Este medio se sostiene gracias a su comunidad. APOYA EL PERIODISMO INDEPENDIENTE .
El PP se hunde entre comisiones, obras amañadas y un deterioro institucional que ya no pueden ocultar
El partido intenta contener la hemorragia, pero la raíz está podrida.
LO QUE LA INVESTIGACIÓN HA SACADO A LA LUZ
La UCO ha necesitado casi cinco años para desenterrar lo que la derecha andaluza llevaba décadas enterrando bajo capas de clientelismo. La trama que ahora sale a la luz no es un descuido. No es una manzana podrida. Es un sistema organizado de adjudicaciones fraudulentas en la Diputación de Almería, un mecanismo aceitado desde hace años para enriquecer a unos pocos a costa del dinero público.
El presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, detenido el 18 de noviembre de 2025, es el último rostro de un engranaje que lleva nombres, fechas y cifras muy claras. Desde 2019 ocupaba el cargo. No era un recién llegado ni un sustituto de paso. Era el heredero directo del poder provincial del PP, sucesor del omnipresente Gabriel Amat, pieza histórica de un partido que ha convertido Almería en feudo, cortijo y fortaleza.
La investigación revela que Aureliano y varios cargos más (el delegado de Presidencia Fernando Giménez y el alcalde de Fines Rodrigo Sánchez entre ellas y ellos) habrían facilitado contratos amañados, obras incluidas, a cambio de comisiones. No hablamos de una sospecha vaga, hablamos de un proceso judicial que ya detalla tres posibles delitos: cohecho, malversación y blanqueo de capitales.
El caso de las mascarillas, que estalló en 2020 en pleno confinamiento, fue solo la primera grieta. Aquella adjudicación de más de 2 millones de euros para medio millón de FFP2, 250.000 guantes y 10.570 EPIs, a través de Azor Corporate Ibérica, ya dejó un rastro oscuro: sobres con 150.000 euros en el registro al entonces vicepresidente Óscar Liria. La Guardia Civil calculó que las mordidas podían llegar a 400.000 euros. Liria fue detenido en junio de 2021. Ahora sabemos que aquello era solo una fase.
La ampliación ordenada por el juzgado incluye diez registros simultáneos en domicilios, oficinas públicas y mercantiles. No es un malentendido: es una operación de gran escala. La investigación revela comunicaciones privadas, documentación requerida a Diputación y ayuntamientos y hasta medidas de aseguramiento patrimonial. Se han bloqueado cuentas, propiedades y vehículos. Cuando la Justicia actúa así, no lo hace por rumores.
La UCO y el juzgado han encontrado indicios suficientes para detener al presidente de la Diputación, al delegado del área, al alcalde de Fines y a tres personas más. Quienes no adjudicaban directamente los contratos habrían participado en el blanqueo posterior, canalizando dinero ilegal hacia el circuito legal.
EL PP ANDALUZ, ENTRE EL ESCÁNDALO Y EL MIEDO
Moreno Bonilla ha intentado reaccionar rápido. El PP suspende de militancia a Aureliano García, defiende su presunción de inocencia (una fórmula que ya suena a trámite) y coloca al frente del partido en Almería al consejero Ramón Fernández-Pacheco, hombre de máxima confianza del presidente andaluz.
La reacción no es una purga ética. Es un cortafuegos. Porque el escándalo estalla mientras la sanidad pública andaluza vive uno de sus momentos más críticos, con los cribados de cáncer paralizados y un deterioro que la ciudadanía siente cada día.
Fuentes del propio PP andaluz reconocen que lo ocurrido es “duro”. Y que suspender a Aureliano es una “buena reacción” (su forma de admitir que la investigación pinta muy mal). Pero también dicen algo más revelador: “Es pronto para saber todo lo que ha sucedido.” En traducción simultánea: temen que haya más.
Y cómo no temerlo en una provincia donde el PP ha gobernado la Diputación con mano de hierro, donde la red de poder se ha tejido durante décadas (y donde el caso Amat fue solo un aviso del tamaño real del problema).
La derecha que prometía gestión limpia y eficacia vuelve a lo de siempre: sobres, obras, empresas amigas y dinero público convertido en botín.
Mientras tanto, los y las almerienses lidian con servicios públicos en caída libre. Y en Andalucía, la pregunta crece: cuántas decisiones políticas, cuántos contratos, cuántos nombramientos están contaminados por la misma lógica de comisiones y amiguismo.
Lo que se investiga ahora no es un episodio aislado. Es la forma en que el poder se ha gestionado en Almería durante demasiado tiempo.
Este periodismo no lo financian bancos ni partidos
Lo sostienen personas como tú. En un contexto de ruido, propaganda y desinformación, hacer periodismo crítico, independiente y sin miedo tiene un coste.
Si este artículo te ha servido, te ha informado o te ha hecho pensar, puedes ayudarnos a seguir publicando.
Cada aportación cuenta. Sin intermediarios. Sin líneas rojas impuestas. Solo periodismo sostenido por su comunidad.
Seguir
Seguir
Seguir
Seguir
Subscribe
Seguir
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
15.000 personas ya han visto cómo la fe se convierte en poder
El último ReportajeSR analiza cómo determinados sectores del evangelismo conservador dejaron de limitarse a los templos para convertirse en una maquinaria política al servicio de la extrema derecha. De Trump a Bolsonaro, de Milei a Vox: redes comunitarias, guerras culturales, dinero, medios y religión convertidos en infraestructura electoral.
Presentado por Léa Gugelmann, el reportaje ya ha superado las 15.000 visualizaciones desde su estreno. Porque para entender el auge de la extrema derecha no basta con mirar a sus candidatos: también hay que observar quién construye sus discursos, moviliza sus bases y presenta el autoritarismo como una misión divina.
Vídeo | Sadismo en primera persona
Un turista graba el encierro de San Fermín como si estuviera en una atracción. Adrenalina, golpes, risas y animales convertidos en decorado para conseguir un vídeo viral. No está viviendo una tradición: está consumiendo sufrimiento como entretenimiento.
Además, corre con una cámara cuando está prohibido hacerlo, poniendo en peligro a quienes tiene alrededor. La turistificación añade otra capa de irresponsabilidad a una barbaridad ya normalizada: venir, beber, molestar, jugar con la vida ajena y marcharse con unos cuantos clics. El sadismo también se graba en primera persona.