Nadie esperaba nada de Junts: vota contra el escudo social y se alinea con los rentistas 

Cuando llega la hora de elegir entre el derecho a la vivienda y la propiedad especulativa, Junts vuelve a colocarse del lado de arriba.

Junts per Catalunya confirmó su voto en contra del llamado escudo social del Gobierno. No es un matiz técnico ni una discrepancia menor. Es un no frontal a un paquete de 21 medidas que incluía la moratoria antidesahucios, la prohibición de cortar suministros básicos a personas vulnerables, la prórroga del bono social eléctrico y la actualización del Ingreso Mínimo Vital. En un país con una emergencia habitacional estructural, Junts decidió que su prioridad no es la gente que no llega a fin de mes.

La portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, difundió la decisión en un vídeo en redes sociales. El argumento fue tan viejo como reconocible. Según Junts, la moratoria es “injusta” porque el coste lo pagan “el pequeño propietario y los vecinos”. La tesis es clara: proteger a quien vive del alquiler pesa más que proteger a quien puede perder su casa. No hay sorpresa. Hay coherencia con una trayectoria que convierte el derecho a la vivienda en una molestia cuando interfiere con la rentabilidad.

El contexto importa. El Ejecutivo de Pedro Sánchez optó por separar la revalorización de las pensiones del resto del decreto para no ponerla en riesgo. Al mismo tiempo, pactó con el PNV una modificación que excluye de la moratoria a quienes tengan una sola vivienda en alquiler. Una cesión relevante que pretendía asegurar apoyos. Junts, aun así, se bajó del acuerdo. Ni siquiera una rebaja hecha a medida de los propietarios fue suficiente.

Nogueras acusó al Gobierno de “chantaje” por haber unido pensiones y vivienda en un mismo texto en la votación anterior. La palabra no es inocente. Sirve para presentar como presión ilegítima lo que es una negociación política básica y para justificar un voto que, en la práctica, deja a miles de hogares sin una red mínima de protección. El resultado es tangible. Sin Junts, el decreto no suma los apoyos necesarios.

EL DISCURSO DE LA “OKUPACIÓN” COMO COARTADA POLÍTICA

Junts no habla de desahucios. Habla de “okupaciones”. El desplazamiento semántico no es casual. Cambiar el foco de los lanzamientos judiciales a la caricatura del okupa sirve para deshumanizar a quienes están al borde del desalojo y para legitimar un marco punitivo que beneficia al mercado inmobiliario. No hay cifras infladas ni datos nuevos. Hay una estrategia comunicativa diseñada para convertir un problema social en una amenaza.

Mientras tanto, los datos oficiales siguen marcando la agenda que Junts decide ignorar. La moratoria antidesahucios ha sido una medida excepcional desde 2020, prorrogada para amortiguar crisis encadenadas. Eliminarla o vaciarla de contenido no crea más vivienda ni reduce precios. Solo acelera los desalojos. Y cuando se acelera un desalojo, el impacto recae de forma desigual sobre mujeres, familias monomarentales, personas migrantes y menores. Lenguaje inclusivo no es retórica. Es describir quién paga el coste real de estas decisiones.

La reacción del resto del bloque progresista evidencia el choque. Podemos calificó el acuerdo con el PNV de “asco”, subrayando que recortar la moratoria es normalizar el desahucio. Sumar, por su parte, criticó la reforma, aunque mantuvo su apoyo al nuevo decreto. La aritmética parlamentaria queda así al albur de una minoría que usa su voto como palanca para frenar medidas sociales y marcar perfil ante su electorado.

Junts insiste en que defiende al “pequeño propietario”. Pero la política pública no puede diseñarse a golpe de excepción interesada. La vivienda es un derecho constitucional. El alquiler es un mercado tensionado. Confundir protección social con castigo al propietario es una falacia que desplaza la responsabilidad del Estado hacia quienes menos margen tienen. Y hacerlo desde una fuerza que se reivindica soberanista añade una contradicción incómoda. No hay soberanía posible si el derecho a un techo queda subordinado a la renta.

El calendario tampoco es neutro. 03/02/2026 no es una fecha cualquiera. Llega tras semanas de negociación, tras un primer rechazo a un decreto ómnibus y con las pensiones fuera del fuego cruzado para salvarlas. Junts eligió este momento para levantar un muro. No para proponer una alternativa con cifras, plazos y financiación. Para decir no.

La política se mide por decisiones, no por vídeos. Y la decisión de Junts deja una huella concreta: más incertidumbre para quienes viven al límite y un mensaje nítido al mercado de que el Parlamento puede mirar hacia otro lado. Cuando la emergencia habitacional pide respuestas estructurales, Junts opta por la comodidad del veto y la retórica del miedo, y esa elección también es una forma de hacer país.