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Mientras Washington aprieta el cerco con aranceles y amenazas, Ciudad de México responde con leche, arroz y dignidad
El 8 de febrero, dos buques partieron del puerto de Veracruz rumbo a Cuba cargados con 814 toneladas de leche, carne, frijoles, arroz y otros alimentos básicos. No es un gesto simbólico. Es una decisión política en medio de una ofensiva económica que busca asfixiar a toda una población.
El Gobierno de Claudia Sheinbaum anunció el envío apenas días después de que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel reconociera públicamente que la isla enfrenta una de sus crisis más severas por la falta de combustible. Según Díaz-Canel, en lo que va de 2026 no ha entrado “ni una sola gota de petróleo” en el país. La frase no es retórica. Es el diagnóstico de una emergencia energética que pone en riesgo la red eléctrica, el transporte público, los hospitales, las escuelas y el conjunto de servicios esenciales.
La causa inmediata no es un desastre natural. Es una decisión política tomada en Washington. El 29 de enero de 2026, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que establece que cualquier país que comercie hidrocarburos con La Habana verá incrementados en un 10% los aranceles de sus exportaciones hacia Estados Unidos. El mensaje es claro: quien ayude a Cuba será castigado.
La medida apunta directamente a los principales suministradores energéticos de la isla: Venezuela, Mexico y Russia. Venezuela ya había visto interrumpidos sus envíos tras el endurecimiento del cerco naval estadounidense y la incautación de un petrolero con destino a Cuba. Rusia, fuertemente sancionada y cada vez más desacoplada de la economía estadounidense, ha declarado que mantendrá el suministro. Su portavoz, Dmitry Peskov, reconoció que “la situación en Cuba es verdaderamente crítica” y confirmó contactos diplomáticos permanentes.
México, por su parte, optó por una vía doble: negociación y solidaridad. Sheinbaum rechazó abiertamente la medida estadounidense. “No se puede asfixiar a un pueblo de esa manera. Es muy injusto”, afirmó. Al mismo tiempo, anunció que su Gobierno iniciaría consultas con Washington para evaluar las posibles represalias comerciales.
La ofensiva arancelaria se suma a un contexto regional tensionado por el reciente despliegue militar estadounidense en el Caribe y el bombardeo de Caracas. No se trata solo de economía. Se trata de geopolítica y de un mensaje disciplinador para cualquier país que ose cuestionar la arquitectura de poder hemisférica.
EL BLOQUEO COMO HERRAMIENTA DE CASTIGO COLECTIVO
Cuando un Gobierno impide la entrada de combustible a un país insular altamente dependiente de las importaciones energéticas, no está presionando únicamente a sus dirigentes. Está impactando directamente sobre trabajadoras y trabajadores, enfermeras y enfermeros, docentes, estudiantes, personas mayores y niñas y niños. La electricidad que no llega a los hogares no distingue ideologías.
El propio Díaz-Canel ha advertido que la falta de petróleo amenaza el funcionamiento básico del país. En una economía que depende del combustible para sostener la generación eléctrica y el transporte, la escasez energética se traduce en apagones, paralización productiva y deterioro de servicios públicos. Es un efecto en cadena.
El ex presidente colombiano Ernesto Samper fue más allá y habló de un posible “genocidio por asfixia”. En un mensaje público pidió que Naciones Unidas encabezara una misión humanitaria con buques cargados de combustible. La palabra es fuerte, pero el señalamiento apunta a una cuestión central: cuando se bloquean las condiciones mínimas de supervivencia, la frontera entre sanción y castigo colectivo se vuelve difusa.
La orden ejecutiva del 29 de enero de 2026 no es un episodio aislado. Es un capítulo más de un bloqueo que dura décadas y que ha sido condenado repetidamente en la Asamblea General de la ONU. La novedad es el mecanismo de represalia indirecta: castigar a terceros países para aislar aún más a la isla.
SOLIDARIDAD FRENTE A LA PRESIÓN
En este escenario, el envío de 814 toneladas de alimentos el 8 de febrero de 2026 adquiere una dimensión política evidente. No resolverá por sí solo la crisis energética. Pero envía un mensaje de resistencia diplomática. “Gracias, México. Por su solidaridad y su abrazo cálido”, escribió Díaz-Canel tras la salida de los barcos desde Veracruz.
El canciller cubano Bruno Rodríguez agradeció públicamente el gesto y señaló que, mientras algunos intentan asfixiar a la población, otros extienden la mano. La frase sintetiza el pulso actual: coerción económica frente a cooperación regional.
México ha prometido enviar cientos de toneladas adicionales de alimentos en las próximas semanas. Al mismo tiempo, busca evitar una escalada comercial con Estados Unidos que afecte a su propia economía. Es una cuerda floja diplomática que revela hasta qué punto el sistema internacional sigue condicionado por la capacidad de sanción de la mayor potencia económica del planeta.
El caso cubano vuelve a plantear una pregunta incómoda: ¿puede la política exterior de un país justificar medidas que deterioran las condiciones de vida de millones de personas para forzar un cambio de Gobierno? La historia reciente muestra que las sanciones raramente provocan transiciones políticas inmediatas. Sí generan escasez, inflación y sufrimiento cotidiano.
Mientras los despachos debaten aranceles del 10%, cargamentos y represalias, en la isla la urgencia es más elemental: mantener encendidas las luces, abastecer hospitales, mover ambulancias y garantizar alimentos básicos. Entre el cálculo geopolítico y la supervivencia diaria hay una distancia que se mide en toneladas, en fechas concretas y en vidas reales.
En el tablero internacional se juega poder. En las calles se juega algo más simple y más brutal: la posibilidad de vivir con lo mínimo indispensable.
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