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No es un accidente electoral: es una estrategia muy bien definida que convierte la frustración en votos contra los propios derechos.
El avance de la ultraderecha en España no es una anomalía ni una rabieta pasajera. Es el resultado de una arquitectura política, mediática y económica construida durante décadas. Crece Vox en Aragón y Extremadura. El Partido Popular normaliza su agenda mientras finge sorpresa. Y el ruido se impone sobre cualquier análisis serio. Pero detrás de cada escaño ultra hay algo más que descontento: hay inversión, impunidad histórica y una estrategia de demolición democrática.
La tendencia es global, sí. Pero en España tiene raíces propias. El franquismo nunca fue depurado. No hubo una ruptura democrática real, sino una transición pactada que dejó intactas demasiadas estructuras de poder. La impunidad del fascismo no es un recuerdo: es un sedimento activo que hoy vuelve a germinar. No se enseñó en las aulas lo que significó la dictadura. No se señalaron responsabilidades. Se optó por el silencio y el olvido como política de Estado. Ahora se paga el precio.
Aragón sirve de espejo. Tierra que presume de fueros, del Justicia desde el año 1115, de rebeldías históricas. Tierra que frenó trasvases del Ebro y que alojó experiencias libertarias durante la guerra civil. Hoy ve cómo Vox escala posiciones en plazas simbólicas como la del Pilar. El regionalismo crítico se diluye en folclore costumbrista. El anticatalanismo se explota electoralmente. Y mientras tanto, el Gobierno autonómico impulsa 28 proyectos de centros de datos que, si se ejecutan, consumirían cinco veces la energía de Aragón. Azora con 300 megavatios, ACS con otros 300, Blackstone con 650. Energía para fondos de inversión, no para vecinas y vecinos. Pan financiero para hoy, dependencia estructural para mañana.
DINERO, ALGORITMOS Y LAWFARE
No hay tormenta sin combustible. Y aquí el combustible es el dinero. Una lluvia ingente de financiación privada sostiene la promoción de la ultraderecha en redes, medios y think tanks. No hablamos solo de donaciones visibles. Hablamos de entramados internacionales, de fundaciones opacas, de empresarios que ven en el autoritarismo un blindaje para sus privilegios.
A eso se suma la manipulación algorítmica. Las redes sociales no son neutrales. Amplifican el miedo, la ira y la mentira porque eso genera interacción. Estudios como los del MIT sobre la difusión de noticias falsas ya demostraron en 2018 que las mentiras se propagan más rápido que la información veraz. La ultraderecha lo entendió antes que nadie. El bulo no es un error: es un arma.
En paralelo, el lawfare se convierte en herramienta política. La judicialización constante contra el Gobierno, contra Pedro Sánchez y su entorno, no busca solo esclarecer hechos, sino instalar sospecha permanente. Titulares que hablan de corrupción sin pruebas sólidas. Insinuaciones sobre prostitución, mafias o tramas familiares. Repetición hasta que algo queda. La lapidación mediática sustituye al debate democrático.
El Partido Popular alimenta esa dinámica. Feijóo oscila entre tender la mano y la alfombra a Vox. Felipe González reaparece cuando el PSOE flaquea para erosionar a su propio partido. La derecha económica observa. Y sectores judiciales actúan o miran hacia otro lado. El resultado es un clima donde el insulto cotiza al alza y la moderación se penaliza.
VOTAR CONTRA UNO MISMO
Hay otro elemento decisivo: el voto condicionado. Muchas personas acuden a las urnas sin información suficiente y con la percepción moldeada por años de propaganda. Se vota contra la sanidad pública, contra las pensiones, contra los derechos de las mujeres, creyendo que se castiga a una élite política. José Luis Sampedro ya advertía que sin información objetiva no hay ciudadanía crítica.
La sociedad del espectáculo completa el círculo. De la televisión basura a la jungla digital. Influencers convertidos en opinadores políticos. Plataformas donde la indignación es un modelo de negocio. Medios que abandonan el rigor para practicar un terrorismo informativo permanente. El odio como reclamo comercial.
En Teruel, donde Vox se sitúa como segunda fuerza, algunos explican el voto por “el porte de Abascal” o la defensa del toro y la caza. La política convertida en estética y nostalgia. No se votan programas: se votan símbolos y agravios.
Mientras tanto, los gobiernos democráticos reaccionan tarde o con timidez. La regulación de plataformas avanza despacio. La lucha contra la desinformación es insuficiente. La memoria democrática no se integra con la contundencia necesaria en el sistema educativo. Se subestima el riesgo.
La tormenta perfecta del fascismo en España no es un fenómeno meteorológico inevitable. Es una construcción política sostenida por impunidad histórica, dinero estratégico, manipulación tecnológica y una ofensiva judicial y mediática constante. No se trata solo de frenar a un partido, sino de desmontar un ecosistema que convierte el resentimiento en negocio y la mentira en método.
Porque cuando se votan dardos envenenados en lugar de derechos, la herida no es solo electoral: es democrática.
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