La absolución de los dos exdirectivos de la empresa Escal UGS, integrada por el Grupo ACS, propiedad de Florentino Pérez, vuelve a dejar en evidencia la impunidad de los delitos medioambientales.
Los responsables del caso Castor han sido absueltos por la Audiencia Provincial de Castellón. Recaredo del Potro y José Luis Martínez Dalmau, los dos exdirectivos de la empresa Escal UGS, integrada por el Grupo ACS, propiedad de Florentino Pérez, eran los dos únicos acusados del proyecto que en 2014 se paralizó tras generar una alarma social por provocar más de 500 seísmos.
Las sentencia considera que los acusados, para quienes la Fiscalía pedía penas de seis años de cárcel por un delito contra el medio ambiente, cumplieron la normativa vigente en materia de protección de medio ambiente y que, en ningún caso se produjo un peligro grave. Además, la sentencia señala que «no permanecieron impasibles ante el aumento de la sismicidad, sino que por el contrario fueron adoptando medidas correctoras a medida que iban teniendo conocimiento del aumento de la sismicidad causado por su actividad empresarial». El tribunal indica que no existen pruebas de que ambos acusados buscaran causar ninguna clase de perjuicios.
La sentencia llega ocho años después de que más de medio millar de terremotos, de los que se presentaron multitud de informes durante el juicio, provocara una gran alarma social entre los vecinos de la costa del Ebro y Castellón.
Tal y como recoge El País, el tribunal admite la correlación espacio-temporal “entre los eventos sísmicos producidos en el entorno del almacén y las operaciones de inyección de gas en el citado depósito” pero sostiene que “la mayor sismicidad inducida por la inyección de gas no consta que causara daños personales ni materiales en los ciudadanos de las poblaciones cercanas al almacén de gas“. Además, según el fallo, “dicha sismicidad (…) mayor pudo haber resultado de la reactivación de fallas sin cartografiar y desconocidas preexistentes más pequeñas situadas a pocos kilómetros del depósito”, con lo que su reacción no podía ser prevista. Además, dicta que “se desconoce cómo ocurrió la sismicidad observada y, por tanto, se desconoce igualmente cómo pudo influir la inyección de gas en esta sismicidad”.
El Gobierno de Mariano Rajoy se comprometió, mediante un Real Decreto-Ley aprobado por el ministro de Industria en aquel entonces, José Manuel Soria, a pagar la cantidad con la que se compensaría a la constructora. Y así se hizo, aunque a través de un suplemento en la factura de los consumidores, quienes la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) estima que habrán pagado unos 4.730 millones de euros.
Por los daños morales, los 123 afectados reclamaban más de 1,8 millones de euros por la “ansiedad, angustia, incertidumbre y zozobra”, que sufrieron con los terremotos, el mayor de ellos, de 4,2 puntos de la escala Ritcher, pero finalmente la Asociación de Afectados por la Plataforma del Castor (Aplaca) no recibirá un euro, porque tanto las personas como la empresa acusada son absueltos tanto en la comisión de un delito penal como en sus responsabilidades civiles. Las costas serán repartidas entre las partes.
Mientras tanto, el Castor sigue clausurado, a la espera de su desmantelamiento definitivo de la instalación marina y el sellado definitivo de los pozos, aunque sin ningún calendario concreto.
Impunidad de los delitos medioambientales
Esta misma semana se daba a conocer la noticia de que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha decidido no multar a las eléctricas que recurrieron al vaciado de embalses el pasado verano para maximizar sus beneficios ya que asegura no encontrar “base legal” para la sanción.
Iberdrola, la empresa más señalada, fue denunciada por casi una veintena de municipios ante la Comisión Europea por haber dejado algunos pantanos en mínimos históricos, anteponiendo el interés económico a la necesidad de un bien esencial como es el agua.
Como resultado final el oligopolio eléctrico no afrontará ninguna consecuencia y las grandes empresas volverán a salir impunes a pesar del compromiso a actuar que Teresa Ribera mostró ante las denuncias de los municipios afectados.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
El OSCURO NEGOCIO de LOGRAR que te ENAMORES de una IA | #ReportajeSR
Durante años nos hablaron de la economía de la atención. Ahora, las grandes empresas tecnológicas han dado un paso más allá para monetizar algo mucho más íntimo: nuestro apego emocional. Desde dispositivos…
PAYPAL MAFIA: INFORME DEFINITIVO sobre los DUEÑOS del PODER #ReportajeSR
Durante las últimas semanas hemos ido desgranando las figuras que convirtieron a la «PayPal Mafia» en una de las redes de poder e influencia más determinantes del planeta a través de los…
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