La próxima semana la Audiencia polaca decidirá si alarga la detención de Pablo González.
La Fiscalía polaca ha solicitado prorrogar la detención del periodista vasco Pablo González y la audiencia para decidirlo podrá tener lugar la próxima semana.
«La Sección de Lublin del Departamento de Delincuencia Organizada y Corrupción de la Fiscalía General de la Nación presentó la solicitud a la Corte para extender el uso de la medida preventiva en forma de arresto temporal contra Pablo González», ha respondido la oficina de prensa de la fiscalía a una consulta de Efe.
De acuerdo con los procedimientos, el próximo paso del tribunal será fijar la fecha para la audiencia de arresto, dentro de los 7 días siguientes a la presentación de la solicitud.
El periodista Pablo González se enfrenta a 10 años de prisión
El comunicado difundido por el Gobierno de Polonia expuso que Pablo González «realizó operaciones en beneficio de Rusia, beneficiándose de su condición de periodista, lo que le permitió viajar libremente por el mundo y Europa, incluyendo zonas de conflicto militar y territorios marcados por tensiones políticas».
Cabe recordar que Pablo González fue detenido por agentes de la Agencia de Seguridad Interior (ABW) el pasado 28 de febrero en la localidad de Przemyśl, en la frontera polaca con Ucrania, según ha confirmado el Ejecutivo polaco en su comunicado: «Fue identificado como agente de la Dirección Principal de Inteligencia del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa (GRU).
Tras días de desconocimiento no fue hasta la tarde de este jueves cuando su letrado, Gonzalo Boye, conoció el cargo de espionaje que pesa sobre su cliente, del que no supo nada en cuatro largos días.
El delito de espionaje, que contempla el artículo artículo 130.1 del Código Penal polaco, está castigado con hasta 10 años de prisión. González se encuentra en la cárcel de Rzeszów, en situación de prisión provisional, en la que tendrá que seguir tres meses, según la información facilitada por la Fiscalía polaca al consulado español.
Amnistía Internacional reclama un juicio justo para Pablo González y que se le permita comunicarse con su familia
Amnistía Internacional ha lanzado una campaña en redes sociales en defensa del periodista Pablo González, quien lleva retenido desde el pasado 28 de febrero en Polonia, país al que acudió para cubrir la crisis humanitaria provocada por la invasión rusa de Ucrania.
La organización ha pedido «que se respete su derecho a un proceso justo y con las debidas garantías, permitiéndole el acceso a un abogado de su libre elección y a comunicarse con su familia».
«Las autoridades polacas acusan al periodista de un delito de espionaje y han decretado que permanezca en la prisión de Rzeszów hasta al menos el 29 de mayo, sin posibilidad de comunicación con su familia o con el abogado que libremente han elegido para que le defienda», continúan.
«Según la información de la que disponemos, además de no poder contar con un abogado de libre elección, Pablo González no tuvo asistencia letrada de oficio hasta el 14 de marzo, 16 días después de su detención, y cuando ya enfrentaba cargos formulados por una autoridad judicial. El acceso a asistencia letrada desde la detención y en las primeras fases del procedimiento es esencial para garantizar un proceso con las debidas garantías. El Convenio Europeo de #DDHH establece que toda persona acusada de un delito tiene derecho a un abogado de su elección», añaden.
«También pedimos que se garantice el derecho a comunicarse con sus familiares. La falta de contacto con el exterior dificulta la capacidad de las personas detenidas para preparar su defensa, y afecta a sus derechos a la vida privada y familiar y a su salud».
«Por todo ello, hemos contactado con la Embajada de Polonia en España @PLenEspana y reclamamos a las autoridades polacas que permitan de forma inmediata que Pablo González pueda comunicarse con sus familiares y recibir asistencia letrada de los abogados de su elección», concluyen.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
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THUNDERFORGE – El PENTÁGONO se echa en manos de la INTELIGENCIA ARTÍFICIAL #ReportajeS
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