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El manual retórico de Washington para justificar la complicidad en atrocidades está escrito desde hace décadas y se sigue aplicando sin cambios
Desde Timor Oriental en 1975 hasta Gaza en 2025, pasando por Guatemala y Yemen, la política exterior de Estados Unidos ha sido una constante: apoyar militar, política o económicamente a regímenes responsables de atrocidades masivas contra la población civil, y al mismo tiempo fingir distancia moral.
No hablamos de casos aislados, sino de una estructura diplomática que protege a sus aliados incluso cuando los crímenes son evidentes y documentados. Las estrategias son tan predecibles como efectivas.
Primero está la ignorancia fingida. En 2018, tras el bombardeo saudí a un autobús escolar en Yemen que mató a decenas de niños, el general Joseph Votel admitió ante el Senado que no se hacía seguimiento del propósito de las misiones reabastecidas por EE. UU. En Timor Oriental, en Guatemala o en Gaza, la frase “no tenemos constancia” ha servido para barrer cadáveres bajo la alfombra.
Cuando la mentira ya no es sostenible, llega la ofuscación. Se siembra la duda, se cuestionan las fuentes, se culpa a las víctimas o a terceros. Así actuó Washington en 1983, minimizando las masacres indonesias en Timor o atribuyendo al movimiento guerrillero guatemalteco las matanzas documentadas por su propia inteligencia militar.
Y cuando las pruebas son irrefutables, aparece la negación técnica: no se discute que EE. UU. entrenó o armó a los perpetradores, pero se subraya que justo en ese ataque concreto no usaron el material estadounidense. Tras la masacre de Santa Cruz en Dili (1991), la administración Bush dijo que ninguno de los oficiales presentes había pasado por sus programas de formación, como si eso borrara la responsabilidad estructural.
DE LA DESVIACIÓN A LA DIPLOMACIA SILENCIOSA: LA CORTINA DE HUMO PERFECTA
Cuando la presión pública es insoportable, Washington aplica la desviación. Suspende temporalmente una entrega de bombas (como hizo Biden en mayo de 2024 con Israel), pero mantiene el grueso del flujo armamentístico. Cambia una línea de política para las cámaras, mientras el negocio bélico sigue intacto. En 1996, Clinton dejó de vender armas pequeñas a Indonesia… y a la vez firmó ventas por 470 millones de dólares, incluidos nueve F-16.
Otro recurso es la exaltación: presentar a genocidas como líderes responsables. Reagan definió al dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt como “un hombre de gran integridad personal”, y a Suharto, responsable de más de 700 000 muertes en Indonesia y Timor Oriental, como un ejemplo de liderazgo. Biden, en pleno asedio a Gaza, describió la ofensiva israelí como una “batalla existencial”. El objetivo es claro: justificar la violencia como defensa legítima ante una supuesta amenaza extrema.
Por último, está la diplomacia silenciosa: decir que la influencia estadounidense sobre sus aliados solo es posible si se mantiene el apoyo. En Timor, el Pentágono afirmó que sus entrenamientos mejoraban el respeto a los derechos humanos, incluso después de que una unidad adiestrada por ellos asesinara a 1 200 personas en 1998. En Yemen, se llegó a insinuar que el armamento de EE. UU. servía para moderar el uso de la fuerza saudí. En Gaza, esta “moderación” se ha traducido en seis vetos de resoluciones de la ONU desde octubre de 2023 y sanciones contra jueces de la Corte Penal Internacional por investigar a Netanyahu y Gallant.
Estas seis fórmulas —ignorancia, ofuscación, negación, desviación, exaltación y diplomacia silenciosa— no son improvisaciones, sino herramientas de un guion que permite a Estados Unidos sostener a regímenes criminales sin pagar el coste político interno.
Lo más perverso es que este teatro necesita dos elementos para funcionar: el lenguaje calculado del poder y la credulidad o apatía del público. Sin la primera, el crimen sería innegable. Sin la segunda, sería imperdonable.
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González Amador y el negocio privado junto al poder público que Ayuso no podrá justificar jamás
Entre 2021 y 2023, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ganó una media de casi 1,5 millones de euros al año. No está mal para un “ciudadano cualquiera”. Tampoco está mal que esos fueran, precisamente, los primeros años de su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Casualidades. Siempre casualidades. En Madrid parece que la suerte empresarial cae del cielo, pero solo en ciertos áticos, ciertos despachos y ciertas sociedades con nombres pulidos.
González Amador había creado su consultora en 2016. Al año siguiente empezó a hacer auditorías para Quirónprevención. Entonces sus facturaciones estaban por debajo de los 400.000 euros. Después vino el salto. Y no un salto pequeño. Un salto de esos que en cualquier democracia mínimamente higiénica obligaría a abrir ventanas, expedientes y preguntas públicas. Porque Quirón recibe cada año alrededor de 1.000 millones de euros por su cooperación hospitalaria en la Comunidad de Madrid. Ahí está la línea de puntos. No hace falta ser detective. Basta con no querer mirar hacia otro lado.
¿Ha cruzado Peinado la última línea?
El juez Juan Carlos Peinado ha vuelto a hacer lo que mejor define esta instrucción: estirar el caso hasta convertirlo en un espectáculo político con toga. El 20 de junio, el magistrado envió a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le impuso medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y comparecencia quincenal en el juzgado. Hasta ahí, el repertorio habitual de una causa que lleva demasiado tiempo oliendo más a obsesión que a justicia.
Pero esta vez Peinado fue más lejos. Mucho más lejos. En su auto llegó a sugerir que los agentes encargados de escoltar a Begoña Gómez podrían, “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos”, colaborar en una hipotética fuga. Es decir, el juez no solo dibuja a la investigada como alguien que podría escapar. Dibuja también a policías nacionales como posibles cómplices. Sin una prueba concreta encima de la mesa. Sin individualizar conductas. Sin indicios determinados. Una sombra lanzada sobre servidores públicos porque sí. Porque encaja en el relato.
Israel mata al cámara Ahmed Wishah y vuelve a llamar “terrorista” al periodista muerto
El cámara de Al Jazeera Ahmed Wishah fue asesinado el 20 de junio en un ataque aéreo israelí contra una vivienda del campo de refugiados de Bureij, en el centro de Gaza. No murió en una abstracción bélica. No cayó en “daños colaterales”. Fue alcanzado por un bombardeo en una casa de un campo de refugiados, uno de esos lugares donde la palabra refugio ya suena a burla cruel cuando la maquinaria militar israelí decide que no hay techo, calle, hospital, escuela, convoy, tienda de campaña ni cámara que merezca seguir en pie.
Según Al Jazeera, en el ataque murieron dos personas y al menos otra persona palestina resultó herida. La cadena fue directa: condenó el “asesinato deliberado” de Ahmed Wishah, trabajador de Al Jazeera Mubasher, y recordó que es el 12º trabajador de la red asesinado en Gaza desde que comenzó la guerra genocida de Israel en octubre de 2023. Doce trabajadores de un mismo medio muertos. Doce. Luego vendrán los portavoces con su jerga de expediente, sus frases prefabricadas y sus acusaciones sin pruebas. Pero el dato queda ahí, como una losa sobre la conciencia de un mundo que mira demasiado y actúa demasiado poco.
Vídeo | Estrenamos este domingo la segunda parte del reportaje “Palestina y la historia que quieren borrar”
Spanish Revolution estrena este domingo a las 15:00 la segunda parte de “Palestina y la historia que quieren borrar”, el reportaje dirigido y presentado por Patricia Salvador dentro de #ReportajesSR, el proyecto audiovisual dirigido por Patricia Salvador y Lea Guggelman.
Bajo el título “La Nakba eterna”, esta nueva entrega continúa el recorrido iniciado en el primer capítulo, donde se abordaba la Nakba para desmontar la mentira de que la historia de Palestina comienza el 7 de octubre.
Vídeo | El turismo que saquea las ciudades mientras sonríe para la foto
El turismo urbano ya no puede seguir vendiéndose como una postal amable, una maleta con ruedas y una pareja haciéndose fotos frente a una fachada histórica. En demasiadas ciudades se ha convertido en otra cosa. En una forma educada de saqueo. Entra sonriendo, paga tres noches, deja propina si toca, sube una historia a Instagram y se marcha. Lo que queda detrás no sale en la foto: alquileres imposibles, vecinas expulsadas, comercios de barrio sustituidos por locales sin alma y calles que ya no pertenecen a quienes las habitan.
No es turismo. Es extracción.