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La presidenta se aferra al cargo mientras la justicia desmonta la trama de facturas falsas de su pareja.
EL NEGOCIO DE LAS MASCARILLAS Y LA FÁBRICA DE FACTURAS
Alberto González Amador cobró casi dos millones de euros en comisiones en 2020, en plena pandemia, por mediar en un contrato de mascarillas. Ese mismo año declaró 2,3 millones de ingresos. Sin embargo, según la Agencia Tributaria, no tributó como correspondía. Lo logró gracias a 17 facturas falsas emitidas por empresas sin actividad real, domiciliadas en casas de un camarero y un panadero de Arahal. Fraude de manual.
La inspectora Mercedes Urbano lo explicó sin rodeos ante la jueza: “Como tenía muchos beneficios, lo que hizo fue utilizar facturas falsas para reducir la carga fiscal.” Entre ellas, una de 620.000 euros en México y otra de 900.000 en Costa de Marfil, que nunca respondieron a trabajos reales. Cuando Hacienda ya lo había descubierto, el comisionista intentó anularlas a posteriori.
El resultado: 350.951 euros defraudados en los ejercicios 2020 y 2021, justo cuando comenzaba su relación con Isabel Díaz Ayuso. La Fiscalía y la Abogacía del Estado piden 3 años y 9 meses de cárcel. PSOE y Más Madrid elevan la petición a 5 años.
LA SOMBRA SOBRE LA PRESIDENTA
La relación entre la presidenta madrileña y un empresario acusado de fraude fiscal va más allá del plano privado. Quirón Prevención, principal cliente de González Amador, factura cerca de mil millones anuales a la Comunidad de Madrid. El vínculo entre la sanidad privatizada y el pelotazo del comisionista es demasiado evidente para pasarlo por alto.
La defensa de Ayuso es conocida: hablar de “persecución institucional” y de “asedio del Estado” contra su pareja. Pero el relato se hunde frente a los datos. No fue Sánchez, ni Moncloa, ni la “prensa afín” quienes detectaron el fraude. Fue la Agencia Tributaria, a través de inspectoras que durante 19 meses rastrearon movimientos contables imposibles de justificar.
El intento de desviar el foco sobre una supuesta conspiración se convierte en insulto a las y los funcionarios de Hacienda, que han demostrado que el fraude no era un error, sino un patrón. 17 facturas falsas no son un descuido, son una estrategia.
Y mientras tanto, Ayuso sigue al frente de una Comunidad marcada por el deterioro sanitario, la privatización y los contratos millonarios a las mismas empresas que alimentaban la facturación de su pareja.
El abogado de González Amador intentó en el juzgado que la inspectora reconociese si la relación con Ayuso era “comentada” en la Agencia Tributaria. La jueza tuvo que cortarle en seco: la vida personal no estaba en el informe. Lo que sí está es un fraude que huele a podrido.
Ayuso se escuda en la intimidad, pero gobierna con las mismas empresas que engordaron las cuentas de quien hoy se sienta en el banquillo.
El juicio oral contra Alberto González Amador está a un paso de abrirse. La presidenta madrileña seguirá acusando a la prensa, a la oposición y a los jueces. Pero la pregunta ya no es si ella conocía el fraude. La pregunta es otra: ¿y ahora qué hacemos con una presidenta cuyo círculo más íntimo vive de contratos públicos, facturas falsas y comisiones en plena pandemia?
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