que el máximo órgano judicial haya zanjado el debate.
DE LA VIDA PRIVADA A LA FICCIÓN POLÍTICA
Gordillo insistió también en relacionar a Begoña Gómez con el rescate de Air Europa. Aseguró que “todas las informaciones” apuntaban a su intervención directa. Pero lo cierto es que las investigaciones parlamentarias y judiciales acreditaron la legalidad de la ayuda: Air Europa recibió un préstamo de 475 millones del fondo público destinado a empresas en riesgo por la pandemia. No hubo trato de favor. El único vínculo de Gómez fue un proyecto de innovación con Wakalua, filial de Globalia, por 40.000 euros, que nunca llegó a ejecutarse por la crisis sanitaria. Solo se abonaron 1.716 euros por dos billetes a Londres.
El senador de Vox volvió a hurgar en los fangos mediáticos: “¿Quién pagaba sus campañas, su suegro, el de los negocios de prostitución?”. Un ataque personal sin fundamento, basado en la intoxicación que el comisario Villarejo usó hace más de una década para desacreditar a Sánchez. Aquella trama fue archivada por la Audiencia Nacional, que reconoció que los negocios de su suegro eran “lícitos” y que la utilización de esa información con fines partidistas era “deplorable”. Pero el fango, una vez lanzado, siempre deja mancha.
A la infamia se sumó el parlamentario de Junts Eduard Pujol, que habló de una “máquina de hacer billetes en Ferraz”. El PSOE respondió con documentos: cada retirada de dinero se hace mediante solicitud formal al banco, transportado por una empresa de seguridad y anotado contablemente tanto por el partido como por la entidad. Todo con trazabilidad. Ninguna varita mágica, solo contabilidad y bancos.
El PP, por su parte, aprovechó para colar insinuaciones sobre Globalia y Begoña Gómez. Alejo Miranda repitió la acusación de que la aerolínea había “financiado actividades” de la esposa del presidente. Pero los contratos de patrocinio fueron transparentes, firmados antes de la pandemia y con objeto académico. Ningún tribunal, ni siquiera los promovidos por la oposición, ha encontrado irregularidad alguna.
UN SENADO CONVERTIDO EN ESCENOGRAFÍA DEL BULO
Pedro Sánchez calificó la sesión como una “comisión de difamación”. Tenía razón. Durante más de cinco horas, el Senado se transformó en una versión institucional del prime time de los tertulianos ultras: más ruido que hechos, más insinuación que prueba.
Mientras el presidente se defendía con datos y resoluciones judiciales, la oposición usaba el espacio público para reavivar viejos fantasmas: el estado de alarma, el caso Delcy, las dietas en efectivo. Todo mezclado, todo útil si servía para erosionar.
Las mismas fuerzas políticas que llevan años denunciando la “politización de la justicia” son las que ahora utilizan las instituciones para fabricar sospechas y titulares, degradando el control parlamentario a nivel de clickbait.
En el fondo, el interrogatorio no buscaba respuestas, sino vídeos virales. No pedía explicaciones, pedía una escena. La escena en la que los herederos del lawfare puedan titular que “Sánchez no convence”, aunque no haya nada que convencer.
El Senado no fue ayer una cámara de representación, sino una cámara de eco. Y lo que rebotaba entre sus muros no era la verdad, sino la propaganda.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
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La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
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