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El inspector jefe de la UDEF denuncia que «recibieron presiones» del PP para detener esta investigación
Manuel Morocho, inspector jefe de la UDEF de la Policía Nacional, ha comparecido junto a todos los agentes de su unidad en el juicio que debe desentrañar si la reforma de la sede central del PP en la calle Génova se pagó con 1,5 millones de euros en negro.
Morocho y el resto de agentes, encargados de la investigación, se han ratificado en el contenido de los informes que realizaron durante la instrucción del procedimiento y que han concluido que los documentos del extesorero son «veraces» y las anotaciones «reales». Asimismo, señalan que no existen incongruencias en los mismos, que el PP recibía donaciones en negro de contratistas con la administración y que, entre otros usos, se empleaban para el pago de sobresueldos a dirigentes o eran blanqueadas con el ingreso en la cuenta oficial de donativos para «aflorar los ingresos opacos».
Morocho ha manifestado que Bárcenas «no era el que mandaba en la contabilidad» y que era el PP el que se beneficiaba del «flujo de dinero en efectivo opaco» que recibió durante al menos 20 años de adjudicatarios públicos, por lo que ha destacado que la caja b no era del extesorero sino de la formación conservadora.
La existencia de la caja b «está resuelta y es firme»
Ha confirmado Morocho «que había una doble contabilidad, contabilidad extracontable o caja b en el Partido Popular». El inspector jefe ha sido interrumpido por el presidente del tribunal, José Antonio Mora, para corroborar que la existencia de la caja B en el partido «es una cuestión resuelta y firme» tras la sentencia del Supremo.
Este juicio no aborda si hubo una caja b en el PP, asunto ya fuera de toda duda después del fallo judicial firme del Alto Tribunal, sino si la reforma de la sede central fue abonada o no con fondos procedentes de esa caja negra.
El PP intenta desacreditar a la UDEF
El Partido Popular ha intentado, a través de su abogada, desacreditar las investigaciones de la UDEF esgrimiendo los informes de la unidad adscrita a la Fiscalía de la Intervención General del Estado, que concluyen la existencia de distintas incongruencias en los papeles de Bárcenas. El inspector Morocho ha sido claro y ha respondido que no hay tales incongruencias, sino que se produce algún error en los mismos debido a que se trataba de una «contabilidad casera y manuscrita» elaborada durante casi 20 años y a su juicio «todos habríamos cometido algún error» en ese caso.
Esos informes de la unidad adscrita a Anticorrupción en la IGAE enarbolados por el PP en su defensa ni siquiera fueron tenidos en cuenta por el juez instructor, Pablo Ruz, al tratarse de documentos «anacrónicos y superados por la investigación» posterior, por lo que sus conclusiones no fueron tenidas en cuenta ni en el auto por el que el magistrado dio por concluida la instrucción al dar paso al procedimiento abreviado, ni tampoco por su sucesor, el juez José de la Mata, al redactar su escrito para la apertura del juicio oral.
Morocho denuncia que recibieron presiones
El inspector Morocho ha narrado que tanto él como otros miembros de su unidad «recibieron presiones» en un intento de «generarnos tensión para doblegarnos y que no esclareciéramos» los hechos.
En este sentido ha recordado la presentación de hasta siete «denuncias o querellas» por parte de personas investigadas contra ellos o los «varios intentos para apartarme de la investigación» como la apertura de un expediente desde la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, supuestamente ordenado por la policía política de Interior durante la etapa del popular Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio.
También la oferta de «algún puesto de trabajo bien remunerado» que rechazó o cuando fue incorporado a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional, apartándole de su despacho habitual en la UDEF y sobrecargándole de trabajo para quebrar su fortaleza. No pudieron con él ni con sus compañeros en la UDEF.
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