«Abusos sexuales descontrolados» denuncia la Fiscalía de Nueva York a la diócesis de Búfalo y 25 sacerdotes 

La diócesis de Búfalo se declaró en bancarrota al no poder hacer frente a las decenas de demandas presentadas por abusos sexuales a menores y con el objetivo de no suspender su actividad

Letitia James, fiscal general de la Fiscalía de Nueva York, ha presentado este martes una demanda contra la diócesis de Búfalo y varios de sus antiguos altos cargos por no haber tomado las medidas necesarias que habrían ayudado a proteger los abusos sexuales descontrolados de menores cometidos por al menos 25 clérigos y señala en concreto al al obispo emérito Richard Malone y al antiguo obispo auxiliar Edward M. Grosz.

Según el comunicado, tras dos años de investigaciones se ha concluido que las «acusaciones de conducta sexual inapropiada contra sacerdotes» de dicha institución religiosa «fueron investigadas inadecuadamente, si es que se investigaron, y fueron encubiertas por años».

A los sacerdotes acusados se les permitió retirarse o ausentarse por razones médicas en lugar de denunciarles

Y además el escrito de la Fiscalía destaca que «aunque los líderes de la diócesis encontraron creíbles las quejas de abuso sexual, protegieron a los sacerdotes acusados de que se hicieran públicas, los consideraron ‘inasignables’ y les permitieron retirarse o tomar una supuesta ausencia por razones médicas, en lugar de ser remitidos al Vaticano para su posible destitución del sacerdocio».

Para Letitia James, «cuando se rompe la confianza con los líderes espirituales, se puede producir una crisis de fe. Durante años, la diócesis de Búfalo y sus dirigentes fallaron en proteger a los niños de los abusos sexuales».

Y zanja: «En su lugar, eligieron proteger a los mismos sacerdotes que fueron creíblemente acusados de estos actos atroces. Las personas que son víctimas de abuso merecen que se investiguen y se determinen sus reclamaciones de manera oportuna, y la diócesis de Búfalo se negó a darles esa oportunidad», concluye la fiscal general de Nueva York.

La Conferencia de Obispos de los Estados Unidos «adoptó políticas y procedimientos específicos que exigían a las diócesis realizar investigaciones adecuadas y tomar medidas rápidas e inmediatas sobre esas investigaciones», tras salir a la luz en 2002 el escándalo de los abusos sexuales a menores en las instituciones de la Iglesia Católica.

Conducta sexual impropia de 78 sacerdotes

Sin embargo, Malone y Grosz, «se negaron a tomar medidas sustantivas cuando se enfrentaron a denuncias de abuso sexual dentro de la Diócesis», que recientemente ha admitido que «encontró acusaciones fundadas de conducta sexual impropia contra 78 sacerdotes».

Según la Fiscalía, se han comprobado los supuestos actos ilícitos de 25 sacerdotes de la diócesis y aunque la mayoría de ellos fueron «expulsados del ministerio, no fueron remitidos al Vaticano para un juicio y la posible expulsión del sacerdocio».

La fiscal ha pedido que se hagan públicos los nombres de los 25 sacerdotes implicados y las acusaciones contra ellos y ha exigido que se cumplan las medidas para evitar que vuelvan a suceder hechos similares nombrando a un auditor independiente que supervise y revise dicho cumplimiento.

Esta diócesis católica se declaró en bancarrota al no poder hacer frente a las decenas de demandas presentadas por abusos sexuales a menores y con el objetivo de no suspender su actividad, tal y como ocurrió con la diócesis de Rockville Centre, en Long Island, Nueva York, recientemente.

Ambas se acogieron al Capítulo 11 de bancarrotas para hacer frente a los litigios pendientes de decenas de víctimas que presentaron demandas de abuso sexual bajo la Ley de Víctimas Infantiles.

Esta legislación entró en vigor en el estado de Nueva York el pasado 14 de agosto y abrió una ventana legal de un año para que todas las personas víctimas de abusos sexuales durante su infancia pudieran abrir procesos judiciales sin importar los años transcurridos desde el delito.

El abogado de una de las víctimas de la diócesis de Rockville Centre lamentaba la decisión de recurrir a la protección por bancarrota y les acusaba de evadir sus responsabilidades con las víctimas.

Fuente: Contrainformación