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Estos cargos del PSOE se saltaron un protocolo dirigido a proteger a los más vulnerables y a los sanitarios en primera línea.
Podemos denunció el pasado mes de enero a varios cargos políticos del PSOE por vacunaciones irregulares ante el Ministerio Fiscal de Extremadura. Ahora, la Fiscalía ha decidido remitir a los Juzgados las denuncias de tres de los casos junto el de las personas que los metieron en las listas oficiales de vacunación, para una investigación por posibles delitos de prevaricación y/o falsedad en documento oficial, tal y como señala Público.
La coordinadora del partido morado en la región, Irene de Miguel, cree que la administración de la vacuna a algunos cargos políticos de la región es algo “fraudulento” y la Fiscalía parece darle la razón. Podemos criticó la inacción del Partido Socialista extremeño “que mira para otro lado” cuando en otros territorios el PSOE ha presentado denuncias y ha expulsado a los que han llevado a cabo actuaciones de este tipo.
De Miguel señaló que quieren “hacer ver que aquellos que utilizan su cargo para aprovecharse de él y saltarse la cola de la vacunación debe caer la justicia sobre ellos porque juegan con vidas humanas”.
Vacunados al comienzo
Los hechos se produjeron al inicio del proceso de vacunación, durante las primeras semanas de esta campaña. Estos cargos se saltaron un protocolo que iba dirigido a proteger a los más vulnerables, los mayores en residencias, y a los que estaban más expuestos a la covid-19, los sanitarios de primera línea.
Dos de los socialistas denunciados son el alcalde de Valverde del Fresno, Amalio Robledo, y la alcaldesa de Higuera de la Serena, María Triviño; además del concejal Ramón Jiménez Saavedra, del ayuntamiento de Olivenza. También está siendo investigada la directora del centro sociosanitario de Plasencia y concejala, Soraya Cobos y la directora del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SEPAD), Monserrat Rincón.
«Podría ser constitutivo de delito»
Según el informe, al que ha tenido acceso el medio en exclusiva, la Fiscalía entiende que en estos casos se ha producido una «evidente vulneración del protocolo vacunación» y que esto «contraviene la legalidad vigente» y «podría ser constitutivo de delito».
Las vacunas fueron puestas en centros de titularidad y gestión pública y, según el texto, «ninguno de los denunciados formaba parte de las plantillas ni trabaja en ellos». «La excusa de acogerse para ello a una supuesta categoría profesional de personal directivo no puede aceptarse, puesto que el personal de una residencia es el forma parte de su plantilla y trabaja de modo efectivo en el centro. El simple hecho de ser alcalde o concejal, por mucho que la residencia fuese de titularidad municipal, no convierte a tales cargos políticos en directores de las residencias», señala la Fiscalía.
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