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La Audiencia de Madrid veta la unificación de los procedimientos por los protocolos que impidieron derivaciones hospitalarias durante la primera ola
La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido impedir la creación de una macrocausa que investigue de forma conjunta los llamados protocolos de la vergüenza. Esos documentos que, durante la primera ola de la pandemia en 2020, bloquearon el traslado de miles de personas mayores desde residencias a hospitales públicos. La decisión, adoptada por tres magistrados de la sección número 16, obliga a que cada juzgado continúe investigando por separado los fallecimientos.
La fragmentación judicial no es un detalle técnico. Es una decisión con profundas consecuencias políticas y penales.
El conflicto es inédito. La jueza de instrucción número 5, Carmen Valcarce, había pedido en julio de 2025 remitir su causa al juzgado número 3, dirigido por María Isabel Durántez, quien en abril de 2025 fue la primera en imputar a ex altos cargos de la gestión autonómica. Argumentó algo elemental: si no se acumulaban los procedimientos, las personas investigadas tendrían que declarar una y otra vez sobre los mismos hechos y podrían producirse resoluciones dispares.
La sección 16 no lo ha visto así. Considera que cada fallecimiento se produjo en circunstancias distintas y que, por tanto, deben analizarse de manera individual. Se apoya, además, en doctrina previa del Tribunal Supremo que apunta a estudiar caso por caso la responsabilidad penal.
El resultado es un mapa judicial fragmentado. Y una pregunta inevitable: ¿qué ocurrirá si la sección número 1, que aún debe resolver el recurso presentado en septiembre de 2025 por las familias para unificar las causas, dicta una resolución contradictoria? El propio escenario abre la puerta a decisiones divergentes entre audiencias dentro del mismo territorio.
La justicia reconoce el riesgo de contradicciones, pero elige asumirlo antes que investigar de forma conjunta.
PROTOCOLOS, DENUNCIAS Y UNA RESPONSABILIDAD QUE SE DISUELVE
En octubre de 2024, familiares de más de un centenar de residentes denunciaron de forma colectiva la situación vivida en 72 residencias. El escrito pedía a la Fiscalía que estudiara la posible comisión de un “delito continuado de denegación de prestación sanitaria por motivos discriminatorios”. No hablaban de errores aislados. Hablaban de un patrón.
La Fiscalía apoyó la acumulación de las causas. También lo hizo Javier Martínez Peromingo, considerado ideólogo de los documentos que restringieron las derivaciones hospitalarias. En el lado contrario se situó Carlos Mur, firmante de los protocolos.
Los magistrados sostienen ahora que una macrocausa que investigara todos y cada uno de los fallecimientos sería “inabarcable”. También señalan que no todos los procedimientos incluyen los mismos delitos, ya que en algunos se ha denunciado homicidio imprudente. Incluso deslizan la posible responsabilidad de trabajadoras y trabajadores de los geriátricos.
La lógica que se impone es la de la atomización: dividir para analizar, aunque dividir implique diluir.
Durante semanas, declararon decenas de personas. Las fiscalías Provincial y de Alcalá y Getafe-Leganés aceleraron diligencias para que todas las partes pudieran intervenir en sede judicial. Las familias denunciantes sostienen que hubo dejación de funciones por parte de la administración autonómica, con sede en la Puerta del Sol.
La decisión de la Audiencia se produce en un contexto político en el que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha evitado asumir responsabilidades políticas por los protocolos. Mientras tanto, las asociaciones de familiares, como Marea de Residencias, continúan movilizándose.
No se trata solo de técnica procesal. Se trata de cómo se construye el relato judicial de una tragedia que dejó miles de muertes en residencias madrileñas durante 2020. La acumulación de causas hubiera permitido analizar si existió una estrategia común o una instrucción generalizada que afectó a centros públicos y privados.
Sin macrocausa, cada procedimiento avanza en su propio carril. Cada muerte se estudia como si estuviera desconectada de las demás. Cada familia pelea en solitario dentro de su expediente.
Cuando la estructura de una decisión política afecta a cientos de personas, investigarla de forma fragmentada no es neutral. Es una elección.
La Audiencia Provincial ha validado el “modus operandi” de mantener separadas las investigaciones. Ha considerado que los argumentos de la jueza Durántez son “extensos y fundados”. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿puede comprenderse el alcance de unos protocolos comunes si se examinan únicamente sus efectos individuales?
El riesgo no es solo jurídico. Es histórico. La memoria de lo ocurrido en las residencias madrileñas depende en buena medida de cómo se instruyan estas causas. De si se entiende que hubo decisiones políticas estructurales o una suma de tragedias aisladas.
La macrocausa no era solo una cuestión de economía procesal. Era una forma de asumir que las políticas públicas tienen consecuencias colectivas. Y que cuando esas consecuencias afectan a personas mayores, enfermeras y enfermeros, trabajadoras y trabajadores sociales, familias enteras, la respuesta judicial también debería estar a la altura de esa dimensión.
En lugar de un gran procedimiento que permita dibujar el conjunto, habrá múltiples procesos dispersos. Múltiples declaraciones. Múltiples sentencias posibles.
Y quizá, múltiples verdades judiciales sobre un mismo sistema de decisiones.
Porque cuando la justicia trocea la responsabilidad, el poder respira más tranquilo.
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