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La mayor huelga general del país enfrenta los nuevos códigos laborales, los tratados comerciales y la deriva autoritaria del Gobierno del BJP
Este 12 de febrero de 2026, India vive una jornada que puede marcar un antes y un después. Sindicatos, organizaciones campesinas, estudiantiles, feministas y juveniles han convocado lo que describen como la mayor huelga general de su historia. Millones de trabajadoras y trabajadores, campesinas y campesinos, dejarán de trabajar para exigir la retirada de los cuatro nuevos códigos laborales, la restauración de la Ley Nacional de Garantía de Empleo Rural de 2004 (NREGA) y la defensa de la Constitución secular y democrática del país.
La convocatoria está impulsada por las Centrales Sindicales (CTUs), que agrupan a diez grandes organizaciones como el Centre for Indian Trade Unions (CITU), el All India Trade Union Congress (AITUC), el Indian National Trade Union Congress (INTUC), el All India Central Council of Trade Unions (AICCTU) y el Hind Mazdoor Sabha (HMS). A ellas se suma la plataforma campesina Samyukta Kisan Morcha (SKM), junto a la All India Kisan Sabha (AIKS).
No se trata de una protesta aislada. Es la tercera gran movilización en menos de un año contra el Gobierno del Bharatiya Janata Party (BJP), liderado por Narendra Modi. El 9 de julio de 2025, más de 250 millones de personas participaron en una huelga masiva con reivindicaciones similares. Las cifras hablan de una fuerza social que no acepta el relato oficial de modernización y crecimiento.
LOS CÓDIGOS LABORALES Y EL DESMANTELAMIENTO DEL EMPLEO RURAL
El núcleo del conflicto son los cuatro nuevos códigos laborales, aprobados hace años pero implementados recientemente tras más de cinco años de retraso debido a la oposición sindical. Las centrales denuncian que estos códigos facilitan despidos, debilitan la negociación colectiva y reducen protecciones históricas para las y los trabajadores.
Según los sindicatos, el objetivo real es abaratar la mano de obra y flexibilizar el mercado laboral en beneficio del gran capital. Bajo el discurso de simplificación normativa se esconde, afirman, una reconfiguración profunda del equilibrio entre empresa y trabajo.
A esta ofensiva se suma la sustitución de la histórica NREGA de 2004, que garantizaba empleo rural, por una nueva normativa denominada VB-G RAM G Act. Las organizaciones campesinas sostienen que la nueva ley vacía de contenido el derecho al empleo y deja sin red de seguridad a millones de personas en zonas rurales. La NREGA había sido un escudo contra la pobreza extrema y la migración forzada. Su debilitamiento implica, en palabras de la AIKS, un golpe directo a la economía agraria.
Las organizaciones recuerdan que en un país donde amplias capas de la población dependen del trabajo agrícola y de programas públicos de empleo, cualquier recorte estructural no es una reforma técnica. Es una redefinición del contrato social.
TRATADOS COMERCIALES Y DERIVA AUTORITARIA
La huelga no se limita al ámbito laboral. También cuestiona los acuerdos comerciales firmados por el Gobierno con el Reino Unido, la Unión Europea y Estados Unidos. Las centrales alertan de que estos tratados permitirían la entrada masiva de productos agrícolas extranjeros, afectando a millones de pequeños productores.
La AIKS ha calificado el reciente acuerdo con Estados Unidos como una “rendición de soberanía”. Considera que abrir el mercado sin salvaguardas amenaza la base productiva rural y favorece a grandes corporaciones internacionales frente a campesinas y campesinos locales.
El trasfondo político es aún más profundo. Las organizaciones convocantes denuncian que el Ejecutivo del BJP ha promovido discursos y políticas que erosionan el carácter secular de la Constitución india. Señalan un aumento de la retórica hostil hacia minorías musulmanas y cristianas, así como una intensificación de la persecución de activistas, académicas y académicos, periodistas y opositores mediante leyes antiterroristas y acusaciones de sedición.
La defensa del marco constitucional se convierte así en una reivindicación central. No solo se protesta contra reformas económicas. Se denuncia una transformación del Estado en clave mayoritaria y excluyente.
El 12 de febrero no es una fecha simbólica más. Es la expresión de una confrontación abierta entre un proyecto de país orientado al capital global y otro que reivindica derechos laborales, empleo rural y pluralismo democrático. En una nación de más de 1.400 millones de habitantes, cuando cientos de millones paran, no es una anécdota estadística. Es un pulso histórico entre quienes producen la riqueza y quienes la administran.
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