Vox, feminicidios y gobiernos de coalición: ¿cuántas vidas cuesta un pacto político? 

Cada pacto con quienes niegan el machismo es un precio pagado en sangre

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LA VIOLENCIA MACHISTA COMO MONEDA DE CAMBIO POLÍTICO

Cuando el Partido Popular pacta con Vox, no solo firma un acuerdo político: firma también un cheque en blanco al negacionismo. La violencia machista deja de ser un hecho contrastado por datos oficiales para convertirse en un “invento ideológico”. De un plumazo, lo que hasta ayer era un crimen social pasa a ser “violencia intrafamiliar”. No es semántica: es estrategia. Negar la existencia del machismo estructural es desmantelar el único marco desde el que se pueden entender —y combatir— los feminicidios.

Cada concejalía entregada, cada programa de coalición firmado con Vox, viene acompañado de un precio. Y no hablamos de cesiones presupuestarias o nombres en las listas, sino de vidas. La ultraderecha ha logrado convertir sus delirios en políticas públicas: retirar carteles que mencionan la violencia de género, suprimir puntos violetas, diluir campañas de prevención. En resumen, hacer retroceder décadas de lucha feminista a cambio de mantener un gobierno.

Cuando Feijóo se sienta con Abascal, no está dialogando con un rival parlamentario. Está validando una visión del mundo donde las mujeres asesinadas no importan, donde los agresores tienen presunción ideológica de inocencia y donde las instituciones no tienen que proteger a quienes sufren. Y eso, por acción o por omisión, es complicidad política con la violencia.

LAS CONSECUENCIAS REALES: VIDAS HUMANAS

En lo que va de 2025, ya son al menos 26 las mujeres asesinadas por violencia machista en España. Solo el 25 de junio se registraron cuatro feminicidios en Algemesí, Gijón, Las Palmas y Guadalajara. Una jornada de sangre que no fue portada durante días, que no provocó discursos urgentes, ni declaraciones institucionales de quienes gobiernan. Porque cuando normalizas la negación, todo lo que viene después te parece rutina.

Desde 2003, más de 1.250 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. El dato es oficial, está certificado por el Ministerio de Igualdad, y sin embargo sigue siendo cuestionado por quienes ocupan cargos públicos gracias al PP. ¿Cómo se combate una violencia que desde las instituciones se niega o se trivializa?

En València, el asesinato de Ángela, de 33 años, con sus tres hijas menores en casa, no es un caso aislado: es un ejemplo de lo que ocurre cuando se desmontan los protocolos de atención, cuando se invisibiliza el riesgo, cuando las campañas públicas se diluyen para no “ofender” a los socios ultras. La consecuencia directa es la muerte. No hay eufemismo posible.

EJEMPLOS DE RETROCESOS POLÍTICOS

En Castilla y León, Vox logró imponer en 2023 que el protocolo de atención a mujeres víctimas de violencia machista incluyera también la “violencia intrafamiliar”, borrando así el enfoque de género. El mismo partido bloqueó subvenciones a asociaciones feministas en Murcia, Madrid y Castilla-La Mancha. En muchos municipios, han eliminado los minutos de silencio por asesinadas, porque dicen que “victimiza a la mujer”.

En Elche, la concejala de Vox borró toda mención al machismo de las redes oficiales del Ayuntamiento, sustituyéndolo por mensajes genéricos sobre “convivencia”. En Toledo, suprimieron los programas de educación afectivo-sexual en colegios públicos, una de las herramientas más eficaces para detectar y prevenir relaciones de violencia en la adolescencia. En Almería, los puntos violetas de prevención en fiestas populares desaparecieron tras la entrada del nuevo gobierno PP-Vox. La lista sigue, y cada retroceso tiene nombre, rostro y fecha.

Estas decisiones no son técnicas ni neutrales: son políticas activas contra los derechos humanos. Y están ocurriendo porque el Partido Popular ha decidido que su prioridad es gobernar, no proteger. Vox no engaña a nadie: lleva años diciendo lo que piensa. El problema es quién se lo compra.

LA RESPONSABILIDAD DEL PARTIDO POPULAR

Feijóo ha querido vender una imagen moderada mientras teje acuerdos con quienes cuestionan incluso las leyes básicas de protección a las mujeres. Es el PP quien sostiene a Vox, no al revés. Sin su consentimiento, sin su voto, sin su silencio cómplice, no tendrían poder institucional. Si hay agresores que se sienten impunes, si hay víctimas que no denuncian por miedo, es porque saben que el sistema está cada vez más de espaldas.

El Partido Popular ha abandonado cualquier pretensión de liderazgo ético. Prefiere gobernar con quienes niegan la violencia antes que dejar de gobernar. Prefiere pactar con quienes persiguen a feministas antes que condenar con firmeza a los asesinos. Y en cada caso de violencia machista que se silencia, hay una firma del PP estampada en la tragedia.

La violencia de género no es un asunto de opinión. Es una emergencia política. Y quien la niega, la minimiza o la utiliza como moneda de cambio, será recordado no por su gestión, sino por su cobardía.