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Un ataque estructural al trabajo, envuelto en propaganda
Las y los trabajadores indios han dicho basta a un Gobierno que legisla como si el país fuese propiedad privada de unos pocos. Desde el 21 de noviembre de 2025, Narendra Modi ha reactivado cuatro códigos laborales aprobados en 2019, congelados durante cinco años por la presión sindical y rechazados por todas las federaciones obreras. El Ejecutivo los impone ahora sin debate, sin consulta y sin un mínimo respeto hacia quienes sostienen la economía real.
La respuesta ha sido inmediata. Protestas en decenas de ciudades, marchas, quema de copias de los códigos y un frente unido de sindicatos y organizaciones campesinas preparado para un paro nacional el 26 de noviembre. El mensaje es simple: estos códigos no modernizan el país, lo despojan.
LOS CÓDIGOS QUE DESMANTELAN DERECHOS
El Gobierno insiste en que unifica 39 leyes heredadas del periodo colonial británico. Hablan de “simplificación”, de “empoderamiento inclusivo”, de “sostenibilidad”. El lenguaje corporativo siempre suena igual cuando la intención es recortar derechos.
Las y los representantes de las Central Trade Unions (CTU) lo dijeron con claridad el mismo viernes 21: los códigos son un fraude político pensado para quebrar estructuras colectivas, debilitar la negociación y someter a las y los trabajadores a la voluntad patronal.
El comunicado del CTU definió la notificación como “una violación democrática que reduce a polvo el Estado del bienestar construido tras la independencia”. No se trata de exageración. Basta leer los efectos reales:
- debilitan la sindicalización
- legalizan la temporalidad encubierta mediante el contrato de “término fijo”
- permiten jornadas más largas
- limitan la capacidad de inspección laboral
- despojan al Estado de sus responsabilidades hacia la clase trabajadora
- refuerzan el poder empresarial en la definición unilateral de condiciones
Las cifras son contundentes. India tiene más de 500 millones de personas trabajadoras, con el 90% en el sector informal. Un país así no necesita menos protección, sino más.
La Central of Indian Trade Unions (CITU) respondió con un documento detallado desmontando cada argumento oficial. “Los códigos son la agresión más profunda a derechos conquistados durante generaciones”, señala. Y añade que convertir al Gobierno en mero árbitro entre patronal y trabajadores supone una renuncia política gravísima.
UNA REFORMA PARA ANULAR LA PROTESTA Y ABARATAR LA VIDA
El objetivo real aparece cuando se cruzan los discursos con los silencios. Las promesas de “salarios mínimos garantizados” y “seguridad social universal” son cortinas de humo. No existe en los códigos un mecanismo robusto para asegurar esos derechos. En cambio, sí aparece claramente el interés por facilitar despidos, ampliar jornadas y reducir los controles públicos sobre la precarización.
El Gobierno habla de empoderar trabajadoras y trabajadores, pero aprueba normas que les prohíben defenderse. Las y los inspectores laborales pierden capacidad para supervisar, los sindicatos pierden margen para organizar huelgas, y las empresas ganan flexibilidad para contratar y despedir sin responsabilidad.
El CPI(M) lo ha denunciado sin rodeos: estos códigos no generarán empleo, sino indefensión. Son un mensaje a los inversores internacionales de que pueden operar en India sin reglas que les molesten. Una política que repite la fórmula global del neoliberalismo duro: abaratar el trabajo para inflar beneficios.
También las organizaciones campesinas, agrupadas en el Samyukta Kisan Morcha (SKM), han advertido de que los códigos suponen la reforma más regresiva desde 1947. No es una conclusión improvisada; forman parte de la misma lógica que ya provocó la gigantesca revuelta agrícola de 2020-2021, una de las mayores movilizaciones sociales del siglo XXI.
“Minimizar costes laborales y destruir derechos”, resume la CITU. Y si algo demuestra la historia reciente de India es que cuando se precariza el trabajo, se precariza todo: salud, educación, vivienda, alimentación y tejido democrático.
Los códigos laborales aprobados en 2019, reactivados en 2025, nacen de un desprecio profundo hacia quienes hacen funcionar el país. Modi gobierna como si India fuese un laboratorio para experimentos neoliberales a gran escala, donde las y los trabajadores no cuentan como sujetos políticos sino como recursos sacrificables. El país responde hoy en las calles porque sabe que, sin derechos colectivos, lo que viene después es un futuro de servidumbre.
No hay reforma laboral que pueda llamarse modernización cuando convierte a millones de personas en mano de obra descartable.
India ya ha visto este guion y no piensa aceptarlo otra vez.
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