Este medio se sostiene gracias a su comunidad. APOYA EL PERIODISMO INDEPENDIENTE .
Un hotel ilegal, más de 20 sentencias en su contra y un sistema incapaz de hacer cumplir la ley
Veintidós años de litigios, veinte resoluciones judiciales declarando su ilegalidad y, sin embargo, el hotel El Algarrobico sigue en pie. La construcción de 21 plantas y más de 400 habitaciones, a apenas 14 metros del mar en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, es la muestra palpable de un sistema que protege a los depredadores urbanísticos mientras bloquea la restauración del daño ambiental.
El Gobierno ha anunciado la expropiación del suelo para poder proceder al derribo. La vicepresidenta, María Jesús Montero, ha instado a la Junta de Andalucía a hacer lo mismo con los terrenos de su competencia. El Ejecutivo central se ha comprometido a financiar la demolición y la reparación ambiental, pero el retraso en esta decisión es una fotografía de la desidia institucional. Mientras tanto, la empresa promotora, Azata del Sol, sigue exigiendo compensaciones millonarias a pesar de haber construido en un espacio protegido desde 1994. Exige 72 millones de euros de indemnización. Aún no ha conseguido nada, pero el mero hecho de que pueda plantearlo muestra cómo el sistema juega a su favor.
Desde 2003, cada paso hacia la demolición de este engendro ha encontrado trabas administrativas, interpretaciones interesadas de la ley y connivencias municipales. El Ayuntamiento de Carboneras, sea con el PSOE o con Ciudadanos, ha mantenido una actitud negligente. Tanto que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha tenido que amenazar reiteradamente con multar a sus alcaldes por no hacer cumplir la sentencia que obliga a recalificar el suelo como no urbanizable y anular la licencia. La estrategia ha sido clara: dilatar hasta que el escándalo se disuelva en el tiempo.
UNA DINÁMICA SISTEMÁTICA: ESPAÑA, PARAÍSO DE LOS ‘ALGARROBICOS’
El Algarrobico no es una excepción, sino la norma. Hoteles, urbanizaciones de lujo, estaciones de esquí… El modelo de depredación del territorio campa a sus anchas con la complicidad de administraciones que prefieren blindar intereses privados antes que defender el patrimonio natural.
Uno de los ejemplos más sangrantes es el complejo Isla de Valdecañas, en Extremadura. A pesar de que el Tribunal Supremo declaró su ilegalidad en 2014 y ordenó su demolición, sigue en pie gracias a la prórroga encubierta que el Tribunal Constitucional ha concedido al admitir a trámite una ley autonómica hecha a medida para legalizarlo. En Canarias, hoteles en Yaiza operan con licencias declaradas nulas desde hace décadas. En Lanzarote, el hotel Papagayo ha seguido funcionando once años después de que su licencia fuera anulada en 2011. En 2022 se ordenó su demolición, pero la propiedad logró frenar el proceso con un recurso en 2023.
El saqueo del territorio no es solo un problema del pasado. En 2021, el Gobierno ordenó el desmantelamiento de la estación de esquí de Navacerrada por su impacto ambiental y la caducidad de la licencia. Tres años después, sigue funcionando porque la Comunidad de Madrid y la Junta de Castilla y León han bloqueado la resolución en los tribunales. El resultado: más años de actividad ilegal mientras el ecosistema sigue degradándose.
El urbanismo depredador no es un accidente, sino una consecuencia de cómo se legisla y se gobierna en España. La ley es maleable cuando hay millones de euros en juego. Se cambian normativas para salvar chalés de lujo en zonas protegidas, se aprueban decretos para alargar la vida de proyectos ilegales y se dejan caducar expedientes para favorecer a los especuladores. Mientras, el medio ambiente y el interés público quedan relegados a discursos vacíos.
La expropiación de El Algarrobico puede ser un punto de inflexión, pero la historia reciente obliga a la cautela. Ya en 2007, la entonces ministra Cristina Narbona inició un expediente para demolerlo, que su sucesor en el cargo canceló. Si algo ha demostrado el urbanismo salvaje en España es su capacidad para sobrevivir a la ley y a la justicia. Ver para creer.
Este periodismo no lo financian bancos ni partidos
Lo sostienen personas como tú. En un contexto de ruido, propaganda y desinformación, hacer periodismo crítico, independiente y sin miedo tiene un coste.
Si este artículo te ha servido, te ha informado o te ha hecho pensar, puedes ayudarnos a seguir publicando.
Cada aportación cuenta. Sin intermediarios. Sin líneas rojas impuestas. Solo periodismo sostenido por su comunidad.
Seguir
Seguir
Seguir
Seguir
Subscribe
Seguir
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
15.000 personas ya han visto cómo la fe se convierte en poder
El último ReportajeSR analiza cómo determinados sectores del evangelismo conservador dejaron de limitarse a los templos para convertirse en una maquinaria política al servicio de la extrema derecha. De Trump a Bolsonaro, de Milei a Vox: redes comunitarias, guerras culturales, dinero, medios y religión convertidos en infraestructura electoral.
Presentado por Léa Gugelmann, el reportaje ya ha superado las 15.000 visualizaciones desde su estreno. Porque para entender el auge de la extrema derecha no basta con mirar a sus candidatos: también hay que observar quién construye sus discursos, moviliza sus bases y presenta el autoritarismo como una misión divina.
Vídeo | Sadismo en primera persona
Un turista graba el encierro de San Fermín como si estuviera en una atracción. Adrenalina, golpes, risas y animales convertidos en decorado para conseguir un vídeo viral. No está viviendo una tradición: está consumiendo sufrimiento como entretenimiento.
Además, corre con una cámara cuando está prohibido hacerlo, poniendo en peligro a quienes tiene alrededor. La turistificación añade otra capa de irresponsabilidad a una barbaridad ya normalizada: venir, beber, molestar, jugar con la vida ajena y marcharse con unos cuantos clics. El sadismo también se graba en primera persona.