La violencia continua azotando de manera imparable Colombia, el año 2020 se cierra con la escalofriante cifra de 310 líderes sociales asesinados según la última actualización del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ). A ello hay que sumar al menos 12 familiares de líderes sociales, víctimas utilizadas como método de presión y extorsión, y los asesinatos de 64 excombatientes que firmaron el Acuerdo de Paz. En total cerca de 400 asesinatos políticos.
Desde la firma del Acuerdo de Paz, aprobado en septiembre de 2016 tras más de cuatro años de conversaciones y un referéndum fallido, las cifras de asesinatos son de más de 1.100 lideres sociales y de 250 exguerrilleros en escasos cuatro años. Cifras probablemente mayores, pues las muertes se entremezclan con decenas de secuestros, desapariciones y crímenes silenciosos que muchas veces no trascienden a la opinión pública. Estos números dejan una media de casi un asesinato político diario.
Los líderes sociales, dirigentes campesinos, indígenas y defensores del medioambiente, son mayoritariamente perseguidos por representar una resistencia organizada en sus comunidades a intereses económicos y políticos que se terminan imponiendo de manera violenta. Varios de los asesinatos denunciados en 2020 tienen que ver con la oposición a grandes propietarios de tierra, proyectos de explotación y construcción dañinos para el medioambiente o la oposición al tráfico de droga y el dominio de paramilitares y guerrillas en gran parte del país.
El Departamento de Cauca, clave en la producción y distribución de cocaína, bate el récord con 97 muertes violentas de líderes sociales en el año 2020. No obstante, este fenómeno no es aislado, sino generalizado en toda Colombia.
Las cifras demuestran el fracaso del proceso de paz
Por otro lado, las cifras ponen de manifiesto el fracaso del proceso de Paz, incapaz de garantizar la seguridad de los partidarios de las FARC desmovilizados, quienes pese a abandonar la vía armada siguen siendo blanco de grupos paramilitares y narcotraficantes, que con la necesaria connivencia del gobierno colombiano continúan asesinando impunemente.
En esta dirección apuntaba la organización «Somos Defensores», que publicó en noviembre de 2019 un informe en el que asegura que el 48% de los asesinatos son llevados a cabo por autores «desconocidos», mientras que otro 30% es llevado a cabo por paramilitares. La violencia no solo está descontrolada, sino que sale impune a sus autores.
Esta situación es un arma de doble filo, pues ha llevado a que un importante número de combatientes abandonen el proceso de paz y se reintegren en el movimiento guerrillero de la mano de escisiones y grupos críticos con las FARC. Este fenómeno se hizo especialmente visible tras el abandono de la vía pacífica en agosto de 2019 de los históricos dirigentes guerrilleros Jesús Santrich e Iván Márquez, quienes fundaron el movimiento guerrillero FARC-EP Segunda Marquetalia. Desde entonces, el reguero de combatientes que han seguido sus pasos ha continuado creciendo poco a poco pero de manera ininterrumpida.
La violencia que sufren los exguerrilleros es denunciada por asociaciones de Derechos Humanos y organizaciones sociales, pero no se ha traducido en una implicación por parte del gobierno colombiano para poner fin a esta silenciosa matanza.
La gravedad de la situación ha hecho que excombatientes de todas las regiones del país promovieran en octubre de 2020 una caravana «Por la paz y por la vida» que recorrió toda Colombia, llegando hasta Bogotá, para exigir a Iván Duque garantías de seguridad.
El 2021 empieza manchado de sangre
La situación no tiene visos de mejora atendiendo a los datos de la primera semana del 2021. El primer día del año el partido FARC anunció que la exguerrillera Yolanda Zabala Mazo de 22 años y su hermana Reina de 17 años fueron asesinadas por paramilitares.
Ese mismo día un líder social, defensor de los Derechos Humanos en el Departamento de Meta, también fue hallado muerto con signos de violencia.
Por Anibal Paz en Contrainformación
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