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El juez sitúa al expresidente en el “vértice” de una trama vinculada al rescate de Plus Ultra y habla de tráfico de influencias y blanqueo
El 19 de mayo deja una imagen política difícil de borrar. No por una condena. Ni siquiera por una imputación firme con juicio a la vista. Sino porque, por primera vez en años, un auto judicial coloca a José Luis Rodríguez Zapatero en el centro de una presunta trama corrupta relacionada con el rescate público de la aerolínea Plus Ultra. Y eso cambia muchas cosas.
El magistrado José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, habla de un supuesto entramado de influencias, cobros opacos y estructuras societarias utilizadas para canalizar dinero. Palabras mayores. Muy mayores. Porque durante años Zapatero fue presentado como el expresidente “intachable”, el dirigente progresista alejado de las cloacas y de las viejas prácticas de la política española. Ese relato acaba de resquebrajarse.
El auto, apoyado en informes de la UDEF y conversaciones intervenidas durante meses, dibuja una dinámica concreta: empresarios buscando ayudas públicas millonarias, intermediarios moviendo contactos y un expresidente utilizando presuntamente su capacidad de influencia para desbloquear operaciones. A cambio, según el juez, habría contraprestaciones económicas camufladas mediante sociedades y facturación supuestamente ficticia.
Y aquí aparece la primera gran grieta. Porque el caso no gira solo alrededor de una ayuda pública. Gira alrededor de algo más profundo: la sospecha de que en España sigue existiendo una política donde los contactos pesan más que las reglas. Donde quien ha ocupado La Moncloa conserva un poder informal gigantesco. Invisible muchas veces. Pero tremendamente eficaz.
LOS MENSAJES QUE APUNTAN A “ZAPA”
Buena parte del auto se sostiene sobre mensajes interceptados a responsables de Plus Ultra. Conversaciones privadas. Chats. Correos electrónicos. Frases que ahora aparecen reproducidas negro sobre blanco en una resolución judicial.
Una de ellas resume el tono de toda la investigación: “Nuestro pana Zapatero detrás”. Otra: “Zapa es nuestro contacto”. También aparece una conversación donde uno de los implicados afirma que “mañana Zapatero interviene directamente”.
No son pruebas definitivas. Conviene recordarlo. Un mensaje privado no equivale automáticamente a un delito. Pero el problema político es enorme porque el juez considera que esas conversaciones reflejan una expectativa real de influencia sobre organismos públicos como la SEPI.
La ayuda bajo sospecha ascendía a 53 millones de euros procedentes del Fondo de Apoyo a la Solvencia creado durante la pandemia. Un préstamo público concedido en marzo de 2021 a Plus Ultra, una compañía cuya viabilidad ya generó polémica desde el principio.
El auto sostiene que existieron dos vías paralelas para conseguir ese rescate: una vinculada al entonces ministro José Luis Ábalos y otra ligada a Zapatero. Según el magistrado, fue esta última la que terminó teniendo un “papel predominante”. Una frase demoledora políticamente.
Hay otro detalle especialmente delicado. Los investigados celebraron la concesión de la ayuda antes incluso de que fuese aprobada oficialmente el 9 de marzo de 2021. El juez interpreta eso como un indicio de acceso a información privilegiada.
Y entonces aparece el viejo problema español. Ese que nunca desaparece del todo. La sensación de que existe una élite política y empresarial que juega con cartas marcadas mientras la ciudadanía escucha discursos sobre esfuerzo, meritocracia y transparencia.
DUBÁI, SOCIEDADES OPACAS Y CASI DOS MILLONES DE EUROS
El apartado más explosivo del auto quizá sea el relacionado con Dubái. El juez sostiene que Zapatero habría dado instrucciones para crear una sociedad “off shore” destinada a ocultar pagos relacionados con la operación. La reunión, según la resolución, tuvo lugar en el restaurante Portonovo durante una comida con Julio Martínez, señalado como uno de los articuladores societarios de la trama.
Al día siguiente de ese encuentro comenzaron los movimientos para constituir la empresa en la zona franca de Dubái. Todo quedó reflejado en correos electrónicos incorporados a la investigación.
La imagen es devastadora. Porque Dubái no aparece aquí como símbolo de modernidad o inversión internacional. Aparece como refugio fiscal sofisticado. Como territorio útil para que el dinero viaje lejos de los focos.
El juez calcula que el entorno de Zapatero habría recibido alrededor de 1,94 millones de euros procedentes de empresas vinculadas a la trama. Parte del dinero, según el auto, terminó también en Whathefav SL, sociedad de sus hijas.
La resolución menciona además contratos supuestamente irreales, facturas por trabajos inexistentes y pagos vinculados al grupo Thinking Heads y Gate Center, donde Zapatero desarrolla actividades como conferenciante internacional. El magistrado considera que algunos de esos ingresos podrían formar parte de la operativa investigada.
Aquí es donde el caso deja de ser únicamente judicial y se convierte también en un retrato del modelo político y económico de las últimas décadas. Expresidentes convertidos en lobbistas globales. Conferencias millonarias. Consejos asesores. Redes de influencia que sobreviven mucho después de abandonar el cargo.
La gran pregunta ya no es solo si hubo delito. Eso lo decidirán los tribunales. La gran pregunta es por qué en España seguimos normalizando que quienes gobernaron el país entren después en circuitos privados donde sus agendas, sus contactos y sus relaciones institucionales se transforman en mercancía.
Porque quizá el verdadero escándalo no sea únicamente un rescate de 53 millones. Quizá el verdadero escándalo sea un sistema donde el poder nunca se va del todo. Solo cambia de despacho.
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