La Audiencia Nacional anula el procesamiento dictado por De Jorge porque la investigación seguía abierta, con diligencias pendientes y una descripción insuficiente de hechos gravísimos.
UN AUTO PREMATURO PARA UNA CAUSA DESCOMUNAL
La Audiencia Nacional ha dado un golpe seco sobre la mesa en una causa que ya parecía escrita por alguien con demasiada imaginación y demasiada poca vergüenza institucional: un jefe policial, 20 millones de euros emparedados, una presunta red internacional de narcotráfico, blanqueo de capitales, empresas pantalla, contenedores y toneladas de cocaína entrando por España como si el Estado fuera un decorado. El pasado 13 de febrero, el juez Francisco de Jorge acordó el procesamiento del exjefe de la UDEF Óscar Sánchez. Ahora, la Sala de lo Penal le ha dicho que no. Que así no. Que no se puede mandar una pieza de este tamaño hacia el juicio con la instrucción todavía abierta y los hechos descritos de forma “parca”.
Conviene decirlo sin rodeos: esto no es un tecnicismo menor. No hablamos de un hurto de supermercado ni de una bronca de portal. Hablamos de una presunta organización criminal que, según Asuntos Internos, habría contado con una colaboración policial estable para introducir en España al menos 37 contenedores con un total de 58 toneladas de cocaína, valoradas en 2.000 millones de euros. Hablamos de un inspector que, según los atestados, se habría embolsado más de 30 millones por esa ayuda. Parte del dinero apareció literalmente dentro de las paredes de su casa. Capitalismo de escombro y ladrillo. Dinero podrido bajo la pintura.
La Sala no ha absuelto a nadie. No ha dicho que no haya indicios. No ha convertido a nadie en víctima de una conspiración. Lo que ha dicho es bastante más serio: que procesar así, con diligencias pendientes, con piezas sin ordenar y con conductas individualizadas mal concretadas, puede abrir la puerta a la impunidad. La chapuza procesal también protege a los poderosos. A veces más que un buen abogado. A veces más que una caja fuerte.
La Fiscalía Antidroga ya había advertido que la investigación seguía viva. Quedaban por analizar documentos, efectos y dispositivos incautados. Quedaban conversaciones encriptadas por identificar. Quedaban comisiones rogatorias sobre el blanqueo de capitales y sobre el papel de determinadas empresas. Quedaban informes patrimoniales. Quedaban declaraciones. No era una lista menor. Era, según la propia Sala, un volumen importante de diligencias pendientes. Y aun así el juez decidió avanzar hacia el procesamiento de algunos investigados. Demasiado rápido. Demasiado fragmentado. Demasiado mal armado.
El problema de fondo es brutal: cuando una causa afecta a una red presuntamente dedicada a mover cocaína, esconder beneficios y lavar cantidades obscenas de dinero, la justicia no puede permitirse hacer las cosas como quien ordena papeles deprisa antes de cerrar el despacho. La precisión no es burocracia: es la diferencia entre juzgar una trama y regalarle grietas por donde escapar.
LA CLOACA NO ESTABA EN LA CALLE, ESTABA EN LAS PAREDES
La causa apunta a una red liderada por el presunto narco Ignacio Torán, cuyo procesamiento también ha sido revocado. Según la Fiscalía, la estructura de ocultación y reintroducción del dinero en el circuito económico era una parte esencial de la actividad delictiva. No era un añadido. No era el epílogo financiero del tráfico de drogas. Era el corazón del negocio. El dinero de la cocaína no sirve si no se lava, si no se disfraza, si no entra limpio en bancos, sociedades, inversiones y patrimonios respetables. Ahí está siempre la hipocresía del sistema: persigue al camello de barrio mientras se pone colonia para sentarse con quienes blanquean fortunas.
La Sala recuerda que la operativa no se limitaba a un entramado empresarial nacional. También habría una estructura societaria internacional. Empresas, pantallas, circuitos, capas. El vocabulario elegante de la delincuencia económica. Porque cuando el delito lleva traje, asesoría fiscal y conexiones, deja de parecer delito para convertirse en “operativa”. Y esa es una de las grandes obscenidades del capitalismo: el dinero sucio siempre encuentra lavadora, notaría, gestoría y silencio.
Entre 2020 y 2024, según el auto que ahora la Sala considera insuficientemente armado, la cocaína manejada por la trama habría ascendido a 73 toneladas. La cifra debería reventar cualquier debate público. 73 toneladas. No gramos. No kilos. Toneladas. Y aun así, lo que aparece en primer plano es la posibilidad de que una instrucción defectuosa acabe debilitando la respuesta judicial. Es el retrato perfecto de un país donde las instituciones dicen luchar contra el crimen organizado mientras algunas de sus propias piezas aparecen, presuntamente, incrustadas en la maquinaria criminal.
La Sala también afea a De Jorge haber dividido de hecho la causa mediante varios procesamientos sin separar formalmente las piezas ni explicar los criterios para hacerlo. Lo llama desorden y desorganización. Y no es una palabra suave. En una macrocausa así, el desorden no es una molestia administrativa. Es munición para las defensas. Es niebla. Es riesgo. Es una alfombra roja para que ciertas responsabilidades se diluyan entre folios, fases y autos mal encajados.
El caso tiene todos los ingredientes de una decadencia institucional que nadie quiere mirar demasiado tiempo: un alto mando policial investigado, bases de datos usadas presuntamente en beneficio de narcos, millones escondidos en casa, toneladas de cocaína, blanqueo internacional y una instrucción que la Audiencia Nacional considera precipitada. Luego nos hablarán de seguridad. Luego vendrán las tertulias a pedir más policía en los barrios pobres. Luego señalarán a las personas migrantes, a las chavales sin futuro, a las madres que sobreviven con ayudas, a quienes ocupan portadas fáciles. Mientras tanto, los millones estaban emparedados en la casa de un policía.
Esta historia no va solo de narcotráfico. Va de poder. Va de quién puede mover 2.000 millones de euros en cocaína sin que el sistema se rompa hasta que ya es demasiado tarde. Va de quién accede a datos policiales, quién protege rutas, quién blanquea beneficios y quién convierte el delito en patrimonio. Va de una economía donde lo ilegal y lo legal se rozan más de lo que conviene admitir. El narco no vive al margen del mercado. Vive dentro. Lo alimenta, lo usa, lo engrasa.
Por eso el revés de la Audiencia Nacional no puede leerse como una anécdota judicial. Es una advertencia. Si se investiga mal, ganan ellos. Si se procesa deprisa, ganan ellos. Si se fragmenta sin orden, ganan ellos. Si la justicia convierte una macrocausa en un laberinto torpe, ganan ellos. Y cuando ellos ganan, no gana solo un narco ni un policía corrupto: gana la cloaca entera, esa que no estaba bajo tierra, sino detrás de una pared llena de billetes.
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