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La campaña exige a Luis Planas, Pablo Bustinduy y Pedro Sánchez medidas concretas para devolver el control de la alimentación a la sociedad
Resist.es (Asociación Repensar el Sistema) ha dado un paso más en su campaña por la soberanía alimentaria y ha dirigido una carta pública al ministro de Agricultura, Luis Planas, al ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El mensaje es directo y sin ambigüedades: la alimentación no puede seguir en manos del mercado mientras crece la precariedad alimentaria en el Estado español.
La carta, enmarcada en una campaña que ya está recogiendo firmas (https://resist.es/?p=13724), no se limita a una declaración simbólica. Es una interpelación política que pone sobre la mesa una realidad cada vez más extendida. Miles de personas en España están empezando a enfrentarse a una decisión inaceptable: pagar el alquiler o llenar la nevera.
Mientras tanto, el sistema alimentario sigue concentrando el poder en unas pocas empresas que deciden qué se produce, cómo se distribuye y a qué precio se vende. La carta denuncia un modelo que asfixia a quienes producen, empuja a la población hacia alimentos que deterioran la salud y destruye territorios y ecosistemas.
UNA CARTA CONTRA EL CONTROL CORPORATIVO DE LA ALIMENTACIÓN
El texto enviado por Resist.es plantea un diagnóstico que cuestiona directamente el relato institucional. España cuenta con herramientas como la Estrategia Nacional de Alimentación (ENA), pero, según la organización, estos marcos no están logrando modificar las reglas que generan desigualdad y vulnerabilidad.
La carta no habla de fallos puntuales. Habla de un problema estructural. La alimentación se ha convertido en un espacio de acumulación económica donde unas pocas empresas concentran el poder mientras la mayoría pierde capacidad de decisión.
El documento subraya que el sistema actual no solo afecta al acceso a la comida. También tiene consecuencias en la salud pública, en el equilibrio territorial y en la resiliencia frente a crisis. La pandemia, los conflictos internacionales y la emergencia climática han evidenciado hasta qué punto depender de cadenas globales y de grandes intermediarios convierte la alimentación en un factor de riesgo.
Por eso, la exigencia central de la carta es clara: que la alimentación deje de estar en manos del mercado y vuelva a estar en manos de la sociedad. No como consigna, sino como principio político que reorganice las prioridades.
TRES MEDIDAS CONCRETAS Y VERIFICABLES
Frente a la acumulación de estrategias sin efectos tangibles, la carta plantea tres medidas específicas, urgentes y aplicables.
La primera es la reforma de la Estrategia Nacional de Alimentación. No se puede seguir tomando el precio como criterio dominante en la política alimentaria. La propuesta exige limitar su peso en la contratación pública e introducir criterios obligatorios de sostenibilidad, proximidad y producción ecológica. Se trata de impedir que la lógica económica anule objetivos de salud pública y resiliencia.
La segunda medida se centra en los centros públicos, especialmente aquellos destinados a personas dependientes. La carta reclama un cambio normativo que garantice condiciones mínimas: al menos un 15% de alimentación ecológica, el fomento de canales cortos de distribución (máximo dos intermediarios) y la priorización de productos de temporada y proximidad. No como recomendaciones, sino como obligaciones vinculantes.
La tercera exigencia aborda uno de los déficits estructurales de la política pública: la falta de seguimiento real. Sin plazos, sin indicadores y sin presupuesto, las políticas son declaraciones vacías. Por ello, se reclama un sistema de rendición de cuentas con calendarios públicos, métricas comparables y participación efectiva de la sociedad.
La carta insiste en que el problema no es la ausencia de instrumentos, sino la falta de voluntad para aplicarlos de manera transformadora. Sin mecanismos verificables, cualquier estrategia queda neutralizada por los intereses que dominan el sistema alimentario.
La campaña de Resist.es convierte así una necesidad cotidiana en una cuestión política central. No se trata solo de mejorar la alimentación. Se trata de recuperar el control sobre lo más básico en una democracia.
Porque cuando la comida depende del mercado, la vida también queda sujeta a sus reglas.
Firma y lee la campaña: https://resist.es/?p=13724
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González Amador y el negocio privado junto al poder público que Ayuso no podrá justificar jamás
Entre 2021 y 2023, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ganó una media de casi 1,5 millones de euros al año. No está mal para un “ciudadano cualquiera”. Tampoco está mal que esos fueran, precisamente, los primeros años de su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Casualidades. Siempre casualidades. En Madrid parece que la suerte empresarial cae del cielo, pero solo en ciertos áticos, ciertos despachos y ciertas sociedades con nombres pulidos.
González Amador había creado su consultora en 2016. Al año siguiente empezó a hacer auditorías para Quirónprevención. Entonces sus facturaciones estaban por debajo de los 400.000 euros. Después vino el salto. Y no un salto pequeño. Un salto de esos que en cualquier democracia mínimamente higiénica obligaría a abrir ventanas, expedientes y preguntas públicas. Porque Quirón recibe cada año alrededor de 1.000 millones de euros por su cooperación hospitalaria en la Comunidad de Madrid. Ahí está la línea de puntos. No hace falta ser detective. Basta con no querer mirar hacia otro lado.
¿Ha cruzado Peinado la última línea?
El juez Juan Carlos Peinado ha vuelto a hacer lo que mejor define esta instrucción: estirar el caso hasta convertirlo en un espectáculo político con toga. El 20 de junio, el magistrado envió a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le impuso medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y comparecencia quincenal en el juzgado. Hasta ahí, el repertorio habitual de una causa que lleva demasiado tiempo oliendo más a obsesión que a justicia.
Pero esta vez Peinado fue más lejos. Mucho más lejos. En su auto llegó a sugerir que los agentes encargados de escoltar a Begoña Gómez podrían, “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos”, colaborar en una hipotética fuga. Es decir, el juez no solo dibuja a la investigada como alguien que podría escapar. Dibuja también a policías nacionales como posibles cómplices. Sin una prueba concreta encima de la mesa. Sin individualizar conductas. Sin indicios determinados. Una sombra lanzada sobre servidores públicos porque sí. Porque encaja en el relato.
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