La escuela pública valenciana se planta ante el mayor pulso docente desde 1988 

La huelga indefinida del profesorado no es un capricho corporativo: es la respuesta de quienes llevan años sosteniendo aulas saturadas, salarios congelados, centros deteriorados y una administración que mira demasiado a la concertada y demasiado poco a la pública.

UNA HUELGA HISTÓRICA CONTRA EL ABANDONO

El 11 de mayo, la escuela pública valenciana hizo algo que no ocurría desde 1988: iniciar una huelga indefinida. No un paro simbólico. No una protesta de trámite. Una huelga de fondo, de esas que aparecen cuando la paciencia se rompe porque antes se ha roto casi todo lo demás. Unos 78.000 docentes de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional estaban llamados a parar en el País Valencià, convocados por STEPV, CCOO, UGT, CSIF y ANPE. Los sindicatos situaron el seguimiento entre el 80% y el 90%; la Generalitat lo rebajó al entorno del 47%-50%. La guerra de cifras era previsible. Lo que no se puede maquillar es la imagen política: aulas vacías, centros funcionando con servicios mínimos y decenas de miles de personas en la calle.

València, Alacant, Castelló y Elx fueron el mapa de una indignación acumulada. Según las organizaciones sindicales, más de 40.000 personas participaron en las movilizaciones del primer día y solo en Elx salieron alrededor de 3.000. En Castelló, otras informaciones recogieron 5.100 manifestantes. En València y Alacant, la calle volvió a recordar una verdad incómoda para cualquier gobierno que juega a la contabilidad contra los derechos: cuando la escuela pública se levanta, no habla solo el profesorado; habla una sociedad que no acepta ser educada en la precariedad.

La Conselleria dice estar abierta al diálogo. La frase ya suena a formulario administrativo. Los sindicatos responden que no hay una propuesta real capaz de desbloquear el conflicto. Y ahí está el corazón del problema. No basta con convocar mesas si la mesa llega vacía. No basta con pedir “responsabilidad” a quienes llevan años tragando ratios imposibles, burocracia absurda, sueldos erosionados e infraestructuras que no están preparadas ni para el frío ni para el calor extremo.

El choque por los servicios mínimos, especialmente en 2º de Bachillerato por la proximidad de la PAU, dejó otra fotografía del conflicto. El TSJCV rechazó suspenderlos de forma cautelar. La administración intenta presentar la huelga como una amenaza al curso. Pero el curso ya estaba amenazado antes. Lo estaba por las plantillas insuficientes, por la falta de sustituciones inmediatas, por las aulas con demasiado alumnado y por una política educativa que convierte cada demanda básica en un pulso ideológico.

RATIOS, SALARIOS, DANA Y PRIVATIZACIÓN

Las reivindicaciones no son vagas. Son concretas. Los sindicatos han puesto sobre la mesa un acuerdo unitario con 40 medidas. La primera es bajar ratios: de 25 alumnos en Infantil y Primaria a 15, y de 30 y 25 en ESO y Bachillerato a un máximo de 20 estudiantes por aula. Esto no es un lujo. Es pedagogía elemental. Quien finge que se puede atender igual a 30 adolescentes que a 20 no ha pisado un aula o la ha pisado para hacerse una foto.

También reclaman la creación de 2.000 nuevas plazas, refuerzo de profesionales de atención a la diversidad, sustituciones inmediatas, menos carga lectiva, reducción de burocracia y mejora de infraestructuras. Piden un plan de adaptación climática para centros que soportan frío y calor extremo como si la emergencia climática fuera un asunto decorativo. Exigen acelerar la reconstrucción de los centros afectados por la DANA. Y ahí la indignación deja de ser sindical para volverse democrática: un gobierno que no reconstruye escuelas con urgencia está diciendo a las familias que la educación pública puede esperar.

El plano salarial es igual de sangrante. Según los sindicatos, la parte autonómica del salario no se actualiza desde hace 19 años. La pérdida de poder adquisitivo acumulada desde 2007 ronda el 20%. Reclaman recuperarla de forma progresiva, actualizar salarios con el IPC, recuperar la paga extra y reconocer el verano al personal interino que haya trabajado al menos 150 días. A esto se suma la compensación por tribunales de oposiciones, la reducción de temporalidad y el alivio de la carga lectiva para docentes mayores de 55 años. No son privilegios. Es dignidad laboral.

La derecha valenciana lo sabe. Por eso desplaza el debate. Habla de orden, de normalidad, de responsabilidad. Pero evita el fondo: la escuela pública valenciana denuncia un proceso de desmantelamiento y degradación. Xelo Valls, de CCOO País Valencià, lo dijo con claridad en Público: se repite una estrategia ya vista en gobiernos anteriores del PP, debilitar los servicios públicos y favorecer la privatización. Esa es la palabra que incomoda. Privatización. No siempre llega con un cartel luminoso. A veces llega en forma de ratios disparadas, plantillas menguantes, centros degradados y dinero público fluyendo hacia la concertada mientras se le dice a la pública que no hay presupuesto.

Las familias también lo han entendido. FAMPA València respalda la huelga y su presidenta, Elisabet García, la define como histórica. Su argumento es difícil de desmontar: lo que empeora la vida del profesorado acaba golpeando a los hijos e hijas de la clase trabajadora. Menos docentes significa menos atención. Más burocracia significa menos tiempo educativo. Peores salarios significan más desgaste. Peores infraestructuras significan desigualdad material metida dentro del aula.

Yolanda López, de Mirada Blava, lo llevó al terreno de la inclusión: la huelga está justificada porque las familias con diversidad funcional conocen de sobra quién paga primero los recortes. Siempre igual. El alumnado más vulnerable. Las y los docentes que sostienen lo que la administración abandona. Las madres y padres que acaban compensando con tiempo, angustia y dinero lo que debería garantizar el sistema público.

La huelga llega tras paros en mayo de 2024, nuevas convocatorias en diciembre de 2025 y otra movilización en marzo. También después de que la Conselleria se negara el 25 de septiembre a abrir una negociación, según Intersindical Valenciana, y tras la denuncia del acuerdo de plantillas de 2023, que los sindicatos vinculan a una bajada drástica de docentes. En algunos centros, aseguran, siguen presentes ratios heredadas de los recortes de 2010. El pasado no pasó. Se quedó en las aulas.

La escuela pública valenciana no está pidiendo favores: está señalando a un poder que llama gasto a la igualdad y oportunidad de negocio al deterioro.