Un taxista condenado por agresión sexual sigue trabajando en Ibiza 

La impunidad institucional protege al agresor y expone a las víctimas del futuro

UN SISTEMA QUE PREMIA AL CULPABLE Y ABANDONA A LA VÍCTIMA

En 2022, una taxista de Eivissa fue agredida sexualmente por un compañero de profesión. Tres años después, el Tribunal Supremo ha confirmado la condena: un año de cárcel y una orden de alejamiento de cien metros. Sin embargo, el agresor sigue conduciendo un taxi con licencia municipal. Lo hace con total normalidad, en el mismo municipio y en el mismo sector que la mujer a la que intentó violar.
El Estado le ha dado las llaves de un coche y acceso directo a nuevas víctimas.

La víctima, que sufrió ansiedad, depresión y un cuadro de estrés postraumático severo, volvió al trabajo después de meses de baja. “Lo hago por las víctimas del futuro”, declaró. Es la frase más lúcida en medio del despropósito institucional que ha permitido que su agresor siga trabajando cara al público, transportando personas —muchas de ellas solas, de noche, en situación de vulnerabilidad— mientras cumple una condena firme.

El proceso judicial dejó claro que el hombre la inmovilizó, la besó por la fuerza y emitió gemidos de placer mientras ella gritaba que la soltara. Aun así, en marzo de 2025 obtuvo una licencia de taxi avalada por el propio Ayuntamiento de Sant Antoni, gobernado por el Partido Popular. Un permiso que, según las bases de la convocatoria aprobadas en 2019, no puede concederse a personas con antecedentes penales. Pero el agresor la recibió igualmente, amparado por la burocracia y la lentitud judicial que, como tantas veces, acaba protegiendo al delincuente y no a la víctima.

El Supremo inadmitió en mayo su último recurso. A partir de ese momento, la condena quedó firme. Pero el Ayuntamiento asegura que “no tiene herramientas para retirarle la licencia”. Lo mismo que repiten tantas administraciones cuando prefieren no actuar: falta de instrumentos, de competencias o de “base legal”. La realidad es que falta voluntad política para enfrentarse al machismo institucional que sigue sosteniendo al agresor y dejando sola a la víctima.

EL MACHISMO INSTITUCIONAL Y LA IMPUNIDAD ADMINISTRATIVA

La excusa esgrimida por el Consistorio es tan simple como insultante: la licencia se concedió antes de que la sentencia fuera firme, y la normativa autonómica no prevé retirar permisos por condenas posteriores. En otras palabras, la administración no puede impedir que un condenado por agresión sexual trabaje con contacto directo con la ciudadanía. Ni aunque la víctima sea su compañera.

La omisión es política, no técnica. El Plan de transporte público 2025-2026 de Balears, aprobado el 22 de febrero en el BOIB, ignora cualquier mención a antecedentes penales como motivo de inhabilitación. No es un descuido: es una decisión. Y como toda decisión política, tiene consecuencias.

El grupo socialista local denunció el caso y exigió revisar los protocolos para impedir que personas condenadas por delitos sexuales gestionen licencias públicas. La respuesta del equipo de gobierno fue la parálisis. Ninguna acción, ninguna medida cautelar. Solo declaraciones sobre “la dificultad legal” y “la falta de instrumentos”.
Cuando se trata de violencia machista, la inacción siempre tiene rostro: el de las instituciones que miran hacia otro lado.

Mientras tanto, la víctima convive con el miedo. Durante septiembre interpuso dos denuncias por incumplimiento de la orden de alejamiento. Los encuentros fueron considerados “casuales”. Es decir, la ley no considera delito que un agresor se cruce una y otra vez con la mujer a la que atacó si no hay intención probada de quebrantar la orden. La paradoja es absoluta: la víctima debe seguir trabajando en las mismas calles que su agresor, esquivando su taxi como quien esquiva una emboscada.

El propio informe judicial reconoce las secuelas psicológicas y físicas. La mujer desarrolló psoriasis por somatización del trauma. Su historia no es una excepción: según la Organización Mundial de la Salud, más del 70% de las mujeres agredidas sexualmente desarrollan trastornos de ansiedad o estrés postraumático. La violencia deja una huella profunda, no solo emocional sino neurológica. Estudios recientes de la Universidad de Emory (2024) confirman que las agresiones sexuales “desconectan” áreas del cerebro vinculadas al miedo y a la percepción de seguridad, afectando la capacidad de respuesta ante futuras amenazas.

Pero a la administración esto no le importa. El agresor trabaja, cobra, y se ampara en un sistema que protege su “derecho laboral” antes que el derecho de las mujeres a no ser agredidas por quien representa un servicio público.

La víctima lo resume con una claridad desarmante: “Yo ya estoy rota, pero lo hago por las que puedan venir después.”

Ese “después” es el futuro inmediato que las instituciones, por acción o por omisión, siguen poniendo en riesgo. Porque cada licencia que no se revoca, cada protocolo que no se actualiza y cada silencio administrativo frente a un agresor sexual es una agresión más legitimada por el poder público.

La justicia ha hablado. El Estado calla. Y el taxi del agresor sigue circulando.