Cuando el equilibrio se rompe por arriba en el Poder Judicial 

El bloque progresista vuelve a resquebrajarse mientras la derecha consolida poder interno y el Supremo sigue pendiente

La crisis interna del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no se cierra. Se administra. Se aplaza. Y, sobre todo, se gestiona de una manera que beneficia a quienes llevan años convirtiendo el órgano de gobierno de jueces y juezas en un espacio de poder conservador, blindado y autorreferencial. El último pleno ha vuelto a dejar una imagen que ya no sorprende, pero sí preocupa: la presidenta Isabel Perelló y un vocal propuesto por Sumar votando junto al bloque conservador, facilitando nombramientos y equilibrios que refuerzan a la derecha judicial mientras el llamado bloque progresista se fragmenta.

No se trata de un episodio aislado. Es la continuación de una dinámica iniciada en octubre de 2025, cuando un acuerdo parcial con los vocales designados a iniciativa del Partido Popular permitió a la derecha hacerse con ocho de las once comisiones del CGPJ, incluidas las más estratégicas. Desde entonces, el conflicto interno no ha dejado de erosionar la capacidad de actuación del sector progresista, que mantiene una minoría de bloqueo formal, pero cada vez más debilitada políticamente.

EL BLOQUE PROGRESISTA, ENTRE LA DISCIPLINA Y LA DISPERSIÓN

La cesión ahora oficializada de un puesto en comisión por parte de Carlos Hugo Preciado al vocal socialista José María Fernández Seijo se ha presentado como un gesto de distensión. En la práctica, no revierte el reparto de poder aprobado en 2025 ni altera las mayorías reales. Fernández Seijo, considerado el líder en la sombra del sector progresista, estuvo a punto de dimitir tras aquel acuerdo que consolidó la hegemonía conservadora en el órgano. La presidenta del CGPJ, reacia a aceptar esa renuncia, promovió una solución mínima que evita la ruptura abierta, pero no recompone el bloque.

Las fuentes internas son claras. Preciado no se reintegra en ningún grupo, no acepta disciplina colectiva y mantiene una hoja de ruta propia. Esa autonomía, defendida como virtud, tiene un efecto político concreto: permite a la derecha sumar apoyos puntuales para decisiones clave. La presidenta Perelló, designada con una supuesta sensibilidad progresista, actúa como bisagra en ese esquema. Para parte del bloque de izquierdas, ambos conforman ya un “grupo satélite” que inclina la balanza cuando más importa.

El resultado es un CGPJ donde el bloque progresista existe numéricamente, pero carece de cohesión estratégica. La derecha no necesita imponer su agenda de forma explícita. Le basta con gestionar las grietas.

MÉRITO, CAPACIDAD Y PODER CONSERVADOR

El ejemplo más ilustrativo del pleno es el nombramiento de la jefatura de la Sección de Planta Judicial, un cargo técnico pero significativo. La elegida fue Ana Laita García-Luzón, jueza sin destino fijo vinculada a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. Su designación salió adelante gracias a los votos del bloque conservador, de Perelló y de Preciado. El resto de vocales propuestos por PSOE y Sumar apoyaron a Blanca Cano, funcionaria con experiencia en el Ministerio de Justicia tanto con gobiernos socialistas como populares.

El argumento esgrimido desde el entorno de Preciado fue el habitual: “mérito y capacidad”. Una fórmula recurrente en el discurso judicial español que rara vez se acompaña de una reflexión sobre qué méritos se valoran, desde qué posiciones de poder y con qué sesgos estructurales. En este caso, el bloque progresista defendía abrir este tipo de puestos a perfiles no estrictamente judiciales, una apuesta por diversificar un órgano históricamente endogámico. No prosperó.

Conviene recordar que para este tipo de cargos basta la mayoría absoluta de los 21 miembros del CGPJ. No ocurre lo mismo con los nombramientos judiciales de alto nivel, que exigen tres quintos del pleno. Ahí, los nueve vocales progresistas mantienen capacidad de bloqueo. Pero ese bloqueo también tiene un coste: la parálisis de renovaciones clave, especialmente en el Tribunal Supremo.

Mientras tanto, el pleno sí logró acuerdos unánimes en nombramientos sin competencia real, como la presidencia de la Sala Quinta del Supremo o varias presidencias de tribunales superiores autonómicos. Consensos fáciles, porque no había alternativas. Lo que sigue atascado es lo verdaderamente sensible: plazas estratégicas en el Supremo, incluida una vacante en la Sala Segunda, la que juzga a personas aforadas. Esa demora no es neutra. Es poder en suspenso.

El CGPJ se mueve así entre el formalismo del consenso y la realidad del bloqueo selectivo. Una institución llamada a garantizar la independencia judicial atrapada en sus propios equilibrios internos, con una derecha organizada y un bloque progresista dividido entre la disciplina, la autonomía individual y la gestión del desgaste.

El problema no es solo quién vota con quién en un pleno concreto. Es qué modelo de poder judicial se consolida cuando la fragmentación progresista se normaliza y la influencia conservadora avanza sin ruido, mientras el Supremo sigue esperando.