En un Estado que presume de laico, la justicia se arrodilla ante los fanáticos y convierte la agonía ajena en espectáculo ideológico.
DOCE MESES DE CRUCIFIXIÓN LEGAL
Cuatro años después de aprobarse la ley de eutanasia, España acumula más de 1.000 muertes dignas. Pero en Barcelona dos personas siguen atrapadas en un limbo siniestro: pidieron morir, la comisión médica y jurídica les dio la razón y, sin embargo, los tribunales les mantienen vivos a la fuerza. ¿Su pecado? Tener familiares alineados con el lobby ultracatólico Abogados Cristianos, decididos a imponer su credo sobre el cuerpo de otros.
La justicia catalana y el Supremo han convertido lo que debía ser un procedimiento urgente en un suplicio interminable. Un derecho fundamental ha quedado rehén del poder eclesiástico y del miedo político a incomodar a los guardianes de la moral cristiana. Un año de retrasos y maniobras jurídicas basta para entenderlo: no es negligencia, es complicidad con quienes quieren reventar la ley desde dentro.
EL TRIBUNAL COMO ALTAR DE GUERRA RELIGIOSA
No se trata solo de dos casos aislados. Es una estrategia calculada para mandar un mensaje: si pides morir dignamente, puede que te arranquen ese derecho en nombre de una fe que no profesas. La ley no contempla que terceros recurran tu eutanasia, pero los tribunales se lo permiten a los cruzados de toga y rosario. Se ha abierto una puerta peligrosa: la del Estado confesional encubierto, donde la justicia no garantiza derechos, los negocia con los lobbies religiosos.
Mientras tanto, dos personas siguen atadas a la vida que no quieren vivir, esperando una firma que nunca llega. La maquinaria legal se mueve al ritmo de los que rezan más fuerte, no de los que sufren más. En España, la muerte digna existe en el papel, pero basta un apellido conservador y un abogado ultracatólico para que tu voluntad quede secuestrada. El derecho a morir no se respeta, se combate. Y en esta guerra, el dolor del débil es la moneda de cambio.
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