Vox: cuando el problema no es lo público, sino no controlarlo 

De prometer la motosierra contra RTVE a exigir la dirección de informativos en Extremadura

El cinismo político tiene muchas formas, pero pocas tan obscenas como esta. Durante años, Vox ha repetido que las televisiones públicas son un “chiringuito”, un “nido de enchufados” y una máquina de propaganda. Ha prometido cerrarlas. Ha hablado de “motosierra”, de “lanzallamas” y hasta de “bomba atómica”. Y ahora, en plena negociación para investir gobierno en Extremadura el próximo 3 de marzo, exige quedarse con la dirección de Informativos de Canal Extremadura.

No quieren cerrarla. Quieren dirigirla.

La llamada “operación lanzallamas” no es una metáfora improvisada. Es una estrategia. Vox ha reclamado, según las informaciones publicadas el 18 de febrero de 2026, el control de los informativos de la televisión pública extremeña, además de una vicepresidencia y dos consejerías. La presidenta en funciones, María Guardiola, necesita sus votos tras el bloqueo institucional surgido después de las elecciones de diciembre de 2025. Y Vox sabe que tiene la llave.

La cuestión no es si las televisiones públicas deben reformarse. La cuestión es si van a convertirse en botín.

DEL “CERRAR RTVE” A LA “BOMBA ATÓMICA”

No hablamos de un desliz. El 25 de septiembre de 2025, en una Comisión de Control a RTVE, el diputado Manuel Mariscal Zabala amenazó abiertamente al presidente de la corporación, José Pablo López. Aseguró que sería “despedido fulminantemente” si Vox llegaba al Gobierno. No fue una crítica política. Fue una advertencia con nombres y apellidos.

Señaló a presentadores y presentadoras como Javier Ruiz, Jesús Cintora o Silvia Intxaurrondo. Acusó a tertulianos y tertulianas de “llenarse los bolsillos”. Habló en nombre de “los españoles” que “están hartos”. Y remató con una frase que retrata el proyecto: “Nosotros sólo tenemos una duda, si entramos en RTVE con motosierra o lanzallamas”.

Cinco días después, lejos de rectificar, el partido lo celebró en redes: “Claro que hay que entrar con motosierra y lanzallamas a RTVE”.

Meses más tarde, el diputado José María Figaredo fue más allá. No bastaba el lanzallamas. Propuso “mejorar la apuesta” con una “bomba atómica”. El lenguaje no es anecdótico. Es performativo. Se trata de instalar la idea de que el pluralismo informativo es un enemigo a batir.

Y ahora, en Extremadura, ese mismo partido que fantaseaba con arrasar RTVE reclama controlar la dirección de informativos de un ente autonómico.

No es incoherencia. Es manual de poder.

EL RELATO COMO BOTÍN DE GUERRA

Las televisiones públicas no son perfectas. Han sido colonizadas históricamente por los gobiernos de turno. En Madrid, Telemadrid ha sido campo de batalla durante décadas. En otras comunidades, las y los profesionales han sufrido presiones. Pero el remedio no puede ser sustituir una injerencia por otra más brutal.

Lo que Vox plantea en febrero de 2026 en Extremadura no es una reforma estructural. Es una toma de posiciones. Controlar informativos significa decidir qué se cuenta y qué no. Significa marcar la agenda. Significa moldear el sentido común.

Y eso encaja con una estrategia más amplia. Cuando se habla de “operación lanzallamas”, no se habla solo de una televisión regional. Se habla de una visión del Estado donde las instituciones públicas deben ser desmanteladas o capturadas. Si no se pueden destruir, se ocupan.

La paradoja es grotesca. El partido que denuncia que las teles públicas son “aparatos de propaganda” aspira a convertirlas en el suyo propio. El problema nunca fue la existencia de medios públicos. El problema era no controlarlos.

En un contexto de precariedad mediática, con redacciones debilitadas y grandes grupos privados concentrando poder, las televisiones públicas siguen siendo uno de los pocos espacios donde puede existir un servicio informativo no sometido directamente al mercado. Con todos sus defectos. Con todas sus tensiones.

Cuando un partido amenaza con despedir a periodistas por su línea editorial y luego exige dirigir informativos como condición para investir un gobierno, no estamos ante una discrepancia ideológica. Estamos ante un intento de disciplinamiento.

Las y los periodistas no son enemigos del pueblo. Las y los trabajadores de RTVE o de Canal Extremadura no son una “banda de ladrones”. Son profesionales sometidos a presiones políticas constantes. Convertirlos en objetivo público es una forma de intimidación.

Y la responsabilidad no recae solo en quien lanza la amenaza. También en quien, por cálculo político, está dispuesto a negociar con ella.

En diciembre de 2025 hubo elecciones en Extremadura. En febrero de 2026 se negocia el gobierno. El 3 de marzo puede haber investidura. Lo que está en juego no es una consejería más. Es quién decide qué es noticia.

La democracia no se destruye solo cerrando parlamentos. También se erosiona colonizando micrófonos.

No quieren apagar la televisión pública. Quieren que hable con su voz.