En un momento donde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoce la responsabilidad estatal en la crisis climática, España opta por una estrategia diferente: criminalizar a los defensores del medio ambiente. Activistas como Jorge Riechmann enfrentan penas de cárcel simplemente por participar en protestas pacíficas, mientras el Estado infiltra policías en organizaciones ecologistas. Esta persecución no solo es una distracción de los verdaderos delitos que necesitan atención, sino también parece servir a intereses empresariales que se benefician de prácticas insostenibles. ¿No es acaso esto una muestra de un sistema judicial obsoleto y desconectado de las demandas actuales de justicia y sostenibilidad?
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