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Un mes después, el País Valencià sigue gritando por justicia frente a la inacción y las prioridades políticas del gobierno autonómico.
El 29 de octubre marcó un antes y un después en la vida de miles de valencianas y valencianos. Más de 220 personas perdieron la vida tras la devastadora DANA que asoló la región. Sin embargo, un mes después, el dolor de las familias se ha transformado en indignación ante la gestión de la tragedia por parte del presidente Carlos Mazón y su Consell. Las imágenes de las calles anegadas se han sustituido por marchas multitudinarias que exigen respuestas y responsabilidades.
El sistema ES-Alert, activado a las 20:11 del día de la tragedia, llegó tarde, cuando el desastre ya estaba en pleno apogeo. Las plataformas convocantes no escatiman en su denuncia: “Las alarmas sonaban cuando la gente ya se estaba ahogando”, resumen. Este retraso es apenas la punta del iceberg de lo que consideran una gestión marcada por la improvisación, el abandono institucional y la priorización de los intereses económicos sobre la seguridad ciudadana.
A pesar de las advertencias meteorológicas, ni las clases ni las actividades laborales fueron suspendidas el día de la catástrofe. Una decisión que costó vidas. “Mi marido no se ha muerto, a mi marido lo han matado”, exclamaba entre lágrimas una de las viudas durante la manifestación del pasado fin de semana. El capital fue protegido; la ciudadanía, desprotegida.
PROTESTAS MASIVAS CONTRA LA INACCIÓN DEL GOBIERNO
El pasado 29 y 30 de noviembre, más de 100.000 personas salieron a las calles de València, según la Delegación del Gobierno. Las movilizaciones, organizadas por más de 150 colectivos sociales, sindicales y vecinales, se han convertido en el altavoz del clamor popular: “Mazón dimisión”. Las cifras no solo son contundentes por el número de asistentes, sino también por el número de víctimas. Cada pancarta alude a los 220 fallecidos, a las familias sin hogar y a la desolación que todavía impera en las zonas afectadas.
La marcha del sábado 30 recorrió desde la Plaza del Ayuntamiento hasta la Plaça de la Verge, un trayecto marcado por homenajes a las víctimas, críticas al Consell y llamados a la solidaridad. Entre los manifestantes, Carles, uno de los damnificados, recordaba: “Estamos aquí porque la emergencia no ha pasado. No tenemos casa, no tenemos ayudas, no tenemos esperanza.” La lentitud en la entrega de recursos y la exclusión de colectivos vulnerables por trámites burocráticos son algunas de las razones que han encendido la llama de la protesta.
La manifestación no se quedó solo en la denuncia. Las personas asistentes reclamaron un plan de choque inmediato, con medidas que prioricen la reconstrucción y apoyo psicológico para las personas damnificadas, así como una investigación independiente sobre la cronología y las decisiones tomadas durante la DANA. Pero la respuesta del gobierno autonómico sigue siendo insuficiente. Mientras miles esperan colchones, agua potable y refugios temporales, Mazón se dedica a adjudicar contratos a dedo y eliminar los topes salariales de su administración.
SOLIDARIDAD FRENTE AL ABANDONO
Frente a la inacción del gobierno, la sociedad valenciana ha demostrado que la solidaridad es más fuerte que la dejadez institucional. Desde el día de la tragedia, colectivos vecinales han organizado campañas de donaciones, voluntariado y apoyo emocional. El pueblo valenciano no solo está denunciando, sino también reconstruyendo.
Pero el clamor popular no se apaga. Cada persona que marchó este fin de semana lo hizo con una certeza: las vidas perdidas no deben ser olvidadas ni usadas como estadísticas en discursos vacíos. La democracia no se limita a las urnas, se vive en las calles.
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