El que era entonces jefe de dicha unidad, Pedro Agudo Novo, y otros altos cargos de la misma, firmaron un informe acusando a una veintena de madres y a profesionales de la sanidad pública de formar parte de una trama criminal enfocada en la asociación Infancia Libre
La asociación Infancia Libre ha estado en el foco mediático desde 2019 desde la detención de la presidenta de la asociación por sustracción de menores, al ocultar a su hijo, cuya guarda y custodia había sido otorgada a su padre por un juzgado. Tras las denuncias de otros padres, que aseguraban que estaban reteniendo a sus hijos y que las madres los acusaban falsamente de abusos sexuales, más mujeres fueron detenidas tras relacionarlas con Infancia Libre o llamadas a declarar.
La unidad adscrita de la Policía Nacional a los juzgados de la plaza de Castilla llegó a afirmar en un informe que existían indicios de que la organización Infancia Libre operaba como «una unidad criminal» que ayudaba a mujeres que querían obtener la custodia en exclusiva de sus hijos y para ello interponían denuncias falsas contra los padres por posibles malos tratos o abusos sexuales, para perjudicarles y que les fuera retirada la custodia.
Como la mayoría de las denuncias se presentaron en fechas anteriores a la constitución de Infancia Libre o cuando esta ya había dejado de tener actividad y la Fiscalía no pudo establecer una conexión directa entre la entidad y las mujeres que denunciaron a los padres de sus hijos, se archivó la causa.
Falsas denuncias orquestadas por Infancia Libre y varios profesionales
Ahora, tras la denuncia de dos madres residentes en Granada, adelantada por Público, a las que la Policía vinculó con una presunta trama orquestada por la asociación Infancia Libre y varios profesionales (un psiquiatra de la sanidad pública Madrileña, una pediatra, una psicóloga del Servicio Andaluz de Salud y una abogada) con el fin de quitar a los padres la custodia de los menores con falsas denuncias de malos tratos, el juzgado de Instrucción Nº 15 de Madrid ha decidido admitir la denuncia a trámite.
En la denuncia las afectadas relataban cómo Agudo elaboró un informe en su contra basado en “hechos falsos” y “manipulaciones”, y lamentaron no haber tenido “ni la más mínima oportunidad de dar su versión de los hechos ante la Policía”.
Las filtraciones policiales sobre el caso y el informe a los medios generaron un «rechazo» e «animadversión» hacia las mujeres que no tenían el más «mínimo vínculo» con la organización Infancia Libre, causándoles un perjuicio a ellas y a sus hijos e influyendo en los casos judiciales que tenían abiertos.
Además, en la denuncia acusan a la cúpula de la Policía Judicial de haber enviado el contenido de la investigación a otros juzgados, lo que puede suponer un delito de revelación de secretos.
La titular de dicho juzgado ha abierto diligencias contra el que fuera inspector jefe de la Brigada de Policía Judicial adscrita a los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, Pedro Agudo, por presuntos delitos de denuncia falsa, falsedad documental y revelación de secretos y ha pedido a las dos mujeres que acrediten cuántos procedimientos se abrieron contra ellas debido a la investigación del equipo de Policía Judicial dirigido por Agudo.
Según el abogado que representa a las dos madres denunciantes, una de ellas nunca denunció al padre de su hijo por los posibles abusos sufridos a manos de su expareja, «tal como falsamente indica la Policía», sino que el procedimiento lo inició un parte emitido por el servicio de urgencias del Hospital Materno Infantil de Granada y realizado por profesionales distintos.
Además, asegura que la policía omite en el informe que cuando incorporaron su nombre al informe incriminatorio ya había denunciado la violencia de género sufrida durante la relación con el padre del menor, estaba admitida a trámite, a la espera de juicio y la fiscalía pedía 3 años y 10 meses de prisión contra el progenitor y alejamiento de 6 años.
Pedro Agudo y el caso Kitchen
Pedro Agudo, premiado en varias ocasiones por ministros del PP, en 2016 se le otorgó la más alta distinción policial pese a no reunir los requisitos para acceder a ella, según denunciaron los sindicatos policiales, desde enero, ha sido ascendido a comisario en A Coruña.
Su nombre figura en el sumario del caso Kitchen por el espionaje a Luis Bárcenas para robarle información sensible para la cúpula del PP por los mensajes que cruzó con el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, así como en los intentos por desbaratar la comisión de investigación sobre el caso de el Pequeño Nicolás.
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