A la cárcel con Mazón 

El falso testimonio como síntoma político de un poder que se niega a asumir la verdad

Mintió, y lo hizo ante todo el país. Esa es la frase que sobrevuela el Congreso desde el 17 de noviembre de 2025, cuando Carlos Mazón, president en funciones de la Generalitat Valenciana, se plantó ante la comisión de investigación de la DANA del 29 de octubre de 2024, aquella que dejó 229 personas muertas mientras él almorzaba en El Ventorro, y construyó un relato que ya no se sostiene ni sobre sus propios silencios. Ahora, PSPV, Compromís y Podemos preparan el camino judicial. No por revancha. Por higiene democrática.

Porque cuando un dirigente público miente en sede parlamentaria, no lo hace para salvar una imagen. Lo hace para blindar una estructura política que prefiere negar la realidad antes que asumir responsabilidades. Y eso sí tiene relevancia penal.

EL DISCURSO DE MAZÓN SE DESMORONA

El PSPV anunció que presentará una querella por delito de falso testimonio. No hablan de matices ni interpretaciones. Hablan de hechos. Las y los socialistas valencianos sostienen que Mazón faltó a la verdad en aspectos esenciales de su declaración.

Compromís, por su parte, va incluso un paso más allá. Los diputados Àgueda Micó y Alberto Ibáñez (procedentes de tradiciones políticas diferentes) coincidieron en algo insólito: no es que Mazón pudiera haber mentido, es que mintió. Sus servicios jurídicos ya estudian si las contradicciones del president en funciones son penalmente relevantes.

Podemos añade otra capa: la Mesa de la comisión debe cotejar las declaraciones de Mazón con los hechos probados. Para Ione Belarra, si tras ese contraste resulta evidente que el president se negó a contar la verdad, toca aplicar el Código Penal.

Es decir: ya no es solo un problema político. Es, potencialmente, un delito.

¿Qué mintió exactamente Mazón? Dos elementos clave:

1. Negó conocer las primeras muertes hasta las 05:00 de la madrugada.
   Pero el propio Mazón, la misma noche de la tragedia, habló de “cuerpos sin vida” en una comparecencia pública a las 00:30. Quien tiene memoria, lo recuerda. Quien no, puede verlo en los vídeos. La mentira es tan precisa que duele.
2. Negó la existencia de un protocolo ES-Alert.
   Afirmó que no existía, que no podía activarse. Falso. El protocolo no solo existe. Otorga autonomía a los centros de protección civil para enviar alertas masivas a la población. No es una herramienta futurista. Está en vigor. Y salvar vidas era su propósito. Negar la existencia de un protocolo no es un error: es una estrategia.

Dos frases, dos negaciones, dos realidades verificables. Las dos desmontadas en minutos. Las dos bajo juramento implícito ante una comisión parlamentaria.

CUANDO EL PODER UTILIZA LA MENTIRA COMO ESCUDO

Lo que está en juego ya no es el comportamiento de un dirigente concreto. Es algo más profundo. La derecha institucional que representa Mazón ha adoptado una estrategia peligrosa: sustituir los hechos por el relato. Cada mentira amortigua responsabilidad, diluye culpa y desplaza la atención hacia otro lugar. Pero cada mentira también deja un rastro jurídico.

El falso testimonio no es un tropiezo. Es una fractura ética. Un gobernante puede equivocarse. Pero no puede reescribir los hechos para protegerse cuando han muerto 229 personas en un desastre que toda la ciudadanía vivió en tiempo real.

Cuando Mazón dice que no sabía, cuando dice que no había protocolo, cuando insiste en que nadie le informó, no solo está mintiendo. Está intentando reorganizar la historia para que la incompetencia parezca inevitabilidad y su responsabilidad, humo.

Y ahí entra el papel de las izquierdas del Congreso: documentar, contrastar y llevar a los tribunales lo que no puede quedar como una simple discrepancia política.

Porque si un presidente autonómico puede mentir sobre muertes, negar alertas y ocultar decisiones críticas, ¿qué queda entonces del deber público de proteger a la ciudadanía?

Lo que queda es un país que empieza a decir basta.

Lo que queda es la verdad golpeando la puerta del juzgado.