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Treinta años de negocio con hospitales públicos no se corrigen con maquillaje técnico, sino con voluntad política real
El Ministerio de Sanidad ha aprobado el anteproyecto de la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud. Sobre el papel, el objetivo es claro: poner freno a la privatización hospitalaria que comenzó formalmente el 10 de abril de 1997, cuando el Gobierno de José María Aznar abrió la puerta a la gestión indirecta de centros públicos. Aquella norma fue respaldada por 290 diputados del PP, PSOE, CiU, PNV y CC. No fue un accidente ideológico. Fue un consenso neoliberal.
Hoy, casi tres décadas después, las cifras son el mejor retrato del modelo. El último informe sobre la sanidad privada indica que el número de hospitales privados integrados en la red pública ha aumentado un 36,8%, pasando de 106 en 2011 a 145 en 2023. El 30,7% de los hospitales del Sistema Nacional de Salud tienen ya “dependencia funcional privada”. El gasto en estos centros se ha disparado un 84,6% entre 2011 y 2023.
No es colaboración público-privada. Es transferencia sistemática de dinero público al negocio sanitario.
En 2023, el 34,6% de las estancias hospitalarias y el 17,6% de las altas en centros privados ajenos al sistema público fueron financiadas con fondos públicos. En la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pagó 1.268 millones de euros entre 2018 y 2023 a empresas sanitarias privadas.
El resultado no es eficiencia. Es extracción.
EL MODELO QUE CONVIRTIÓ LA SALUD EN MERCANCÍA
El laboratorio fue el llamado modelo Alzira. El 19 de junio de 1997, apenas dos meses después de la ley de Aznar, la Comunidad Valenciana firmó el primer contrato de externalización con Ribera Salud bajo el mandato de Eduardo Zaplana. Empresas privadas gestionando hospitales públicos a cambio de un canon anual.
En Madrid, el experimento se perfeccionó bajo Esperanza Aguirre: constructoras levantaban hospitales y obtenían su gestión durante 20 o 30 años. Infraestructura y prestación del servicio atadas en un mismo paquete. La nueva ley pretende prohibir estas “fórmulas contractuales mixtas”.
Las consecuencias están documentadas. Según el Ministerio, un análisis de 38 países de la OCDE concluye que no existe evidencia favorable a la privatización en términos de eficiencia. En España, los modelos de gestión indirecta registraron peores resultados en hospitalizaciones evitables y mortalidad por infarto o ictus frente a hospitales públicos comparables.
Además, la gestión privada reduce plantillas y evita procedimientos costosos. Trasplantes, neonatos de bajo peso, técnicas complejas como la oxigenación por membrana extracorpórea quedan mayoritariamente en manos públicas. El sistema público asume el 95% de los procesos asistenciales más caros.
La rentabilidad se impone sobre la universalidad.
El caso del Hospital de Torrejón resume el modelo: priorización de pacientes rentables, ahorro en material, modificaciones en el triaje para maquillar listas de espera. Cuando la salud se convierte en balance contable, las y los pacientes dejan de ser personas y pasan a ser coste.
LO QUE CAMBIA LA NUEVA LEY (Y LO QUE NO)
El anteproyecto establece que solo se podrá optar por gestión indirecta cuando no sea posible la gestión directa, cuando se garantice sostenibilidad financiera y cuando se cumplan requisitos estrictos de calidad, continuidad y accesibilidad.
Cada intento de externalización deberá ir acompañado de una memoria justificativa y será evaluado por un comité de personas expertas del ámbito sanitario, representantes profesionales y de la sociedad civil. La documentación será pública.
Si se externalizan servicios concretos, la Oficina Nacional de Evaluación deberá emitir un informe sobre sostenibilidad financiera. Las empresas concesionarias estarán sometidas a auditorías anuales, controles de calidad y supervisión de las condiciones laborales de enfermeras y enfermeros, médicas y médicos, auxiliares y personal técnico.
También se priorizará a entidades sin ánimo de lucro frente a grandes multinacionales. Sobre el papel, el discurso es claro: proteger el sistema de las garras especuladoras.
Pero hay una línea roja. La norma no afecta a las concesiones ya vigentes. No revierte automáticamente hospitales privatizados. Solo se aplicará a nuevas concesiones. La reversión dependerá de que las administraciones autonómicas quieran hacerlo cuando finalicen los contratos o antes, con asesoramiento de la Alta Inspección.
El calendario tampoco es inmediato. Es un anteproyecto aprobado en primera vuelta. Pasará por informes interministeriales, volverá al Consejo de Ministros y después iniciará tramitación parlamentaria. El proceso será largo. Y el lobby sanitario no va a quedarse quieto.
Aquí está la cuestión política de fondo. Durante años, el relato dominante afirmó que la gestión privada era más eficiente. Los datos dicen lo contrario. Durante años, se habló de libertad de elección. En la práctica, se consolidó un sistema dual donde quien puede paga dos veces y quien no puede espera.
La sanidad pública no es un nicho de inversión. Es un derecho conquistado con impuestos y luchas sociales.
La ley intenta cerrar una puerta que se abrió en 1997 y que se ensanchó con cada concesión, cada canon y cada hospital convertido en activo financiero. Pero desmontar un modelo no es solo aprobar una norma. Es disputar la idea de que lo público es ineficiente por definición y lo privado virtuoso por naturaleza.
Treinta años después, el debate vuelve al origen: si la salud es un derecho o un mercado. Y en esa pregunta no caben medias tintas.
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