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La única persona que debe decidir sobre un embarazo es la que está embarazada”. Tarah Demant, Amnistía Internacional
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha roto con el precedente y ha declarado que es legal la ley que entró ayer en vigor en el estado de Texas – el segundo más poblado del país, con 29 millones de habitantes – en virtud de la cual se prohíbe en la práctica el aborto, y que abre la puerta a medidas similares en otros territorios del país. Para el presidente Joe Biden, el fallo del Tribunal Supremo «es un asalto sin precedentes a los derechos constitucionales» de la mujer.
En realidad, Texas no prohíbe el aborto. Pero lo hace tan difícil que el 85% de las interrupciones de embarazo pasan a ser potencialmente ilegales. La claves es una ley que prohíbe esa práctica a partir del momento en el que el embrión empiece «a mostrar actividad cardiaca» que «pueda ser detectada por los procedimientos médicos habituales», lo que se produje habitualmente en la sexta semana de gestación. Esa fecha límite supone prohibir la inmensa mayoría de los abortos, ya que normalmente la embarazada no sabe que lo está hasta una fecha más tardía. Y lo más grave es que la Ley no acepta excepciones como violación o incesto.
La Ley no prohíbe el aborto después de la sexta semana de gestación. En realidad se basa en la represión: permite demandas civiles por valor de hasta 10.000 dólares (8.400 euros) a las personas que «ayuden y sean cómplices» a realizar un aborto a una mujer después de que el embrión dé muestras de actividad cardiaca. La definición de «ayudar y ser cómplice» incluye al conductor del coche en el que la embarazada acuda a la clínica en la que se vaya a producir el aborto.
«Esta prohibición retira de golpe la posibilidad de decidir»
Tarah Demant, directora del Programa sobre Género, Sexualidad e Identidad de Amnistía Internacional Estados Unidos, ha declarado a este respecto que “esta prohibición tendrá unas consecuencias nefastas: pone en peligro las vidas de las mujeres, niñas y otras personas embarazadas y criminaliza a quienes prestan servicios de atención a la salud por proporcionar unos cuidados que son vitales. Debe recibir nuestra más inequívoca condena por dar al traste con décadas de salvaguardias para el bienestar de las personas embarazadas.
“La única persona que debe decidir sobre un embarazo es la que está embarazada. Pero esta prohibición retira de golpe la posibilidad de decidir, ni siquiera dentro de un plazo en el que muchas personas aún no se han dado cuenta de que están embarazadas. Lo que está en juego con esta ley y otras similares es el derecho humano a controlar su propio cuerpo. Amnistía Internacional Estados Unidos condena enérgicamente la ley y pide al gobierno que proteja los derechos de las personas embarazadas, incluido el derecho al aborto.”
Amnistía Internacional reconoce que el aborto es un derecho de toda mujer, niña u otra persona que puede quedarse embarazada, y se basa en el reconocimiento de que las decisiones sobre el embarazo y el aborto repercuten directamente en todos los derechos humanos de las personas embarazadas.
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