Este medio se sostiene gracias a su comunidad. APOYA EL PERIODISMO INDEPENDIENTE .
La derecha que presume de orden se estrelló contra su propio desorden: casi veinte años de cárcel para uno de sus altos cargos en Galiza.
EL CORAZÓN OCULTO DE UNA TRAMA DE 154 MILLONES
Hay condenas que destapan algo más que un delito. La sentencia contra Norberto Uzal, ex director xeral de Administración Local en la Xunta de Feijóo entre 2009 y 2013, revela un ecosistema político que se presenta como garante de la legalidad pero que convive sin problemas con figuras cuya trayectoria se pierde en los márgenes de la ultraderecha y los negocios opacos. Diecinueve años y medio de prisión por blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal no se levantan de la nada. Son la consecuencia de una trama industrial que movía hidrocarburos como si la Hacienda Pública fuese un obstáculo prescindible.
Entre 2016 y 2019, el fraude por IVA sumó 154.729.899,59 euros, una cifra que no necesita adjetivos. Basta leerla. La Audiencia Nacional desmontó el entramado: una red de empresas creadas para comprar, distribuir y vender carburante a precios imposibles porque no pagaban el impuesto que cualquier persona trabajadora abona sin rechistar cuando llena el depósito. La mercantil Hafesa Energía, donde Uzal ocupó puestos directivos, aparece en la sentencia como engranaje central. Ofrecían precios más bajos porque el fraude no era un accidente, sino un modelo de negocio.
Lo relevante no es solo el delito, sino el contexto político que lo rodea. Uzal llegó a la Xunta de la mano de Alfonso Rueda, entonces número dos de Feijóo y hoy presidente autonómico. Y su nombramiento generó polémica desde el comienzo: en 1994, Uzal fue candidato de Falange en las elecciones europeas. Es decir, un representante explícito de la ultraderecha ocupó un puesto clave en la administración gallega encargado (paréntesis que define toda la ironía) de coordinar programas financiados por la Unión Europea, conceder subvenciones públicas y colaborar con los ayuntamientos.
El círculo se cierra con precisión histórica: parte del fraude se canalizó mediante empresas instrumentales que dependían directamente de Hafesa. Y mientras la organización criminal amasaba beneficios, el Estado perdía decenas de millones. A cualquier autónoma o autónomo que se retrasa un día en el pago del IVA se le cae encima todo el peso de la ley. Aquí, en cambio, la trama operó durante años con un descaro que solo puede explicarse por una mezcla de impunidad económica y legitimidad política prestada.
La sentencia afecta a 14 personas y suma multas de más de 100 millones de euros, sin contar las penas de cárcel. La compañía se apresuró a anunciar recurso. Afirma que todo fue una relación comercial inocente, que no hubo colusión ni dirección para defraudar. El guion habitual. El capitalismo español, sobre todo el que orbita alrededor de los partidos conservadores, ha convertido la palabra transparencia en un envoltorio vacío que no resiste el primer golpe de luz.
Mientras tanto, la derecha institucional seguirá hablando de orden, de meritocracia, de esfuerzo individual. Es la retórica que exige sacrificios a las clases trabajadoras pero que se desentiende cuando el problema nace de sus propias redes de poder. La misma derecha que criminaliza a las y los activistas por defender la sanidad pública, la vivienda o los derechos laborales convive con ex altos cargos que terminan condenados por delitos gravísimos.
ULTRADERECHA, ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIO: UN VIEJO PATRÓN GALLEGO
La historia de Uzal deja claro algo que la política dominante prefiere ignorar: la ultraderecha no es un fenómeno marginal en el Estado español. Se integra, se diluye, se normaliza y llega a las instituciones sin necesidad de brazaletes ni marchas. El paso de un candidato falangista a un puesto directivo en la Xunta de Feijóo no fue un accidente. Fue una decisión consciente. Y esa decisión ha terminado vinculada a un fraude monumental, a coches de lujo, a criptomonedas, a chalés adquiridos con dinero que no debía existir.
La economía española lleva décadas construida sobre una premisa silenciosa: quien tiene relaciones con el poder puede operar en un régimen paralelo, ajeno a las obligaciones que sí recaen sobre enfermeras y enfermeros, maestras y maestros, trabajadoras de hotel, personal de limpieza o quienes sostienen la vida cotidiana de este país. La trama de hidrocarburos no es una excepción. Es una muestra de cómo funciona un capitalismo que aplaude la austeridad para las mayorías y la opacidad para sus aliados.
La propia sentencia enfatiza que desde Hafesa se ideó el plan completo: estructura, funcionamiento, reparto de beneficios. Todo se construyó para maximizar ganancias con dinero que debía haber financiado escuelas infantiles, transporte público, refuerzo sanitario, políticas de igualdad y ayudas para combatir la pobreza energética. Cada euro defraudado terminó convertido en privilegio privado a costa de derechos colectivos.
Pero el aspecto más inquietante es la facilidad con la que se reciclan ciertos perfiles. La transición constante entre administración pública y empresa privada no es una puerta giratoria. Es un pasillo alfombrado que permite a quienes gestionan lo público explotar ese conocimiento a favor de intereses privados. Y cuando ese pasillo lo recorren personas con pasado falangista y presente empresarial vinculado a fraudes millonarios, el problema deja de ser individual. Es estructural.
Feijóo intenta construirse una imagen de moderación. Pero su biografía política está llena de silencios. Como este. Como la presencia de Uzal. Como los vínculos que el Partido Popular suele olvidar cuando habla de honradez, orden y seriedad institucional. El ruido mediático sobre otros escándalos nunca llega a tapar el olor rancio de lo que hoy vuelve a salir a la superficie.
Todo esto ocurre mientras los mismos sectores que auparon a Uzal denuncian supuestas persecuciones judiciales contra la derecha. La realidad es otra. La justicia ha dictado una condena contundente porque la corrupción no fue puntual. Fue una manera de estar en el mundo. Una forma de entender el poder. Una cultura política.
Y esa cultura política sigue ahí, respirando bajo la alfombra.
Quien roba al Estado roba al futuro.
Este periodismo no lo financian bancos ni partidos
Lo sostienen personas como tú. En un contexto de ruido, propaganda y desinformación, hacer periodismo crítico, independiente y sin miedo tiene un coste.
Si este artículo te ha servido, te ha informado o te ha hecho pensar, puedes ayudarnos a seguir publicando.
Cada aportación cuenta. Sin intermediarios. Sin líneas rojas impuestas. Solo periodismo sostenido por su comunidad.
Related posts
SÍGUENOS
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
15.000 personas ya han visto cómo la fe se convierte en poder
El último ReportajeSR analiza cómo determinados sectores del evangelismo conservador dejaron de limitarse a los templos para convertirse en una maquinaria política al servicio de la extrema derecha. De Trump a Bolsonaro, de Milei a Vox: redes comunitarias, guerras culturales, dinero, medios y religión convertidos en infraestructura electoral.
Presentado por Léa Gugelmann, el reportaje ya ha superado las 15.000 visualizaciones desde su estreno. Porque para entender el auge de la extrema derecha no basta con mirar a sus candidatos: también hay que observar quién construye sus discursos, moviliza sus bases y presenta el autoritarismo como una misión divina.
Vídeo | Sadismo en primera persona
Un turista graba el encierro de San Fermín como si estuviera en una atracción. Adrenalina, golpes, risas y animales convertidos en decorado para conseguir un vídeo viral. No está viviendo una tradición: está consumiendo sufrimiento como entretenimiento.
Además, corre con una cámara cuando está prohibido hacerlo, poniendo en peligro a quienes tiene alrededor. La turistificación añade otra capa de irresponsabilidad a una barbaridad ya normalizada: venir, beber, molestar, jugar con la vida ajena y marcharse con unos cuantos clics. El sadismo también se graba en primera persona.
Seguir
Seguir
Seguir
Subscribe
Seguir