Ábalos y Koldo, contra las cuerdas: enchufes, dinero público y una red que empieza a desmoronarse 

Los testimonios en el Supremo dibujan un patrón de impunidad sostenido con recursos públicos y favores personales

El relato que durante años se intentó sostener desde los despachos del poder empieza a resquebrajarse en sede judicial. Las primeras jornadas del juicio en el Tribunal Supremo han dejado algo más que contradicciones: han expuesto una dinámica de privilegio, opacidad y utilización de lo público para fines privados que compromete directamente al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García.

Lo que se presenta ahora ante el tribunal no es solo un caso aislado de supuestos enchufes. Es la evidencia de un sistema en el que las reglas se doblan para unos pocos mientras se exige cumplimiento estricto al resto. Las declaraciones escuchadas los días 8 y 9 de abril no solo incomodan a las defensas, sino que dibujan una estructura de poder que operaba con normalidad dentro de instituciones públicas.

Tal y como se recoge en el análisis sobre el juicio a Ábalos en el Supremo por corrupción durante la pandemia, el caso va mucho más allá de nombres concretos: afecta al corazón mismo de la gestión pública en uno de los momentos más críticos de la historia reciente.

Las dos mujeres cuya contratación está bajo sospecha han reconocido ante el tribunal haber percibido salarios sin desempeñar funciones reales. No se trata de una interpretación, ni de una sospecha: es una admisión directa. Una de ellas confirmó haber estado contratada durante dos años y medio sin acudir a su puesto de trabajo. En ese periodo, cobró 34.477,86 euros en Ineco y 9.500,54 euros en Tragsatec.

Mientras tanto, responsables de estas empresas públicas han ido desmontando la narrativa de normalidad que intenta sostener la defensa. Procesos acelerados, entrevistas que nunca se realizaron, controles inexistentes y advertencias ignoradas forman parte de un patrón que difícilmente puede calificarse como casual.

Uno de los testimonios más reveladores fue el de una responsable de Tragsatec que describió el seguimiento del caso como un juego “del gato y el ratón”, ante la imposibilidad de verificar la actividad laboral de una de las contratadas. Cuando elevó el problema, la respuesta fue clara: debía dejar de insistir.

Ese tipo de respuestas no son anecdóticas. Son indicios de una cultura institucional donde la jerarquía política se impone sobre cualquier mecanismo de control. Según se ha escuchado en el juicio, incluso desde la presidencia de Adif se trasladaron instrucciones para que cesaran las comprobaciones sobre una de las beneficiadas.

La defensa intenta ahora reconstruir una apariencia de legalidad apoyándose en trámites formales: currículums enviados, entrevistas supuestamente realizadas, procedimientos administrativos cumplidos. Pero el problema no está en los papeles. Está en lo que ocurrió en la práctica.

Porque cuando una persona cobra durante años sin trabajar, cuando nadie supervisa su actividad, cuando las advertencias internas son desactivadas desde arriba, lo que queda no es un fallo puntual. Es una estructura diseñada para funcionar así.

El caso también pone el foco en la responsabilidad política. No basta con alegar desconocimiento cuando las propias declaraciones sitúan al exministro al tanto de la situación. Según uno de los testimonios clave, existía comunicación constante entre Ábalos y una de las beneficiadas, lo que refuerza la tesis de que no se trataba de una contratación ajena a su control.

En paralelo, la segunda contratación investigada muestra otro ángulo del mismo problema. Aunque en este caso se ha defendido la existencia de trabajo efectivo, los testimonios de responsables de la empresa apuntan a un absentismo reiterado y a la ocupación de un puesto que algunos calificaron como “inadecuado”. Incluso se llegó a plantear un expediente disciplinario.

El origen de esa contratación tampoco escapa a la lógica de influencia. El currículum llegó a través de canales políticos, no mediante procesos abiertos. Y aunque se intente presentar como una práctica habitual, lo cierto es que encaja con un patrón repetido en múltiples casos de corrupción: el acceso privilegiado a lo público mediante relaciones personales.

Las acusaciones apuntan a delitos de tráfico de influencias, malversación y, en algunos casos, prevaricación. Pero más allá de la tipificación penal, lo que se está juzgando es algo más profundo: el uso del Estado como herramienta al servicio de intereses particulares.

Este juicio no solo interpela a quienes están sentados en el banquillo. Interpela a un sistema que permitió que estas prácticas se desarrollaran sin controles efectivos durante años. Interpela a las instituciones que miraron hacia otro lado. E interpela a una cultura política que ha normalizado lo que debería ser inaceptable.

Cuando el dinero público se convierte en moneda de intercambio para favores personales, lo que se rompe no es solo la legalidad: es la confianza colectiva en lo común.

Y esa ruptura, a diferencia de los contratos irregulares, no se puede maquillar con ningún procedimiento administrativo.

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