La restricción del aborto que se pretendía aprobar cubriría solo el 3% de las 1.100 interrupciones de embarazo que se practicaron de manera legal en el país el año pasado.
El Gobierno polaco decidió este martes, tras casi dos semanas de fuertes protestas con centenares de miles de manifestantes que piden la dimisión del Gobierno ultraconservador en bloque, retrasar la publicación de la ley que recoge el reciente fallo del Tribunal Constitucional que restringe los casos en los que es legal abortar.
El Constitucional decidió el 22 de octubre declarar inconstitucional el supuesto de malformación del feto, el motivo de la inmensa mayoría de los abortos en Polonia, endureciendo una de las leyes nacionales más restrictivas de Europa a este respecto.
La decisión es significativa porque la querella ante el Constitucional la habían presentado parlamentarios del ultraconservador y nacionalista Ley y Justicia (PiS), el partido en el Gobierno, y porque la corte máxima del país fue reformada por este Ejecutivo en 2017 para propiciar la entrada de jueces conservadores.
El PiS tenía de plazo hasta el lunes para publicar en el Boletín Oficial del Estado la sentencia del Tribunal Constitucional que restringe al máximo la interrupción del embarazo. Pero no lo ha hecho, y por lo tanto, no se ha podido implementar el polémico fallo que ha originado un estallido social contra la Iglesia y el Gobierno ultra.
El portavoz del Ejecutivo, Michal Dworczyk, explicó que el retraso se debe a que los miembros del Gobierno ultraconservador están analizando alternativas ante el polémico fallo. El Gobierno polaco necesita «cierto tiempo de diálogo» para «elaborar una nueva posición», reconoció Dworczyk.
Solo cubriría el 3% de los abortos actuales
Con la restricción del aborto que se pretendía aprobar, la posibilidad de abortar quedaba por tanto limitada a los casos de peligro para la vida de la madre, violación o incesto. Este supuesto representa solo el 3% de las 1.100 interrupciones de embarazo que se practicaron de manera legal en el país el año pasado.
Al no publicarse oficialmente el fallo contra el aborto, la medida se queda en un limbo legal que dificulta la situación de las mujeres que quieran interrumpir el embarazo ahora mismo, así como la decisión de los médicos de llevar a cabo esta práctica.