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La derrota del líder ultraderechista abre una grieta política, pero deja intacto un modelo que ha erosionado derechos durante 16 años
Hungría ha girado. O eso parece. El triunfo del partido conservador Tisza frente a Viktor Orbán marca un punto de inflexión político tras 16 años de poder prácticamente sin contrapesos. No es menor. No es simbólico. Pero tampoco es una ruptura limpia. Porque quien ha ganado, Péter Magyar, no llega desde fuera del sistema que ha sostenido ese modelo, sino desde sus propias costuras.
El dato es claro: Orbán pierde el control institucional que llevaba consolidando desde 2010. Y con ello, al menos sobre el papel, se abre la posibilidad de revertir una deriva que múltiples organizaciones llevan años denunciando. Una Hungría marcada por los retrocesos en derechos de mujeres y personas LGTBIQ+, donde la democracia ha ido perdiendo músculo sin hacer demasiado ruido fuera de sus fronteras.
Pero conviene no confundirse. No es una revolución. Es, en el mejor de los casos, una oportunidad. Y en política, las oportunidades también se desperdician.
Un sistema que no se desmonta en una noche
Durante más de una década y media, el gobierno de Orbán ha tejido algo más complejo que un simple liderazgo político. Ha construido un ecosistema. Medios alineados, instituciones debilitadas, leyes diseñadas para moldear la sociedad. Todo bajo una narrativa constante: la defensa de la nación, la familia y el orden.
Ese discurso no ha sido inocuo. Ha tenido consecuencias medibles. El Índice de Igualdad de Género 2025 del Instituto Europeo de la Igualdad de Género sitúa a Hungría con 51,6 puntos, muy por debajo de la media europea de 63,4. No es solo una cifra. Es una radiografía. Desde 2015, el país apenas ha mejorado 2,1 puntos. Desde 2020, solo 0,5. Estancamiento casi absoluto.
Y hay más. En el ámbito del poder político, la anomalía es evidente: si en 2020 había un 16% de mujeres ministras, el último gobierno de Orbán estaba compuesto exclusivamente por hombres. Ni una sola mujer. Ni una.
Las políticas públicas han acompañado esa tendencia. Incentivos económicos ligados a la maternidad, sí. Pero condicionados. Vinculados al matrimonio. Diseñados, en la práctica, para reforzar dependencias económicas dentro de la pareja. Como señalaba la periodista Nerea Pérez de las Heras, se premia un modelo de familia muy concreto y se penaliza cualquier desviación.
El resultado es un sistema que no solo legisla, sino que orienta la vida privada. Decide qué tipo de familia es válida. Qué papel debe ocupar cada persona. Y lo hace desde el poder.
Derechos recortados con leyes y presupuesto
El retroceso no se ha quedado en lo simbólico. Ha sido estructural. Hungría sigue sin ratificar el Convenio de Estambul, el principal marco europeo contra la violencia de género. A día de hoy. Sin matices. Mientras tanto, el acceso al aborto —legal desde 1953 hasta las 12 semanas— se ha ido llenando de obstáculos: períodos de espera obligatorios, asesoramientos impuestos y la exigencia reciente de escuchar el latido fetal.
No son detalles técnicos. Son barreras. Y tienen efectos concretos: muchas mujeres se ven obligadas a desplazarse a otros países, como Austria, para poder ejercer un derecho reconocido. Derecho en papel, dificultad en la práctica. Y ahí entra la desigualdad económica. No todas pueden irse.
Ese modelo no ha surgido de la nada. El informe La próxima ola, publicado en junio de 2025 por el Foro Parlamentario Europeo sobre Derechos Sexuales y Reproductivos, ya advertía de una red organizada que impulsa esta agenda. Entre 2019 y 2023, movilizó 1.180 millones de dólares en Europa. Hungría encabeza esa financiación con 172 millones. No es casualidad. Es inversión política.
El impacto también ha sido especialmente duro para las personas LGTBIQ+. La ley de 2021 que prohíbe la “promoción” de la diversidad sexual ante menores no es una anécdota legislativa. Es una herramienta de censura. Ha implicado retirada de libros, cierre de editoriales, pérdida de empleo en el ámbito cultural y un aumento del estigma social.
Y el siguiente paso llegó en 2025: la prohibición de manifestaciones que contradigan esa normativa. En la práctica, limitar marchas del Orgullo. Incluso con el uso de reconocimiento facial. Un salto cualitativo en el control social que choca directamente con estándares europeos.
Lo que cambia y lo que no
La victoria de Tisza abre una grieta. Pero no define qué vendrá después. Péter Magyar no ha construido su campaña sobre la defensa de derechos. No ha hecho bandera de ello. Ni una mención explícita a mujeres o personas LGTBIQ+ durante la campaña. Ni una.
Eso genera dudas. No menores. Porque revertir lo construido por Orbán exige algo más que alternancia política. Requiere decisiones concretas: ratificar el Convenio de Estambul, eliminar barreras al aborto, derogar leyes discriminatorias. Cambiar leyes. Cambiar prioridades. Cambiar el relato.
Por ahora, lo único claro es el resultado electoral. El partido conservador Tisza ha ganado las elecciones a Orbán. Lo demás está por ver.
Hay gestos. Declaraciones vagas sobre respetar las libertades europeas. Promesas abiertas. Pero la ambigüedad también es una estrategia. Y en política, cuando no se nombra algo, suele ser por una razón.
Mientras tanto, la herencia sigue ahí. En las leyes. En las instituciones. En la vida cotidiana de quienes han tenido que aprender a moverse en un entorno cada vez más restrictivo. No desaparece con un cambio de gobierno.
Hungría ha votado. Ha movido ficha. Pero desmontar un sistema que ha tardado 16 años en construirse no se resuelve en una noche electoral. Y menos aún cuando quienes llegan no terminan de decir qué están dispuestos a cambiar.
La caída de Orbán importa. Lo que viene después decidirá si realmente significa algo.
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