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El juez cierra la instrucción a contrarreloj y deja un proceso marcado por polémicas, rectificaciones y decisiones discutidas
A pocos días de que se cumplan dos años desde que arrancó la causa contra Begoña Gómez, el juez Juan Carlos Peinado ha decidido dar un golpe de efecto. Cierra la instrucción de forma abrupta —con un auto fechado el 11 de abril— y propone llevar a juicio a la esposa del presidente del Gobierno ante un jurado popular. Lo hace, además, sin agotar todas las diligencias que estaban sobre la mesa.
La decisión no llega en un vacío. Llega en un contexto cargado. En medio de críticas, recursos, y una instrucción que ha sido cuestionada en múltiples ocasiones. De hecho, varios análisis ya han señalado las maniobras del magistrado durante el proceso, poniendo el foco en cómo se ha ido construyendo la causa desde el inicio.
Peinado procesa a tres personas: Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés. Los delitos que plantea son graves: malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Y concede apenas cinco días a las partes para posicionarse sobre la apertura de juicio oral. Poco margen. Muy poco.
Lo llamativo no es solo el contenido. Es el momento. El juez se jubila el próximo 27 de septiembre. Y todo apunta a que ha preferido dejar el caso cerrado antes de abandonar el juzgado. Evitar que otra persona lo herede. Controlar el cierre.
Una instrucción con giros y rectificaciones
Durante meses, la causa ha ido cambiando. Añadiendo delitos. Quitándolos después. Un ejemplo claro: el intrusismo profesional. Fue incorporado en octubre de 2024 como uno de los pilares de la acusación. Ahora, el propio juez lo descarta por falta de indicios sólidos. Reconoce que no hay base suficiente.
No es un detalle menor. Durante ese tiempo, la imputación se sostuvo públicamente. Generó titulares. Alimentó el relato. Y ahora desaparece. Sin más.
El propio auto incluye afirmaciones llamativas. Algunas rozan lo político. Peinado sugiere que determinadas actuaciones podrían recordar a prácticas de “regímenes absolutistas”. Incluso menciona referencias históricas como el reinado de Fernando VII. Un tono poco habitual en resoluciones judiciales.
Mientras tanto, la Audiencia Provincial de Madrid ha ido corrigiendo al instructor en varias ocasiones. Hasta 14 veces, según recoge el propio procedimiento. Aun así, el juez sostiene que sus líneas principales han sido avaladas. Una lectura discutida dentro del propio ámbito jurídico.
El origen del caso y las tensiones internas
La causa nace el 16 de abril de 2024 tras una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias. Un escrito basado en recortes de prensa. A partir de ahí, se suman otras acusaciones, como Vox o Hazte Oír, formando una acusación popular unificada.
Pero ese frente empieza a romperse justo ahora. Manos Limpias ha pedido salir de la acusación conjunta. No está de acuerdo con la dirección jurídica del caso. Tampoco con algunos de los delitos imputados. Considera que faltan diligencias y que no hay base suficiente en algunos puntos clave.
La paradoja es evidente. Mientras el juez acelera el cierre, una parte de la acusación pide más tiempo para investigar. Dos ritmos opuestos. Dos lecturas distintas de la misma causa.
En el fondo del asunto, el eje central sigue siendo el supuesto tráfico de influencias. Peinado sostiene que Begoña Gómez pudo beneficiarse de su posición como esposa del presidente. Que hubo decisiones públicas favorables a su entorno profesional. Que existió un “aprovechamiento singular” de esa posición.
También pone el foco en reuniones en La Moncloa, cartas de apoyo a proyectos y la relación con el empresario Barrabés. La defensa, por su parte, insiste en que no se trataba de recomendaciones personales, sino de respaldo a iniciativas concretas. Y recuerda que parte de esos elementos están siendo analizados por la Fiscalía Europea.
El caso, lejos de cerrarse, entra ahora en otra fase. Más visible. Más expuesta. Con un jurado popular que tendrá que valorar una instrucción marcada por decisiones controvertidas, cambios de criterio y un cierre que llega, cuanto menos, con prisa.
Y en medio de todo, una pregunta que sigue flotando: si la justicia necesita tanto ruido para sostenerse, algo no está funcionando como debería.
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