«Hay políticas progresistas que molestan a los poderes económico, judicial y mediático y emplearán contra ellas todo su arsenal«, señalan desde los Comuns
El mismo día que se archiva la causa por los presuntos sobresueldos en Podemos, sale a la luz una nueva denuncia, esta vez contra Ada Colau. El grupo ultra Abogados por la Constitución, que preside un ex candidato de UPyD relacionado con el mundo inmobiliario, ha denunciado a Ada Colau y diversos concejales del Ayuntamiento de Barcelona por subvencionar a entidades sociales y de derechos humanos como la PAH, Alianza contra la pobreza energética o Agua es vida, entidades sociales y de derechos humanos reconocidas por su trabajo parando desahucios o por evitar cortes de agua y luz a familias necesitadas.
Sin embargo, es llamativo que las denuncias contra la alcaldesa se produzcan justo ahora. Estas ayudas se están otorgando de manera reglada desde el comienzo de su mandato, con todos los informes favorables de los servicios jurídicos y ajustados a derecho. Asimismo, estas entidades colaboraban y recibían subvenciones del Ayuntamiento antes de la llegada al poder de Colau.
No es la primera denuncia que recibe el espacio político que lidera Ada Colau en Barcelona. Entre 2015 y 2021 se han enfrentado a más de 10 querellas que han acabado archivadas: denuncias de multinacionales como AGBAR, fondos buitre como Vauras o MKPremium, especuladores y promotores inmobiliarios o recursos contra algunas de las medidas estrella del mandato de Ada Colau como la del dentista público municipal han sido todas desestimadas.
Los Comuns lo tienen claro: «Se trata de una campaña de acoso y derribo por parte de la derecha y sus brazos económicos, judiciales y mediáticos para intentar frenar las políticas que están transformando la ciudad», han señalado en declaraciones a Spanish Revolution.
Todas las denuncias previas eran respuestas judiciales a las políticas de vivienda, participación o salud impulsadas por el gabinete de Ada Colau. Para ellos, «estas denuncias tienen como objetivo desgastar a los Comuns, criminalizar a los movimientos sociales y frenar las políticas transformadoras que comenzaron en Barcelona hace ya casi 6 años».
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