La jueza reclama el ticket del parking de Vilaplana: la prueba que puede hundir judicialmente a Mazón 

La investigación judicial estrecha el cerco sobre el expresident mientras el relato de una comida, un aparcamiento y 229 muertes se entrelazan como símbolo de la impunidad política

LA HORA DE SALIDA: LA JUEZA QUIERE SABER CUÁNDO TERMINÓ LA COMIDA Y EMPEZÓ EL ESCÁNDALO

La magistrada de Instrucción de Catarroja ha hecho lo que la política valenciana lleva meses evitando: exigir precisión. Ha pedido a la empresa Interparking Hispania, S.A. que entregue en tres días el ticket del parking donde aparcó la periodista Maribel Vilaplana el día en que comió con Carlos Mazón, entonces president de la Generalitat, mientras el temporal DANA devastaba la provincia y dejaba 229 víctimas mortales.

No se trata de una anécdota burocrática. Es el intento de reconstruir las horas exactas de un poder ausente. El registro del coche podría revelar hasta qué momento Vilaplana acompañó a Mazón y, por tanto, cuánto tiempo estuvo el president desconectado de la emergencia que arrasaba su territorio.

La periodista declaró esta semana ante la jueza. Lloró, se quebró y dijo sentirse utilizada. Admitió que el día más negro de València no percibió nada fuera de lo normal. Que el presidente comía, firmaba papeles y se cambiaba de ropa en el restaurante “El Ventorro” mientras las lluvias ahogaban pueblos enteros y cientos de familias perdían todo. “No hablaba de la DANA ni del Cecopi”, afirmó.

El detalle del parking se ha convertido así en una pieza clave del rompecabezas. Vilaplana aseguró no conservar el ticket. La jueza no la cree o, al menos, no se conforma con su palabra. Ha ordenado a la empresa que entregue “el justificante o informe debidamente acreditado” de entrada y salida del vehículo. Porque cada minuto cuenta. Porque entre las 15:00 y las 18:45 horas —el margen que ella recuerda— se hundía media provincia y el Gobierno autonómico parecía de vacaciones.

COMIDA, SILENCIO Y PODER: LA DANA COMO METÁFORA DEL DESPRECIO POLÍTICO

El caso es mucho más que una comida y un ticket. Es la radiografía del desprecio de las élites hacia las víctimas y hacia la función pública. Mazón, ahora en funciones tras dimitir, ha intentado reescribir la historia con comparecencias teatrales y lágrimas de cocodrilo, pero la justicia avanza y cada nueva prueba revela una realidad más obscena: mientras morían 229 personas, el president comía tranquilamente con una periodista que hoy se declara destrozada.

El PP valenciano, lejos de asumir responsabilidades, ha convertido la tragedia en un campo de batalla partidista. En Les Corts, su grupo llegó a acusar a las víctimas de “hacer política con el dolor”. Es la misma lógica que llevó a Feijóo a blindar a Mazón y a intentar que la investigación se disolviera en comisiones fantasma y bajas médicas exprés.

El juez investiga ahora si hubo llamadas entre Mazón y la exconsellera de Justicia, Salomé Pradas, también bajo sospecha por su papel durante la emergencia. La Audiencia Nacional ordenó a la jueza valenciana interrogar a Vilaplana porque podía haber escuchado o presenciado esas conversaciones. Pero la periodista asegura que no oyó nada: que Mazón se apartaba para hablar, que ella estaba “acostumbrada” a ese tipo de comidas con cargos altos y que, sencillamente, no se dio cuenta de lo que ocurría fuera.

Ese “no me di cuenta” es el retrato moral del poder valenciano. Quien gobierna no vio la tragedia, ni quiso verla. No escuchó el ruido de los helicópteros, ni las sirenas, ni el lodo que devoraba calles. Solo oyó sus propias llamadas.

Mientras tanto, las víctimas siguen esperando justicia. Familias enteras han perdido sus casas, su sustento y a sus seres queridos. Y el partido responsable de la gestión fallida les acusa de “utilizar el dolor”.

La jueza, sin embargo, no parece dispuesta a permitir que la política entierre el caso bajo excusas mediáticas. Su requerimiento al parking es una señal de que alguien, por fin, busca la verdad con rigor y sin cálculo electoral.

Porque no se trata de un ticket. Se trata de un país que ya no tolera que los responsables se escondan detrás del protocolo, el coche oficial o la arrogancia del cargo.

229 personas murieron mientras el presidente firmaba papeles y hablaba del Levante CF.
Ese es el nivel de empatía de quienes dicen gobernar “para todos los valencianos”.