Absueltos los responsables del caso Castor 

La absolución de los dos exdirectivos de la empresa Escal UGS, integrada por el Grupo ACS, propiedad de Florentino Pérez, vuelve a dejar en evidencia la impunidad de los delitos medioambientales.

Los responsables del caso Castor han sido absueltos por la Audiencia Provincial de Castellón. Recaredo del Potro y José Luis Martínez Dalmau, los dos exdirectivos de la empresa Escal UGS, integrada por el Grupo ACS, propiedad de Florentino Pérez, eran los dos únicos acusados del proyecto que en 2014 se paralizó tras generar una alarma social por provocar más de 500 seísmos.

Las sentencia considera que los acusados, para quienes la Fiscalía pedía penas de seis años de cárcel por un delito contra el medio ambiente, cumplieron la normativa vigente en materia de protección de medio ambiente y que, en ningún caso se produjo un peligro grave. Además, la sentencia señala que «no permanecieron impasibles ante el aumento de la sismicidad, sino que por el contrario fueron adoptando medidas correctoras a medida que iban teniendo conocimiento del aumento de la sismicidad causado por su actividad empresarial». El tribunal indica que no existen pruebas de que ambos acusados buscaran causar ninguna clase de perjuicios.

La sentencia llega ocho años después de que más de medio millar de terremotos, de los que se presentaron multitud de informes durante el juicio, provocara una gran alarma social entre los vecinos de la costa del Ebro y Castellón.

Tal y como recoge El País, el tribunal admite la correlación espacio-temporal “entre los eventos sísmicos producidos en el entorno del almacén y las operaciones de inyección de gas en el citado depósito” pero sostiene que “la mayor sismicidad inducida por la inyección de gas no consta que causara daños personales ni materiales en los ciudadanos de las poblaciones cercanas al almacén de gas“. Además, según el fallo, “dicha sismicidad (…) mayor pudo haber resultado de la reactivación de fallas sin cartografiar y desconocidas preexistentes más pequeñas situadas a pocos kilómetros del depósito”, con lo que su reacción no podía ser prevista. Además, dicta que “se desconoce cómo ocurrió la sismicidad observada y, por tanto, se desconoce igualmente cómo pudo influir la inyección de gas en esta sismicidad”.

El Gobierno de Mariano Rajoy se comprometió, mediante un Real Decreto-Ley aprobado por el ministro de Industria en aquel entonces, José Manuel Soria, a pagar la cantidad con la que se compensaría a la constructora. Y así se hizo, aunque a través de un suplemento en la factura de los consumidores, quienes la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) estima que habrán pagado unos 4.730 millones de euros.

Por los daños morales, los 123 afectados reclamaban más de 1,8 millones de euros por la “ansiedad, angustia, incertidumbre y zozobra”, que sufrieron con los terremotos, el mayor de ellos, de 4,2 puntos de la escala Ritcher, pero finalmente la Asociación de Afectados por la Plataforma del Castor (Aplaca) no recibirá un euro, porque tanto las personas como la empresa acusada son absueltos tanto en la comisión de un delito penal como en sus responsabilidades civiles. Las costas serán repartidas entre las partes.

Mientras tanto, el Castor sigue clausurado, a la espera de su desmantelamiento definitivo de la instalación marina y el sellado definitivo de los pozos, aunque sin ningún calendario concreto.

Impunidad de los delitos medioambientales

Esta misma semana se daba a conocer la noticia de que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha decidido no multar a las eléctricas que recurrieron al vaciado de embalses el pasado verano para maximizar sus beneficios ya que asegura no encontrar “base legal” para la sanción.

Iberdrola, la empresa más señalada, fue denunciada por casi una veintena de municipios ante la Comisión Europea por haber dejado algunos pantanos en mínimos históricos, anteponiendo el interés económico a la necesidad de un bien esencial como es el agua.

Como resultado final el oligopolio eléctrico no afrontará ninguna consecuencia y las grandes empresas volverán a salir impunes a pesar del compromiso a actuar que Teresa Ribera mostró ante las denuncias de los municipios afectados.