Un país entero convertido en advertencia para quienes aún creen que la soberanía se negocia
LAS RESERVAS PETROLERAS COMO BOTÍN GEOPOLÍTICO
La fotografía política de este final de año es tan vieja como el propio imperialismo. Venezuela denuncia ante la OPEP+ que Estados Unidos intenta apoderarse de sus reservas petroleras, y lo hace mientras un despliegue militar estadounidense rodea el Caribe desde agosto de 2025. El argumento oficial (la lucha contra el narcotráfico) es tan fino como el papel de fumar; lo que está en juego es petróleo, control regional, mercados, y la eterna pulsión de Washington por decidir qué gobiernos pueden existir y cuáles deben caer.
Caracas lo expone en una carta firmada por Nicolás Maduro y difundida por Delcy Rodríguez. El mensaje es sencillo. Un país con las mayores reservas probadas del mundo señala que una potencia militar está creando condiciones para un asalto encubierto a su soberanía energética. Y lo hace ante una alianza, la OPEP+, donde quienes mueven los hilos del crudo global (Arabia Saudí y Rusia) conocen de sobra cómo funciona el juego de presiones.
El documento advierte de algo que el discurso occidental prefiere omitir. Que el despliegue militar estadounidense contraviene las normas mínimas de convivencia internacional. Y que pone en riesgo no solo la producción petrolera venezolana sino la propia estabilidad del mercado mundial, ese mismo mercado que en Washington dicen querer proteger. No es patriotismo bolivariano; es pura aritmética energética.
Caracas afirma que no cederá ante chantajes. No es grandilocuencia. Es la constatación de que, cada vez que un país del sur global intenta gestionar sus recursos sin tutelas externas, aparece la narrativa salvadora de EEUU sobre la seguridad regional. En este caso, con la guarnición adicional de 20 lanchas atacadas y al menos 83 personas muertas en operaciones “antidroga” que se han realizado sin control judicial venezolano.
EL CIELO CERRADO, LA SOBERANÍA ABIERTA
La tensión se disparó la última semana de noviembre. Las autoridades aeronáuticas de EEUU pidieron “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela. Varias aerolíneas suspendieron vuelos. Y Caracas respondió retirando los permisos a compañías como Iberia, Turkish Airlines, Gol, Latam Colombia y Avianca tras incumplir el plazo de 48 horas dado para retomar operaciones. Un país soberano toma una decisión administrativa. Es lo que hacen todos los países. Pero aquí se interpreta como provocación.
La escalada llegó a otro nivel cuando Donald Trump, en su red Social Truth, proclamó que el espacio aéreo venezolano quedaba “cerrado en su totalidad”. No es solo un aviso. Es la fantasía recurrente de un presidente que concibe América Latina como una extensión de su patio trasero. Caracas respondió recordando lo obvio. Un mandatario extranjero no puede dar órdenes sobre el uso del espacio aéreo de otro país. Que haya que explicarlo en 2025 dice más del declive democrático global que de cualquier disputa bilateral.
En este juego nadie es inocente. Venezuela tiene sus propias sombras políticas. Pero confundir crítica interna con autorización para un asedio militar es el truco más viejo del intervencionismo. Washington no despliega barcos y aviones para defender la democracia. Lo hace para blindar su posición en un mapa energético que se le escapa entre las manos. Lo hace porque un país con reservas estratégicas no se alinea con sus intereses. Lo hace porque la geopolítica del petróleo no admite neutralidad.
Y que un presidente de EEUU anuncie el cierre del cielo de otro país debería encender alarmas en todo el continente. Porque hoy es Venezuela, pero mañana puede ser cualquier territorio que no quiera entregar sus recursos bajo el eufemismo de “estabilidad de mercado”.
Lo que se disputa aquí no es quién cruza un espacio aéreo, sino quién escribe las reglas del mundo que viene.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
¿Qué ocurre cuando las personas dejan de ser tratadas como seres humanos y pasan a utilizarse como herramientas políticas? En este nuevo #ReportajeSR de Spanish Revolution, Léa Gugelmann analiza a fondo la…
THUNDERFORGE – El PENTÁGONO se echa en manos de la INTELIGENCIA ARTÍFICIAL #ReportajeS
El Pentágono ha dado un paso sin precedentes: poner la toma de decisiones y la estrategia militar en manos de la inteligencia artificial. Patricia Salvador te cuenta en este #ReportajeSR cómo, a…