La derecha que presume de orden se estrelló contra su propio desorden: casi veinte años de cárcel para uno de sus altos cargos en Galiza.
EL CORAZÓN OCULTO DE UNA TRAMA DE 154 MILLONES
Hay condenas que destapan algo más que un delito. La sentencia contra Norberto Uzal, ex director xeral de Administración Local en la Xunta de Feijóo entre 2009 y 2013, revela un ecosistema político que se presenta como garante de la legalidad pero que convive sin problemas con figuras cuya trayectoria se pierde en los márgenes de la ultraderecha y los negocios opacos. Diecinueve años y medio de prisión por blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal no se levantan de la nada. Son la consecuencia de una trama industrial que movía hidrocarburos como si la Hacienda Pública fuese un obstáculo prescindible.
Entre 2016 y 2019, el fraude por IVA sumó 154.729.899,59 euros, una cifra que no necesita adjetivos. Basta leerla. La Audiencia Nacional desmontó el entramado: una red de empresas creadas para comprar, distribuir y vender carburante a precios imposibles porque no pagaban el impuesto que cualquier persona trabajadora abona sin rechistar cuando llena el depósito. La mercantil Hafesa Energía, donde Uzal ocupó puestos directivos, aparece en la sentencia como engranaje central. Ofrecían precios más bajos porque el fraude no era un accidente, sino un modelo de negocio.
Lo relevante no es solo el delito, sino el contexto político que lo rodea. Uzal llegó a la Xunta de la mano de Alfonso Rueda, entonces número dos de Feijóo y hoy presidente autonómico. Y su nombramiento generó polémica desde el comienzo: en 1994, Uzal fue candidato de Falange en las elecciones europeas. Es decir, un representante explícito de la ultraderecha ocupó un puesto clave en la administración gallega encargado (paréntesis que define toda la ironía) de coordinar programas financiados por la Unión Europea, conceder subvenciones públicas y colaborar con los ayuntamientos.
El círculo se cierra con precisión histórica: parte del fraude se canalizó mediante empresas instrumentales que dependían directamente de Hafesa. Y mientras la organización criminal amasaba beneficios, el Estado perdía decenas de millones. A cualquier autónoma o autónomo que se retrasa un día en el pago del IVA se le cae encima todo el peso de la ley. Aquí, en cambio, la trama operó durante años con un descaro que solo puede explicarse por una mezcla de impunidad económica y legitimidad política prestada.
La sentencia afecta a 14 personas y suma multas de más de 100 millones de euros, sin contar las penas de cárcel. La compañía se apresuró a anunciar recurso. Afirma que todo fue una relación comercial inocente, que no hubo colusión ni dirección para defraudar. El guion habitual. El capitalismo español, sobre todo el que orbita alrededor de los partidos conservadores, ha convertido la palabra transparencia en un envoltorio vacío que no resiste el primer golpe de luz.
Mientras tanto, la derecha institucional seguirá hablando de orden, de meritocracia, de esfuerzo individual. Es la retórica que exige sacrificios a las clases trabajadoras pero que se desentiende cuando el problema nace de sus propias redes de poder. La misma derecha que criminaliza a las y los activistas por defender la sanidad pública, la vivienda o los derechos laborales convive con ex altos cargos que terminan condenados por delitos gravísimos.
ULTRADERECHA, ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIO: UN VIEJO PATRÓN GALLEGO
La historia de Uzal deja claro algo que la política dominante prefiere ignorar: la ultraderecha no es un fenómeno marginal en el Estado español. Se integra, se diluye, se normaliza y llega a las instituciones sin necesidad de brazaletes ni marchas. El paso de un candidato falangista a un puesto directivo en la Xunta de Feijóo no fue un accidente. Fue una decisión consciente. Y esa decisión ha terminado vinculada a un fraude monumental, a coches de lujo, a criptomonedas, a chalés adquiridos con dinero que no debía existir.
La economía española lleva décadas construida sobre una premisa silenciosa: quien tiene relaciones con el poder puede operar en un régimen paralelo, ajeno a las obligaciones que sí recaen sobre enfermeras y enfermeros, maestras y maestros, trabajadoras de hotel, personal de limpieza o quienes sostienen la vida cotidiana de este país. La trama de hidrocarburos no es una excepción. Es una muestra de cómo funciona un capitalismo que aplaude la austeridad para las mayorías y la opacidad para sus aliados.
La propia sentencia enfatiza que desde Hafesa se ideó el plan completo: estructura, funcionamiento, reparto de beneficios. Todo se construyó para maximizar ganancias con dinero que debía haber financiado escuelas infantiles, transporte público, refuerzo sanitario, políticas de igualdad y ayudas para combatir la pobreza energética. Cada euro defraudado terminó convertido en privilegio privado a costa de derechos colectivos.
Pero el aspecto más inquietante es la facilidad con la que se reciclan ciertos perfiles. La transición constante entre administración pública y empresa privada no es una puerta giratoria. Es un pasillo alfombrado que permite a quienes gestionan lo público explotar ese conocimiento a favor de intereses privados. Y cuando ese pasillo lo recorren personas con pasado falangista y presente empresarial vinculado a fraudes millonarios, el problema deja de ser individual. Es estructural.
Feijóo intenta construirse una imagen de moderación. Pero su biografía política está llena de silencios. Como este. Como la presencia de Uzal. Como los vínculos que el Partido Popular suele olvidar cuando habla de honradez, orden y seriedad institucional. El ruido mediático sobre otros escándalos nunca llega a tapar el olor rancio de lo que hoy vuelve a salir a la superficie.
Todo esto ocurre mientras los mismos sectores que auparon a Uzal denuncian supuestas persecuciones judiciales contra la derecha. La realidad es otra. La justicia ha dictado una condena contundente porque la corrupción no fue puntual. Fue una manera de estar en el mundo. Una forma de entender el poder. Una cultura política.
Y esa cultura política sigue ahí, respirando bajo la alfombra.
Quien roba al Estado roba al futuro.
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