¿Y por qué no 0%? 

Limitar al 35% la publicidad institucional es una tibieza que mantiene intacta la dependencia estructural de los medios respecto al poder político

El Gobierno ha anunciado que aprobará en Consejo de Ministros un anteproyecto de ley que limitará al 35% el porcentaje máximo de ingresos que un medio de comunicación podrá recibir en forma de publicidad institucional. La norma, impulsada por el Ministerio de Transformación Digital que dirige Óscar López, obligará además a hacer pública la propiedad de los medios.

Sobre el papel, suena razonable. Transparencia y límites al dinero público. Pero la pregunta incómoda es otra: ¿por qué el límite es el 35% y no el 0%? ¿Por qué seguir permitiendo que más de un tercio de los ingresos de un medio provenga directamente de gobiernos a los que luego debe fiscalizar?

El Ejecutivo justifica la medida en el espíritu del European Media Freedom Act, aprobado por socialistas, populares y liberales en la Unión Europea, que exige transparencia en la propiedad y controles sobre la publicidad institucional. También sostiene que ningún “medio relevante” supera ese umbral del 35%, aunque reconoce que algunos de los que el presidente ha llamado “pseudomedios” llegan a recibir más del 50% de sus ingresos de las administraciones.

El argumento oficial es que se pretende evitar que gobiernos autonómicos o locales sostengan artificialmente medios sin viabilidad económica para convertirlos en altavoces dóciles. Es cierto que eso ocurre. Y no es patrimonio exclusivo de un color político. La publicidad institucional ha sido durante décadas una herramienta de disciplina editorial: quien incomoda, pierde campañas; quien aplaude, las gana.

Pero si el problema es la dependencia económica del poder político, fijar el techo en el 35% no rompe la lógica, la normaliza.

REGULAR SIN TOCAR EL MODELO

La obligación de publicar la propiedad de los medios es un paso necesario. Saber quién financia, quién participa en el accionariado y qué intereses cruzan una cabecera es básico para que lectoras y lectores puedan interpretar la información con contexto. En un ecosistema atravesado por fondos de inversión, constructoras, bancos y grupos energéticos, la opacidad ha sido un escudo demasiado cómodo.

Sin embargo, el debate no puede quedarse ahí. Porque la dependencia de la publicidad institucional no es una anomalía aislada, sino la consecuencia de un modelo mediático mercantilizado. Mientras la supervivencia de los medios dependa de la publicidad (pública o privada), la autonomía será siempre frágil.

El Gobierno afirma que la limitación no afectará a los grandes medios. Precisamente ahí reside la paradoja. Si ninguno de los actores dominantes supera el 35%, la medida no altera el equilibrio de poder real. Solo marca una línea roja para casos extremos. Y aun así, deja margen a lo que el propio texto reconoce: subterfugios a través de empresas públicas, entes semipúblicos o fórmulas indirectas.

Regular tarde y con techo alto no transforma la estructura. La publicidad institucional seguirá siendo una palanca de influencia política, solo que con porcentaje tasado.

ENTRE LA CENSURA Y EL CLIENTELISMO

La derecha ya ha reaccionado. El PP y Vox hablan de “censura” y se presentan como defensores de la libertad de prensa, mientras apadrinan a agitadores profesionales y blanquean plataformas que viven de la confrontación permanente. Pero conviene no caer en esa trampa discursiva. Limitar el dinero público no es censura. Lo que sí es problemático es decidir qué modelo de financiación pública queremos para garantizar el derecho a la información.

Porque el debate de fondo no es si un medio puede recibir el 35%, el 30% o el 50% de sus ingresos del Estado. El debate es si el derecho a la información debe depender del mercado y de su lógica de rentabilidad.

En La Moncloa sostienen que el ecosistema informativo está “inclinado” hacia la desinformación y que regular es imprescindible para contrarrestar bulos, deepfakes y campañas coordinadas. Y es cierto que el deterioro del espacio público es evidente. Pero regular la publicidad institucional sin cuestionar el modelo empresarial de los medios es intentar apagar un incendio con un vaso de agua.

Un sistema en el que la viabilidad depende de anunciantes, clics y subvenciones es un sistema donde la independencia siempre tiene precio. Y ese precio lo pagan las redacciones precarizadas, las periodistas autónomas, las trabajadoras y trabajadores que ven cómo la línea editorial oscila al ritmo de las campañas.

El Gobierno defiende que, si la ley no prospera por falta de apoyos parlamentarios, al menos quedará el gesto político. Un gesto que, de aprobarse, “dejaría en evidencia” a quienes critican lo público mientras viven de él.

Pero el problema no es la incoherencia de algunos medios que se declaran liberales y sobreviven gracias al dinero institucional. El problema es que la arquitectura mediática sigue diseñada para que el poder económico y el poder político sean los grandes financiadores de la conversación pública.

Si de verdad se quiere blindar la independencia, el debate debería ir mucho más lejos: financiación pública transparente, estable y desligada de gobiernos concretos; apoyo a medios comunitarios y cooperativos; y una ruptura real con el modelo publicitario como columna vertebral del periodismo.

Porque permitir hasta un 35% de dependencia no es una revolución democrática. Es una concesión calculada. Y mientras el periodismo siga atado a quien paga la factura, la libertad seguirá siendo condicional.