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Una fiscalidad invertida que exprime a quienes menos tienen mientras alivia a los grandes patrimonios.
La teoría dice que el sistema fiscal debe ser progresivo: quienes más ganan, más aportan. Pero la realidad es otra. Los datos de 2022 revelan que el 1% más rico en España pagó un tipo efectivo medio del 24,1%, un porcentaje inferior al del 20% más pobre, que soportó un 27,5%. El resultado: una fiscalidad invertida que exprime a quienes menos tienen mientras alivia a los grandes patrimonios.
El informe de Fedea, basado en la distribución de la carga tributaria entre los hogares, confirma lo que muchas y muchos ya sospechaban. A medida que aumentan los ingresos, los impuestos crecen de forma progresiva hasta alcanzar el 38,7% para quienes se encuentran en el 9% de mayores rentas. Pero justo en el tramo final, la contribución se desploma. Al llegar al 1% más rico, el esfuerzo fiscal se reduce drásticamente, consolidando una desigualdad estructural que rompe cualquier atisbo de equidad tributaria.
El truco está en la composición de la renta. Las y los más acaudalados no dependen del trabajo, sino del capital. Y aquí es donde el sistema está amañado. El IRPF, que es teóricamente progresivo, aplica tipos reducidos a las rentas del ahorro y del capital, permitiendo que los grandes dividendos tributen muy por debajo de los salarios. Además, las sociedades no distribuidas no tributan en el IRPF, lo que facilita a las grandes fortunas eludir gran parte de su carga fiscal.
Los impuestos indirectos agravan la injusticia. El IVA, que recae sobre el consumo, golpea con más dureza a los hogares con menos ingresos. En 2022, el 20% más pobre destinó el 11,5% de su renta a este tributo, mientras que el 1% más rico apenas contribuyó con un 1,3%. En otras palabras, quienes menos tienen pagan proporcionalmente más por los mismos productos y servicios. El Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados sigue el mismo patrón: su carga fiscal es más alta en los tramos de menor renta.
LAS COTIZACIONES SOCIALES Y EL IMPUESTO DE SOCIEDADES: OTRO PRIVILEGIO PARA LOS DE SIEMPRE
Las cotizaciones sociales, lejos de ser un instrumento de redistribución, funcionan como otro mecanismo regresivo. Las y los trabajadores con menos ingresos soportan un tipo efectivo del 5,3%, mientras que el 1% más rico apenas llega al 1,1%. En el caso de las cotizaciones empresariales, la progresividad también se interrumpe en los tramos de renta más altos debido a la existencia de bases máximas que limitan la aportación de los sueldos más elevados. Aunque las recientes reformas han introducido medidas para paliar esta injusticia, como la cuota de solidaridad o el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, el desequilibrio sigue siendo escandaloso.
El Impuesto de Sociedades tampoco nivela la balanza. Su tipo efectivo apenas roza unas décimas en la mayor parte de los tramos de renta y solo escala hasta un máximo del 6,78% en el 1% más rico. En otras palabras, las grandes corporaciones y los dueños del capital tributan en proporciones ridículas comparadas con cualquier trabajadora o trabajador asalariado.
El resultado de este sistema es claro: en 2022, el efecto redistributivo del sistema fiscal fue el más bajo de los últimos seis años. Las grandes fortunas encuentran mecanismos legales para evadir su responsabilidad fiscal mientras el resto de la población ve cómo su carga impositiva no deja de aumentar. La progresividad se ha convertido en un espejismo, una teoría bonita que, en la práctica, se diluye en cuanto el dinero empieza a acumularse en las cúspides del poder económico.
La fiscalidad es una herramienta política. No es casualidad que los impuestos sobre el trabajo sean elevados mientras las rentas del capital disfrutan de un trato preferencial. No es un fallo del sistema. Es el sistema.
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