El 97% de la inversión para desarrollar la vacuna de AstraZeneca fue pública 

La liberación de patentes sobre la mesa: nueve de cada 10 dosis pinchadas hasta la fecha lo ha sido en los países ricos

Cuando Pfizer anunció que había desarrollado una vacuna efectiva contra el coronavirus sus acciones se dispararon un 15%. Algo parecido sucedió tras el anuncio de Moderna, ya que sus acciones se revalorizaron un 50% desde que desvelara los resultados de su vacuna. Ahora es AstraZeneca la que crece sin detenerse.

Pero este crecimiento de lo privado nos deja una pregunta: ¿quién ha financiado realmente el desarrollo de cada una de las vacunas? La mayoría de los proyectos, incluidos el de Pfizer o Moderna, han dependido parcial o enteramente del dinero público. En el caso de AstraZeneca en un 97 %.

Así lo ha desvelado un estudio sobre la financiación que ha permitido a AstraZeneca desarrollar una vacuna frente al coronavirus y revela que la industria farmacéutica soportó menos del 3% de los costes de investigación que la han hecho posible. La mayor parte de los 120 millones de euros invertidos llegaron desde el Gobierno del Reino Unido (45 millones) y la Comisión Europea (30 millones), mientras el resto procedía de entidades también financiadas con fondos públicos (centros de investigación) y fundaciones que apoyan la investigación científica.

La liberación de patentes sobre la mesa

Este informe aviva el debate sobre la posibilidad de dejar sin efecto el sistema de patentes que impide fabricar vacunas a otros productores que no sean los titulares de las licencias. Si las empresas farmacéuticas comparten sus conocimientos y tecnología, otras compañías podrán fabricar más vacunas y acabaremos antes con el virus sin dejar a nadie atrás.

Las preocupaciones de la OMS y Unicef se unen a las de Amnistía Internacional, que en diciembre del año pasado alertó: “Mientras los países ricos sigan acaparando dosis, existe el riesgo de que el potencial de las vacunas para salvar vidas se vea menoscabado por la desigualdad”.    

Pero el tema de la vacunación contra la Covid-19 es tan complejo que afecta a muchos otros derechos: a la vida, la información, la privacidad, la participación, y el desarrollo. Además, el impacto de la pandemia en la vida de las personas es tan intenso que la posibilidad de acceder o no a una vacuna repercute en una amplia variedad de derechos como la educación, trabajo digno, libertad de reunión pacífica o libertad de circulación.   

Amnistía Internacional ha denunciado también que hay países que ya están discriminando a determinados grupos. La población palestina en Israel o migrantes sin documentos legales en varios países de América no pueden acceder a esta vacuna.

Mecanismos para la liberación

En mayo de 2020, la Organización Mundial de la Salud estableció un mecanismo (llamado C-TAP, Acceso Mancomunado a Tecnología contra COVID-19) para que las empresas pudieran compartir recursos. Y, sin embargo, hasta ahora, ninguna empresa se ha unido a esta iniciativa.

Nueve de cada 10 dosis pinchadas hasta la fecha lo ha sido en los países ricos, mientras los más pobres tendrán que esperar aún bastantes meses o incluso años. Este escenario, más allá de consideraciones éticas y sociales, incrementa el riesgo de que surjan nuevas variantes del virus que hagan ineficaces las vacunas ya administradas, alertan todos los expertos.

Si las farmacéuticas que están desarrollando vacunas unen sus esfuerzos, las vacunas se podrán producir más rápido en diferentes partes del mundo y la gente podrá acceder a las vacunas más rápido y a un precio más bajo.

Los Estados deben cooperar para garantizar que las dosis se desarrollen y fabriquen en cantidad suficiente y se distribuyan de manera oportuna y equitativa en todo el mundo, por lo que Amnistía instó a la industria farmacéutica a “estar a la altura” de sus “responsabilidades” en materia de derechos humanos y le emplazó a “hacer todo lo posible” para garantizar que las vacunas “son asequibles y accesibles al máximo número de personas en todo el mundo”.

El ejemplo del VIH

Ya lo vimos hace veinte años: la Declaración de Doha de 2001 dio un paso más para flexibilizar las patentes al crear la figura de las licencias obligatorias especiales, que se pueden solicitar en diversos casos, especialmente los “de emergencia nacional y otros de extrema urgencia”. 

Ante la pandemia del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), muchas empresas pudieron producir versiones “genéricas” de los medicamentos contra el VIH a precios más accesibles y millones de personas en todo el mundo pudieron, por fin, tener acceso a unos tratamientos que salvaban vidas.